Cuarenta mil millones de pesos frescos ingresarán a las arcas de la Provincia de Buenos Aires en este 2018, producto de su adhesión al Pacto Fiscal propuesto por Nación y, sin embargo, para los municipios bonaerenses la coparticipación de esos fondos se mantiene en apenas el 8% con tendencia a disminuir, según detalla un informe del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), integrado por la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Universidad Nacional de Hurlingham. 

En consecuencia, a cada habitante de los 135 distritos que integran la Provincia se le coparticipará en promedio alrededor de 180 pesos de esos ingresos adicionales durante todo este año, que ayudarán a conformar una coparticipación bruta que promediará los 2882 pesos per cápita. 

El trabajo del CEM pone nuevamente en debate la cuestión del uso discrecional de los fondos para consolidar, desde la gestión gubernamental, un proyecto político, en este caso de Cambiemos, así como la falta o debilitamiento de mecanismos institucionales para que los gobiernos municipales tengan mayores ámbitos de discusión y posibilidad de injerencia en el destino de esos ingresos que, en definitiva, por presencia o ausencia, impactarán en la calidad de vida de sus habitantes. 

En ese sentido, ese 8% ciento adicional se reparte mitad y mitad entre los municipios del interior bonaerense y los 24 que componen el populoso Conurbano. El informe señala, también, que aunque esos 24 distritos concentran alrededor de dos tercios de la población de la Provincia, reciben menos de la mitad del total de fondos coparticipables. En contraste, según el documento, los habitantes de municipios del interior de la Provincia reciben el doble de fondos por este concepto que los del Conurbano. 

Así, en el ranking de distritos que reciben más ingresos por coparticipación por habitante, los diez primeros son del interior provincial, con casi 20 mil pesos anuales por habitante para la localidad de Pila (que no debe confundirse con Pilar) en el primer lugar, seguido por Tordillo con alrededor de 19.500 pesos anuales. Les siguen General Guido, Tapalqué, General La Madrid, Puan, General Pinto, General Lavalle, Tornquist y Laprida, en el décimo puesto con casi 14 mil pesos al año. 

En contraposición, de los diez últimos lugares, nueve corresponden a partidos del Conurbano. Comenzando por orden descendente en cuanto a ingresos, se ubican Avellaneda (con poco más de 1700 pesos promedio por habitante), Tigre, Ezeiza, General Pueyrredón (el único que no es del Conurbano en este tramo de la lista), Moreno, Quilmes, Escobar, Tres de Febrero, General Rodríguez, y el último del ranking, Ituzaingó, con poco más de 1500 pesos anuales por habitante. 

Para 2019, el panorama para las arcas municipales se oscurece aún más: el CEM estima que los fondos coparticipables adicionales que ingresarán bajarán a aproximadamente el 5% anual. La discusión se plantea, además, en medio de las negociaciones y en algunos casos polémicas que mantiene el gobierno de la Provincia de Buenos Aires con los municipios gobernados por las diferentes vertientes del peronismo, para intentar que aprueben y se encolumnen tras el Pacto Fiscal Provincial. 

Abundancia e inequidad 

«La decisión de la Provincia de adherir al Pacto Fiscal nacional creemos que es positiva por dos aspectos: porque resuelve institucionalmente y no por vía judicial una demanda que la Provincia de Buenos Aires había presentado por el congelamiento del Fondo del Conurbano, y en segundo lugar porque efectivamente existía una discriminación en relación a la limitación de esos fondos. Dicho esto, detrás de esta buena noticia que calculamos en alrededor de cuarenta mil millones para 2018 y que después continuará actualizándose por inflación, vemos un mecanismo de coparticipación de la Provincia que va a generar una distribución muy injusta en el reparto hacia el interior de los municipios», evaluó el director del Centro de Estudios Metropolitanos Matías Barroetaveña, en diálogo con Tiempo. 

Un punto clave del Pacto Fiscal nacional, y que el informe señala, consiste en que la compensación especial que recibe la Provincia quedó exceptuada de lo establecido en el inciso g del artículo 9 de la Ley de Coparticipación Federal 23548, que obliga a las provincias a establecer un sistema de coparticipación con los municipios. 

«Nosotros en el informe señalamos que es necesario dar la discusión, por un lado estructural respecto de la coparticipación, pero por otro lado decimos que ante esta posibilidad de recursos extra, tiene que haber un mecanismo institucional de asignación de recursos que tenga a los gobiernos locales como protagonistas, tanto para proponer en qué se utilizan, como para poder decidir la aplicación de esos fondos en mayor medida que esos alrededor de 6000 millones que se repartirían entre los 24 distritos del Conurbano», planteó. «

Presión del gobierno provincial

Más allá de las inequidades analizadas por el CEM, continúan las negociaciones y polémicas por el requerimiento del gobierno provincial para que los municipios adhieran al Pacto Fiscal bonaerense que, entre otros puntos, compromete a los gobiernos municipales a «no incrementar la relación de cargos ocupados en el sector público respecto a la población del municipio». A cambio, si logran alcanzar un resultado financiero superavitario, «podrán incrementar la planta de personal asociada a nuevas inversiones públicas». También el Pacto fija parámetros para que los municipios puedan seguir tomando deuda o no, según el caso. 

En términos políticos, la iniciativa sirve a Cambiemos para profundizar las divisiones en la oposición peronista, ya que los jefes comunales de las diferentes vertientes de ese movimiento están lejos, por el momento, de una postura general unificada. Algunos municipios peronistas ya eligieron adherirse, entre ellos Berazategui y Moreno. La mayoría está en pleno análisis y, según supo Tiempo, prevalece la preocupación porque observan a una gobernadora con una imagen positiva que continúa alta combinada con un reparto de fondos que los condiciona. La autonomía municipal, que detectan en riesgo, y las necesidades de acceso a fondos y financiamiento son dos elementos clave en la balanza de análisis. «

Por lo pronto Merlo no va a estar adhiriendo. Si en el futuro se discuten cuestiones más profundas que tienen que ver con las realidades concretas de transformación que tienen los municipios, no descarto adherir», afirmó al respecto el alcalde de ese distrito y presidente del PJ Bonaerense Gustavo Menéndez. En cambio, el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi rechazó el Pacto ni bien se dio a conocer y anunció la incorporación de trabajadores municipales.