La empresa Correo Argentino SA, propiedad de la familia del expresidente Mauricio Macri, dijo en la Justicia que el Estado argentino es el responsable de su quebranto económico y que construyó una idea de defraudación contra las arcas públicas sobre la base de “mitos”, que contaron con apoyo mediático para su difusión e instalación. Además, advirtió que el Estado “no podrá percibir su crédito” pues, por el contrario, deberá “indemnizar a Correo Argentino SA por los daños y perjuicios ocasionados”.

El argumento, que atribuye a razones políticas las dificultades económicas de la empresa y reclama el levantamiento de la quiebra mediante la aceptación de un pago de menos de 300 millones de pesos (contra los 5000 que le reclama el Estado), está contenido en un memorial presentado ante la Cámara en lo Comercial.

Ese tribunal deberá resolver, en fecha aún no determinada, si ratifica la quiebra decretada por la jueza Marta Cirulli o revoca esa decisión.

“El Estado Nacional es responsable del principal acto que llevó a Correo Argentino a la necesidad de concursarse. Y luego fue responsable de la quita de concesión al tiempo que se apoderó de sus activos principales, lo que provocó que Correo Argentina suspenda el ejercicio de su actividad”, responsabilizó el escrito, firmado por Jaime Cibils Robirosa, presidente de la empresa que integra el grupo Socma.

En ese contexto, se preguntó “¿por qué el Tribunal decretó la quiebra?”. Y se contestó: “La respuesta es insólita. (…) Consideró sin dar ninguna explicación que esta propuesta no es íntegra y aun existiendo herramientas para otorgar la conformidad tácita dispuso la quiebra de la compañía. Pudiendo excluir al Estado Nacional de la base de cómputo de mayorías (por ejercer conductas que la ley concursal denomina hostiles), no lo hizo”.

Según ese razonamiento, el tribunal de la quiebra debió haber apartado al principal acreedor, el Estado Nacional, porque no aceptó –por exiguo– el pago que le proponía su deudor para saldar las cuentas.

Correo Argentino SA tiene otra mirada. “Se ha contado, con excesivas repeticiones, a lo largo de estos años, una fábula, un relato de fantasía, construido en base a verdades a medias, prejuicios e invenciones”, embistió, con una aspiración de retrospectiva histórica.

El documento, de 128 páginas, describe como “mitos” los hechos atribuidos en buena medida por la Justicia a la empresa Correo Argentino SA, entre ellos, que “incumplió los términos del contrato celebrado con el Estado Nacional, que obró en contra de sus intereses, que dejó de tener actividad por su propia voluntad, que se niega a pagar la deuda, que manipuló fraudulentamente la obtención de conformidades de acreedores con el único fin de lograr las mayorías que exige la ley concursal o que generó un enorme pasivo en forma posterior a su presentación en concurso preventivo”.

Pero además, el escrito desmiente que Correo Argentino SA sea “el único responsable de la demora de este proceso judicial”, que lleva ya más de 20 años, un tiempo insólitamente largo para un expediente de esta naturaleza.

“Mitos que, con ayuda de una gran exposición mediática fueron instalados en el imaginario social como verdades absolutas”, pero –refuta el escrito– “ninguno de ellos fue corroborado o probado en estas actuaciones. Todo lo contrario”.

Cibils Robirosa se queja de que la persistencia de lo que denomina “mitos” ha llevado “al lector común a hablar de venganzas y de un sinfín de especulaciones como si esta causa fuera mucho más que un simple concurso preventivo”.

“Es hora de resolver con el derecho y dejar a los mitos y a la política fuera de la consideración del tribunal”, propuso el escrito. Desde esa mirada, la quiebra decretada por la jueza Cirulli (y dejada en suspenso por ella misma) fue resultado de “presiones de índole política” que procuran beneficiar “a quienes sin disimulo han perseguido la quiebra de esta compañía”.

“Este concurso preventivo, como cualquier otro, no puede resolverse como asunto de ninguna agenda política ni su decisión puede reforzar en el lector común la noción de venganza ni las tantas especulaciones expuestas mediáticamente, pues ello no hará más que anular toda seriedad y confianza sobre nuestro tan cuestionado sistema de justicia”.

Correo Argentino SA desafió al tribunal a fijar cuánto debe pagar para levantar la quiebra. “Si se considerara que el monto que surgiría del cálculo correcto apreciado por la Sindicatura General, no representa el pago total e íntegro, bien hubiera podido el Tribunal proveer el monto que considerase como total y abarcativo de la deuda íntegra. Ello hubiera acelerado el plazo y acercado a las partes a una solución exitosa. Pero ello ciertamente no ha sucedido”.

“En ninguna parte la sentencia en crisis se indica cuál sería el monto que no consideraría ‘exiguo’ o ‘claramente exiguo’. Pareciera preferirse la quiebra como única solución a este proceso. No se pretende que la concursada pague, sino que se extinga, lo más rápido posible, así se puede allanar el camino a extender tal certificado de defunción a sus accionistas –tal como ha señalado el Procurador del Tesoro en diversos medios públicos”, acusó el escrito.

La suma total de la propuesta de pago de la empresa roza los mil millones de pesos sumados capital e intereses para su deuda con el Estado, y un plan de cuotas a largo plazo con el resto de los acreedores. Según los cálculos de la Procuración del Tesoro, la deuda solo con las arcas públicas supera los 5000 millones de pesos.

La apelación de Correo Argentino SA insiste con la “venganza” y los supuestos intereses persecutorios contra la familia dueña de la empresa: “¿Ha sido tan descomunal la presión política recibida para dictar el adefesio de fecha 5/07/2021 (el decreto de quiebra) que ni siquiera tiene conciencia el Tribunal de los deberes y responsabilidades de su propia jurisdicción?”. «