El presunto empresario Mariano Martínez Rojas apareció en la planta transmisora de Radio América en el barrio de Villa Soldati en otro de sus confusos episodios. El sábado, los gendarmes que custodian el lugar le flanquearon el ingreso al predio que este controvertido personaje había ocupado por la fuerza en junio último. Ya dentro de la planta se comunicó con uno de los operadores de la emisora, y le dijo que montaría una nueva radio con la supuesta venia del gobierno por lo que quería saber el estado de los equipos técnicos. Insólito.
La del sábado fue otra clara maniobra intimidatoria. Pero no fue casual.
La impunidad de Martínez Rojas está amparada por las decisiones del Poder Judicial. La semana pasada, el juez federal Martínez de Giorgi devolvió al Juzgado 18 de la Ciudad de Buenos Aires la causa abierta por la irrupción del 4 de julio. Es la segunda vez que la justicia federal busca desentenderse de un proceso que es de carácter federal ya que, en ese ataque, la patota de Martínez Rojas atentó contra las instalaciones de dos medios de comunicación, en los que reventó las redes del sistema operativo de Tiempo y América con el objetivo de interrumpir su continuidad.
Los jueces, primero Daniel Rafecas, y después, Martínez de Giorgi, envalentonan el accionar de Martínez Rojas al dormir la causa y no aceptar las medidas de prueba reclamadas por la querella (los trabajadores del diario y la radio), para que se los llame a declarar, una medida elemental que demostraría que este controvertido personaje es responsable de cometer esos delitos. Mientras tanto, floreó su impunidad por Villa Soldati.
