Juristas, exfuncionarios de Derechos Humanos y querellantes en la causa Papel Prensa coincidieron en considerar que varias pruebas y líneas investigativas del caso fueron cuestionadas o directamente no fueron tomadas en cuenta por el juez federal Julián Ercolini a la hora de dictar el sobreseimiento de Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre.
La decisión judicial constituye un claro retroceso en la búsqueda del esclarecimiento y castigo a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos con complicidad civil.
Ercolini, que también declaró inocentes a Raymundo Juan Pío Podestá y a Guillermo Juan Gainza Paz, basó su fallo en dos pilares: por un lado, un cuestionado peritaje económico que concluyó que el valor de mercado de la empresa Papel Prensa en 1976 coincide con el precio pagado por la transferencia accionaria del Grupo Graiver a la sociedad de los diarios y el Estado. En segundo lugar, según el magistrado, las denuncias de presiones, secuestros, torturas y amenazas que denunciaron los sobrevivientes de la familia Graiver no coinciden, cronológicamente, con la supuesta sucesión de hechos presuntamente delictivos que se investigaron en la causa.
«El fallo solamente atiende los argumentos de la defensa, no hace una sola mención a elementos sustanciales. Dice que no hay ningún elemento imparcial. Al contrario. Las declaraciones del general José Rogelio Villarreal, que era secretario general de la presidencia, que están recolectadas por la periodista Graciela Mochkofsky y publicadas en su libro, fueron aportadas y ahí está claramente que fue la Junta la que decidió que se iba a vender Papel Prensa a esos diarios», explicó a Tiempo el ex subsecretario de protección de Derechos Humanos Luis Alén. Según el testimonio del más próximo colaborador de Jorge Videla en la presidencia, la Junta Militar propuso a La Nación, Clarín y La Razón que se hicieran cargo de la fábrica de papel porque sabía que el banquero David Graiver administraba fondos de Montoneros.
«Lo mismo había dicho Camps, lo mismo está declarado por Francisco Manrique en el Consejo Militar que le hicieron a los Graiver, y no puede decir que esas son pruebas parciales.» Alén sostuvo que Ercolini considera como única prueba de imputación los dichos de Lidia Papaleo y advirtió: «Olvida lo que dijo Rafael Ianover, olvida también la campaña previa a la venta, por parte de los medios, las publicaciones que se aportaron contra el Grupo Graiver, creando el clima necesario. Es decir, para el juez Ercolini, que supongo que se ganará el premio de empleado del año por parte de Clarín y La Nación, lo único que importa son las cosas que dijeron las defensas», analizó.
«A Ercolini le diría que miente», resumió por su parte Rafael Ianover, en declaraciones a Radio Rebelde. «Es una vergüenza. Clarín, La Nación y La Razón compraron (Papel Prensa) presionando al Grupo Graiver. También estaba interesado Martínez de Hoz. Las pruebas no son falsas, son reales. Firmé con la condición de que ni a mí ni a mi familia nos iba a pasar nada. Se lo dije a Patricio Peralta Ramos, ya fallecido. Por supuesto, no pudo cumplir. Era vender o la vida. Y piense lo siguiente: la operación total se hizo en 8 millones 300 mil dólares. Y solamente la máquina principal importada de Finlandia, de donde salen las bobinas de papel, fue comprada en 6 millones de dólares. Posteriormente los peritos de parte y de la Corte Suprema determinaron que esa máquina, una vez puesta en marcha, ya el 2 de noviembre de 1976, valía 18 millones de dólares», ejemplificó.
Tampoco sorprendió el fallo al exsecretario de Derechos Humanos de la Nación Martín Fresneda.
«Desde que el juez Ercolini se abocó a la causa en su momento no se hizo más que dilatar la causa. Hemos presentado muchísimas pruebas, que alcanzaban al menos para imputar y que los encausados se pongan ante la justicia y hagan su descargo. Jamás fueron imputados», señaló. «Se hizo todo lo posible para que la causa no avance y para que con un cambio de gobierno se termine resolviendo lo que se resolvió. Creo que esto pone a la Argentina en un claro retroceso en materia de Memoria, Verdad y Justicia , y nos queda un antecedente internacional muy poco deseable para estos procesos. Creo que no está ajustado a derecho y Ercolini no se ha preocupado por dar argumentos sólidos que desacrediten el testimonio desgarrador de Lidia Papaleo y otros testimonios. Y no tengo expectativas de que esta Secretarúa de DD HH sostenga la querella y seguramente Papaleo recurrirá a los tribunales internacionales», analizó.
«El fallo se veía venir», coincidió Pablo Llonto abogado de familiares y víctimas del terrorismo de Estado en causas de lesa humanidad desde 1974. «Esta es una resolución apelable. No cierra nada, pero no sorprende. Era notorio que Ercolini no los iba a indagar, mientras no los sobreseyó además estaba pisoteando la causa, porque no tomó medidas de prueba que se le pidieron. Por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos y yo mismo presentamos un escrito con una declaración del número dos de Clarín en 1976, que se llamaba Eduardo Durruti, que ya falleció. Durruti me dijo en una entrevista en 1999 que al día siguiente de que Graiver murió en un accidente de aviación, Magnetto lo había llamado a Estados Unidos para que urgente saliera a buscar las acciones de Papel Prensa. O sea que apenas murió Graiver, Magnetto ya estaba tras esas acciones. Era un elemento indiciario de que Magnetto y Ernestina de Noble estaban tras esas acciones» valoró. «Es una vergüenza que la Argentina tenga un juez federal como Ercolini, que es igual a Oyarbide y Bonadio. Este sobreseimiento confirma que las operaciones de Daniel Angelici sobre los jueces federales denunciadas hasta por Lilita Carrió son totalmente ciertas. Porque, qué casualidad que este año dos jueces federales que evidentemente juegan para el Grupo Clarín como Sandra Arroyo Salgado y Ercolini sacaron los dos durante el gobierno macrista resoluciones a favor de Ernestina de Noble, que esta noche debe estar festejando con champán», concluyó.
