El gobierno nacional dio un paso clave en el giro de las políticas públicas sobre la investigación de los crímenes de lesa humanidad con complicidad civil en la última dictadura. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación desistió de apelar el fallo del juez federal Julián Ercolini, que sobreseyó a Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre, entre otros imputados en la causa Papel Prensa y se retiró como querellante en la causa.

Esta medida contrasta con la decisión del fiscal Franco Picardi, quien este viernes apeló el sobreseimiento a los imputados al considerar que Herrera de Noble, Magnetto y Mitre deben ser indagados por la venta «extorsiva» de la empresa durante la última dictadura cívico-militar. Según confiaron a Tiempo fuentes vinculadas a la causa, la Secretaría de DD HH a cargo de Claudio Avruj desistió de apelar el fallo por considerar que los fundamentos del fallo de Ercolini «revisten el rigor suficiente» como para evitar que deba ser recurrido, es decir, apelado.

La Secretaría argumentó que, según el fallo de Ercolini, no se encuentra probada la relación causal entre los presuntos delitos de lesa humanidad sufridos por los integrantes del Grupo Graiver y la operación de venta de la firma.
En relación con la cronología de los hechos, el organismo destaca que las detenciones fueron realizadas en febrero y marzo de 1977, posteriormente a la operación de compra-venta del 2 de noviembre de 1976. También toma el fundamento del magistrado que no consideró que hubiera elementos que pudieran sospechar que el monto de la operación fuera a precio vil. Y adhiere al argumento de que «las declaraciones testimoniales de parte de personas del Grupo Graiver y otras que participaron de la operación, quienes refirieron no conocer presiones por parte de integrantes de la dictadura militar en relación a los imputados». La Secretaría no menciona como elemento para su decisión el testimonio clave de Lidia Papaleo.

Como contrapartida, en su dictamen de apelación, el fiscal Picardi consideró que «no solo los delitos endilgados en cabeza de cada uno de los imputados han sido corroborados –con las características propias de esta etapa–, sino que la imputación se encuentra lo suficientemente consolidada como para avanzar hacia la correspondiente intimación de los hechos a sus intervinientes». Para el fiscal del caso, «la contribución de los imputados al desapoderamiento de las acciones de la empresa Papel Prensa SA fue realizada con pleno conocimiento del riesgo de vida que aquejaba a sus legítimos dueños y representantes al haber sido señalados por la junta de dictadores como enemigos del país». Además, Picardi advirtió que hay pruebas para demostrar que la empresa se vendió bajo «extorsión» y que hubo un «traspaso ilegal del paquete accionario de la empresa» bajo acciones ilícitas que consistieron en detenciones ilegales y torturas de miembros de la familia Graiver y su entorno por parte de los militares en la dictadura. «