El papelón que significó la decisión de María Eugenia Vidal de suspender a último momento la aplicación en la Provincia de Buenos Aires del protocolo de interrupción legal del embarazo (conocido como aborto no punible) terminó de consumarse este lunes. En la última edición del Boletín Oficial se publicó la adhesión e, inmediatamente después, la anulación de la medida.
La primera resolución, que iba a ser publicada la semana pasada hasta que la gobernadora le puso un freno por presiones de la Iglesia y de su gabinete, está fechada el 12 de octubre, lleva la firma de la ministra de Salud Zulma Ortiz y viene acompañada de una detallada descripción, de 16 páginas de extensión, de los estudios realizados, los alcances y hasta los procedimientos estipulados por el protocolo.
Luego, en un texto de una página que lleva fecha del 25 de octubre y que también está firmado por la ministra Ortiz, se deja sin efecto la resolución anterior porque «no le fue dada debida intervención previa a las distintas áreas de la Administración con competencia en la materia, a saber, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Derechos Humanos y la Asesoría General de Gobierno». Sin embargo, en ningún momento se estipula una fecha para que el resto de las partes se expida al respecto.
