Sin caer en el despeñadero de la repetición histórica, el presidente Mauricio Macri buscará retomar la iniciativa política después de 45 días de crisis cambiaria y se empeñará en atravesar el invierno, que sus colaboradores más cercanos definen como «muy duro». Las primeras señales surgirán de los dos nuevos ministros: de Energía, Javier Iguacel y de Producción Dante Sica. El remplazante del despedido Juan José Aranguren comenzó este viernes a negociar con las empresas petroleras, gasíferas y eléctricas una mitigación del impacto de los próximos aumentos, que podría llegar a una fórmula de 12 cuotas, tal como anticipó este diario en su edición del domingo pasado y confirmó La Nación este viernes.
En el caso de Sica, su misión será contener el malestar de los industriales y de las pequeñas y medianas empresas, que esta semana podrían recibir anuncios oficiales sobre nuevos programas de incentivos fiscales, e incluso créditos, para atravesar los próximos meses signados por el ciclo recesivo e inflacionario pronosticado para el segundo semestre.
La renegociación que llevará Iguacel adelante es la hoja de ruta que Aranguren se negó a realizar hace un mes, cuando arreciaban los primeros cimbronazos de la crisis cambiaria, y Macri hizo trascender que había ampliado los mecanismos de decisión, con nuevos integrantes de su «mesa chica», más excluyente. Este viernes, un mes después de esos anuncios de «amplitud», se mostró en la residencia de Olivos con los tres gobernadores del radicalismo: el mendocino Alfredo Cornejo, el jujeño Gerardo Morales y el correntino Gustavo Valdés. En la Casa Rosada confirmaron que el tema principal del encuentro giró en torno a la evolución del tarifazo, que Cornejo ya había cuestionado abiertamente a mediados de abril, cuando salió criticar duramente a Aranguren por las consecuencias políticas de los aumentos en las clases medias urbanas, precisamente el núcleo duro electoral del oficialismo.
Tras el remplazo de Iguacel por Aranguren, dentro del gobierno se mostraron confiados en que podrán contener el malestar de los radicales. Sin embargo, una pieza que desequilibró la mesa chica en contra de Aranguren fue la insistencia de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, que reclamó con mas vehemencia que los radicales un cambio en la política tarifaria. La respuesta de Macri agregará al ya concretado descabezamiento de Aranguren, un operativo para maquillar los aumentos y hacerlos previsibles por doce u ocho meses, pero no hay habrá frenos para la marcha de la Revisión Tarifaria Integral.
La alquimia que Iguacel busca negociar con las empresas ya fue rechazada por todos los defensores del pueblo del interior del país en abril, durante la última audiencia pública sobre los incrementos del gas que afrontó Aranguren. Ese esquema luego tuvo una interpretación radical que Cornejo presentó como «un prorrateo» de los aumentos, y que ahora forma parte del interés del gobierno por contener el tarifazo, luego de una pronunciada depreciación del peso que impacta directamente sobre los componentes de la tarifa de gas que está dolarizada.
«No podríamos asegurar que será en doce cuotas, pero nuestro interés es que supere este semestre y llegue al año que viene», explicó este sábado a Tiempo uno de los funcionarios que interviene en la «transición» de la cartera energética, entre un malhumorado Aranguren, y un recién llegado ministro que ya comenzó a transitar el escarpado camino de convencer a las energéticas de resignar una parte de las excelentes condiciones que han capitalizado desde la llegada de Macri al poder.
«No tienen margen para decir que no, les ha ido muy bien con nosotros», ratificó un habitante de Balcarce 50, que sigue aferrado a los incrementos de la demanda de gas y de electricidad, un argumento que Macri celebra en privado, que mencionó hace un mes para defender el tarifazo en público y que ahora mandó a hacer valer en las negociaciones con las empresas energéticas.
Los gestos se concretarán después del paro de este lunes, e incluirán un posible encuentro del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, con los miembros de la CGT, dentro de una ofensiva política para empezar a negociar con los gobernadores el ajuste previsto por el FMI para el presupuesto 2019. En ese intercambio con las provincias se jugará la parte más determinante del ajuste que, de acuerdo a los planteos del FMI, incluye la reducción de las Letras del Banco Central (Lebac). «Uno de los puntos (del acuerdo) dice que hay que bajar el stock de Lebacs. Lo que pretenden es, que lo que era un instrumento monetario, va a terminar siendo un impuesto de los argentinos. Se pagaba con la capacidad que tenía el Banco Central de hacer política monetaria, lo vamos a terminar pagando todos con pesos», pronosticó este sábado el diputado nacional y ex titular del ANSES Diego Bossio en una entrevista concedida al programa El Lobby, de radio Con Vos, sobre el posible «Talón de Aquiles» de la economía de Cambiemos tras el endeudamiento con el Fondo.
El tema no es menor para la agenda pública del Gobierno, porque el interés oficial está concentrado en rodear discursivamente la marcha del ajuste y de las imposiciones del FMI, que incluyen puntos muy espinosos para la oposición. «Otra preocupación es la ANSES. Porque básicamente lo que dice el memorando de entendimiento es que se van a utilizar los recursos del FGS (Fondo de Garantías y Sustentabilidad), es decir el ahorro que tenemos todos los argentinos en ANSES, para pagar jubilaciones y pensiones. Eso está prohibido», aseguró Bossio sobre la letra chica de un ajuste que el Gobierno preferiría no comunicar, pero que rodeará con gestos de diálogo, bajo una premisa máxima. Con acuerdo o sin acuerdo de la oposición, el ajuste se aplicará igual.
