Mariano Martínez Rojas, el presunto empresario presentado por Sergio Szpolski como comprador de Balkbrug SA (editora de Tiempo Argentino hasta febrero) y Desup SA (titular de la licencia de Radio América hasta septiembre), se presentó en la justicia para pedir el desalojo de los trabajadores que hoy publican el diario como cooperativa. Lo hizo a través de su abogado, Pedro Diego Frankenthal, y presentándose como dueño de Balkbrug, a pesar de que la justicia ya estableció que no hay registro alguno de que sea de su propiedad. Irónicamente Martínez Rojas está imputado penalmente por el ataque a la redacción de Amenabar 23 que ahora pide desalojar sin poder probar su derecho.

Martínez Rojas inició una nueva ofensiva contra los periodistas que desde hace 10 meses fueron abandonados por la patronal al enviar a su abogado a irrumpir en una audiencia que estaban manteniendo los trabajadores con Martin Davicino, abogado de los dueños del inmueble de Amenabar 23, para acordar los términos de la mudanza de la redacción. En la citada reunión que tenía lugar en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 3, a cargo del juez Eduardo Cecinini, las partes estaban acordando los términos de la mudanza vinculados a los tiempos de un expediente que tramita en el Ministerio de Trabajo (donde se siguen los reclamos laborales de los periodistas), cuando Frankenthal se hizo presente pidiendo el desalojo inmediato.

Claudio Mardones y Javier Borelli, en representación de los trabajadores de Tiempo Argentino, reiteraron el pedido que ya obra en la causa de desalojo de que Martínez Rojas acredite ser el titular de Balkbrug y el abogado se negó. Sucede que hace 15 días la jueza Vivian Fernández Garello de Dieuzeide, que entiende en otra causa en la que los trabajadores piden la quiebra de Balkbrug, estableció que no había registro público que acredite la titularidad de la sociedad por parte del presunto empresario correntino. Esto se suma a la resolución del ENACOM que manifiesta que Martinez Rojas nunca fue titular de la licencia de Radio América, por lo tanto no tiene derecho alguno sobre los bienes que declara poseer. Hasta el momento, entonces, la única relación que pudo ser documentada del correntino con el inmueble escriturado a nombre de la sociedad suiza SFP 3 es la de responsable por las roturas generadas allí en el ataque del 4 de julio pasado. Por ese accionar, que según estableció la jueza correccional de primera instancia en la Ciudad, María Julia Correa, formó parte de “un plan criminal” que afectó la libertad de expresión, Martínez Rojas todavía debe ser citado como imputado.

Frankenthal, visiblemente nervioso, pidió al secretario del juzgado que no dejara a los trabajadores contar los ataques recibidos por su representado con el argumento de que se trataba de otra causa. Su reacción para con los periodistas no sorprendió. El letrado tuvo su primer mal momento con los medios en 1997 cuando su nombre apareció vinculado a la denuncia de fraude presentada contra las autoridades del Banco de Tierra del Fuego, quienes habían contratado por fuera de los mecanismos legales establecidos al estudio porteño donde él trabajaba para realizar una tarea de cobranza a deudores morosos. Luego de 10 años, en 2007, la justicia probó que los abogados cobraron sin realizar el trabajo pero solo dictó penas de prisión preventiva a las autoridades del banco y absolvió a los letrados, según detalla el sitio Crónicas Fueguinas.

Curioso también fue el intercambio entre Frankenthal y Davicino, quienes manifestaron no conocerse, pero durante la audiencia acordaron una estrategia para solicitar el desalojo del inmueble. Los trabajadores, que desde que en mayo se anoticiaron de la existencia de un juicio de desalojo manifestaron su deseo de alquilar la redacción de Amenabar y ante la negativa buscaron un nuevo sitio, documentaron en la justicia los avances en pos de la mudanza y presentaron una carta firmada por el Ministerio de Trabajo donde se ratifican las acciones realizadas y los tiempos presentados en el expediente.

Esto se da en una semana donde la patronal vaciadora anotó una nueva provocación: el martes, en un espacio cedido por América TV, Matías Garfunkel -socio del Grupo 23- y su esposa Victoria Vanucci exhibieron su vida de lujo en Miami mientras decían solidarizarse con los trabajadores a los que le adeudan casi un año de salarios.