La jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó el pedido del fiscal Carlos Stornelli para inmovilizar el observatorio contra las fake news NODIO, creado en el ámbito de la Defensoría del Público. “En el relato del Fiscal, no se verifica -más allá de las formulaciones genéricas e invocaciones a normas de distinta jerarquía- de qué modo concreto la creación del organismo afectaría el derecho a la libertad de expresión, ni tampoco ha intentado demostrar la ilegitimidad o arbitrariedad manifiesta en la creación del citado observatorio”.
La jueza no resolvió aún el pedido de indagatoria contra la periodista Myriam Lewin, titular de la Defensoría. Esa decisión quedará sujeta al desarrollo de la causa, pero la medida cautelar -que siempre reviste un carácter urgente- fue desestimada porque “las aisladas alegaciones que realiza (Stornelli) referida a que el aparato estatal se estaría arrogando la potestad de definir o calificar qué noticia o expresión pública tendría o no tal alcance malicioso, no ha sido complementada con el acompañamiento de ningún elemento que evidencie siquiera hipotéticamente el perjuicio alegado”.
Capuchetti consideró que “la voluntad del fiscal se centralizó únicamente en demostrar la presencia de un interés público que eventualmente se vería comprometido (claro está, en el caso que se comprueben todas las conjeturas realizadas); pero nada hizo para explicar por qué entiende que los hechos ocurrirían del modo en que lo dictan sus predicciones”.
Stornelli había considerado en la víspera que con el NODIO “el aparato estatal se estaría arrogando, vía este famoso Observatorio, la potestad de definir o calificar qué noticia o expresión pública tendría o no tal alcance malicioso; y más cuestionable aún, se arrogaría la todo poderosa potestad de desarticularlas (conforme el propio comunicado oficial) o, en otras palabras, aplicarles censura”. Y añadió: “No es posible fijar, al menos sin que constituya delito, una política estatal que pisotee sin miramientos ¡as garantías de rango constitucional que asisten a todos quienes deseen habitar e! suelo argentino, puntualmente aquellas que párrafos arriba fueran mencionadas, máxime ello cuando los objetivos perseguidos se muestran tan poco transparentes como peligrosos”.
Pero la jueza refutó que “de la lectura de su escrito se observa que la petición que se ha puesto a consideración se encuentra más relacionada con una preocupación de un posible uso incorrecto de las facultades que se le conferiría al organismo que con un perjuicio real originado en un delito que imponga la necesidad de que sea conjurado mediante la medida cautelar requerida”.
Capuchetti recordó que organismos similares al NODIO, estatales y privados (incluso en la Argentina) existen en diversos países del mundo, entre ellos – según citó – Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Francia, Alemania, Italia, México y el Reino Unido. “El Relator Especial de la ONU para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), realizaron la “Declaración conjunta sobre las libertad de expresión y elecciones en la era digital”. En dicho trabajo, se denuncia la desinformación deliberada y la información errónea o manipulada diseminada con intención de dañar”.
Pero también – añadió – “se manifiesta cierta alarma por el uso indebido de las redes sociales y se expresa una fuerte preocupación de que muchos Estados se encuentran sancionando leyes que limitan de manera indebida la libertad de expresión, pues extienden el control del Estado sobre los medios y restringen la libertad en Internet”.
“El desafío de abordar la problemática de la desinformación en línea que el Observatorio cuestionado tendría como objetivo es evidente y bastante común en diversas partes del mundo, pero también lo es la preocupación de la ciudadanía respecto de la forma en que se lleva a cabo este tipo de tarea pues, a través de ese tipo de iniciativas es posible limitar de manera indebida la libertad de expresión, extender el control del Estado sobre los medios, restringir la libertad en Internet y ampliar la facultad de diversos actores de recopilar datos personales”, balanceó.
