Ante la reciente decisión de cesar las contrataciones de cientos agentes públicos del Ministerio de Justicia, organismos de Derechos Humanos de todo el país le exigieron al titular del Ministerio de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, la continuidad del conjunto de trabajadores y trabajadoras a sus cargos. 

Explican que con los despidos de cientos de trabajadores, trabajadoras, profesionales, operadores y administrativos, el ministro terminará destruyendo por completo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDHN).


Desde el arco completo de los Organismos de DDHH, explicaron que la reciente decisión adoptada por el ministro Cúneo Libarona «impacta de manera brutal en los distintos programas y servicios vinculados con la defensa de los Derechos Humanos y las políticas de Memoria Verdad y Justicia».  

«Nosotros desde el primer momento denunciamos la supresión de los equipos de patrocinio jurídico en materia de violencia de género actuantes en distintas  provincias del país. También la reducción de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ); que son de vital importancia en las barriadas populares», agregaron.

Y advirtieron que con «los despidos de cientos de trabajadores, trabajadoras, profesionales, operadores y administrativos, el ministro terminará destruyendo por completo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación». Además, también apuntaron, «en particular está atacando a la totalidad de los Sitios para la Memoria y el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado; entre otras áreas de suma importancia, de prestigio jurídico y social».

«Esto sucede en un contexto libertario, en el que los discursos de odio, el negacionismo y el lawfere están a la orden del día, y donde la violencia, se produce y se reproduce desde el aparato estatal a través de la represión a la manifestación pública donde ocurren hechos de violencia institucional gravísimos», agregaron.

                                                                                                                                                 
«El insólito anuncio de quites de incentivo y reducción a más de la mitad del sueldo para otros cientos de trabajadores, implica su total pauperización, la de muchísimos hogares, porque detrás de cada trabajador y trabajadora hay una familia», indicaron decenas de organismos de distintos puntos del país a través de un comunicado en el que además, advirtieron que Argentina podría recibir una sanción por parte de Tribunales Internacionales.

Los denunciantes afirman que si continúan violentando los derechos laborales y las políticas de memoria: «Eso constituye delitos gravísimos, pasibles de ser considerados incumplimiento de deberes de funcionario público y, por los cuales, ministros y secretarios deberán responder, tanto en el nivel local como internacional». 

Además argumentaron. «Si nuestro reclamo no es escuchado, instaremos a los distintos Poderes del Estado a que hagan cumplir la Constitución Nacional Argentina y los Tratado Internacionales de Derechos Humanos. Porque nuestro país los incorporó luego de haber atravesado la dictadura militar más sangrienta de nuestra historia más reciente». 

«Porque hoy, con el brutal avance neoliberal, todos los derechos de la ciudadanía están amenazados por un grupo de personajes políticos, que desprecian los valores que nosotros supimos construir como pueblo durante el desarrollo de la vida democrática», finalizaron.