El ex secretario de Obras Públicas José Francisco López “inventó” que el dinero que le fue secuestrado en bolsos que trasladó a un convento de General Rodríguez se lo había entregado un ex secretario de Cristina Fernández. Decidió inventar esa versión después de que fue aceptado en el régimen de “arrepentido” y quedó bajo el programa de protección que brinda el gobierno nacional. Y lo hizo “aprovechando un contexto político que le permitía, para el momento de su declaración, acomodar su situación procesal y, eventualmente, poner en duda el origen del dinero”.

El tribunal oral federal número uno, que lo condenó a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito, no le creyó ni una palabra. El fallo, cuyos fundamentos acaban de conocerse, deja flotando en el aire un interrogante: ¿lo hizo porque se le ocurrió a él o recibió alguna invitación (directa o sutil) para hacerlo?

Lo cierto es que López buscó cobijo en el gobierno de Mauricio Macri y, de hecho, lo consiguió: salió de la cárcel y está alojado ahora en un lugar desconocido, pero fuera de los rigores penitenciarios.

Según los jueces, “las versiones que fue proponiendo López no han sido más que para mejorar su situación, pues ha quedado claro que el imputado iba ajustando su defensa a medida que transcurría el juicio y se producía la prueba. Ello, sumado a la coyuntura política nacional que, no puede desconocerse, intentó utilizar a su favor”.

“Si bien no constituye una materia esencial -para este caso- desentrañar el real motivo por el cual López ha inventado dicha versión, lo cierto es que su relato sólo puede tomarse como un intento de mejorar su más que comprometida situación procesal, lo que de ningún modo ha logrado”.

López había brindado explicaciones vagas sobre el dinero que le fue encontrado. Hasta que quedó involucrado en la causa por las fotocopias de los cuadernos, y se convirtió en “arrepentido”. Entonces, en el juicio oral por enriquecimiento ilícito, el 4 de octubre de 2018, luego de haber obtenido un “cambio de lugar de detención” –explica el fallo- “dijo que a mediados de mayo de 2016 había sido citado a una reunión por Fabián Gutiérrez, quien fuera secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner. Que Gutiérrez le dijo que necesitaban mover una plata de Daniel Muñoz sin que se enterara su esposa, Carolina Pochetti”. Y añadió que no lo había contado antes “por temor a Cristina Kirchner,  porque ella era vengativa. Que sentía temor por su vida y por su familia. Que si bien lo contactó Fabián Gutiérrez, los mensajes eran de Cristina Kirchner. (…) Que había que responder a (el fallecido ex secretario presidencial Daniel) Muñoz o a Fabián como si fueran Cristina o Néstor. Que no pudo salir a tiempo de todo eso y su miedo pudo más”.

Así, el relato guiaba a un silogismo a medida del “se robaron todo”: el dinero provenía de Muñoz o Gutiérrez. Y por propiedad transitiva, era de los ex presidentes.

El tribunal replicó: “Esa versión, el imputado López no pudo sostenerla durante el debate con prueba que la respalde, pues fue claramente realizada aprovechando un contexto político que le permitía, para el momento de su declaración, acomodar su situación procesal y, eventualmente, poner en duda el origen del dinero”.

“José López realizó primero una expresión genérica a que el dinero era ‘de la política’, para luego entonar una palinodia que incluye circunstancias conspirativas de tinte cinematográfico que no resisten el menor análisis. ¿Es creíble que en un contexto de coacción, odio y venganza, como el descripto por José López, tanto Fabián Gutiérrez como tres misteriosos enviados ‘de seguridad’ hubieran dejado o solicitado que López eligiera el lugar adonde transportar y esconder la millonaria suma que superaba los nueve millones de dólares? La respuesta es un rotundo NO”.

Los jueces Adrián Grünberg, Ricardo Basílico y José Antonio Michilini consideraron que la pena aplicada a López debe ser un “reforzador de la confianza en el sistema de justicia en particular, como en el sistema político y social en general, devolviendo la confianza a la ciudadanía en las instituciones democráticas”.

“Una sanción que ejemplifique y abra el sendero que guíe a la administración de justicia en pos de sancionar con todo el peso de la ley, a aquellos funcionarios públicos que se valieron de tal calidad para obtener beneficios para sí mismos, cuando debieron, obligatoriamente, velar por los intereses de la sociedad que manifestaron defender al momento de asumir el cargo”. «