Eduardo Farah, uno de los dos camaristas que falló a favor de la excarcelación de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, aseguró que las opiniones públicas en torno a decisión de la Cámara Federal «no reflejan» lo que establece el fallo, que -indicó- «confirma el procesamiento» y ordena investigarlos con mayor profundidad, del mismo modo en que se hizo con el santacruceño Lázaro Báez.

«El fallo está bien dictado, nosotros (los camaristas) confirmamos el auto de procesamiento, y elegimos una figura legal que entendimos por aplicación de una ley específica que era la correcta», afirmó Farah en una entrevista que concedió a América TV en la que aseguró no haber recibido «ni un solo peso» por mantener esa postura.

El camarista defendió así el fallo dictado por la Cámara Federal porteña el pasado viernes, que dispuso -con los votos de Jorge Ballestero y Farah, y uno en contra de Jorge Bruglia- la excarcelación de López y De Sousa por considerar que la libertad de ambos no ponía en riesgo la investigación sobre el Grupo Indalo, involucrado en una millonaria evasión impositiva.

Frente a las opiniones en contra del fallo como las que efectuara el presidente Mauricio Macri al decir que estaba «indignado», Farah consideró que «fue mal informado» y estimó que «no tuvo tiempo de leer la resolución».

«Quienes le acercaron su opinión no le acercaron lo que realmente el fallo dice», agregó y consideró que «tiene derecho a dar su opinión (pero) tendría que medirse un poco porque es el presidente de la Nación».

«El proceso está en trámite y el momento en el cual se debe resolverse si la persona va a ir detenida o no, es en el momento de la sentencia», remarcó el juez de cámara al explicar las razones de la excarcelación de ambos procesados.

Sobre el cambio de carátula que pasó de «defraudación contra la administración pública» a «apropiación indebida de tributos», Farah aclaró que el fallo «no le cambia nada en cuanto a las penas» porque ambos tienen una escala penal de 2 a 6 años de prisión.

«La figura de administración fraudulenta puede ser aplicada miles de veces a funcionarios públicos, pero desde mi punto de vista no satisface las exigencias de especialidad que tiene la ley penal tributaria y, por eso con Ballesteros estuvimos de acuerdo con la figura a aplicar», explicó.

El camarista agregó que en la resolución de 117 páginas, la Cámara «instó al juez (Julián Ercolini) para que investigue la relación de los delitos tributarios por los que son acusados López y de Souza) con el resto de las maniobras que fueron denunciadas».

«Le decimos que hagan con López lo mismo que con (el detenido empresario Lázaro) Báez porque a López hasta ahora se lo investiga por el impuesto a los combustibles y tiene un procesamiento por la causa de Los Sauces y dos por el fuero penal económico por unos tributos y obligaciones de la seguridad social», indicó el camarista.

«Si a esto le llaman beneficiar a estos imputados, es equivocado», dijo Farah en respuesta a las críticas formuladas por ejemplo por Ricardo Gil Lavedra, representante de la AFIP, de quien dijo que «está actuando como abogado de la AFIP y está llevando agua para su molino» con sus declaraciones públicas.

Por último, desmintió los rumores sobre una supuesta extorsión: «No recibí ni un solo peso y resolví lo que creí que tenía que haber resuelto. No acepto sobornos y sigo creyendo que la resolución está bien.»