Organismos de derechos humanos preparan una carta para el director del Hospital Posadas, Pablo Bertoldi Hepburn, revea la decisión de cancelar o poner a “revisión“ los contratos de trabajadores del hospital que son familiares de víctimas del Terrorismo de Estado.

La nota le pide al Director Nacional Ejecutivo del Posadas que intervenga en forma “urgente” en favor de tres hijos y una nieta de detenidos desaparecidos en el centro clandestino de detención que durante la dictadura cívico militar funcionó en ese hospital.

Según denunciaron, la situación laboral de esas cuatro personas fue afectada por la decisión del director de Recursos Humanos, Ignacio Leonardi, quien resolvió hacer cesar en junio los contratos de 107 personas, entre quienes se encuentran los hijos y la nieta, que en marzo habían sido renovados hasta diciembre de 2018.

Se trata de los trabajadores Adrián Cuello, hijo de la técnica en esterilización María Teresa Cuello; Flavia Cetera, hija de Manuel “Gringo” Aravena; Daniela Ruiz Vargas y Evelin Becerro, hija y nieta de Josefina Pedemonte de Ruiz Vargas, empleada de la guardería del hospital desaparecida el 10 de agosto de 1976.

Dentro del policlínico Posadas, ubicado en Haedo, funcionó el centro clandestino que estaba ubicado en los fondos, en un chalet de dos plantas. La mayoría de las víctimas fueron empleados del hospital y allí actuaron la Policía Bonaerense de Castelar y Morón, la Policía Federal y el Grupo de Tareas de Aeronáutica. En noviembre de 2011 Reinaldo Mignone, Luis Muiña (el del fallo del 2×1) e Hipólito Mariani, fueron condenados por los crímenes en ese lugar.

La carta todavía sigue sumando adhesiones, pero lleva las firmas de la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); de HIJOS La Matanza y de Zona Oeste, de Ex Detenidos de Mansión Seré, de las Secretarías de Derechos Humanos de Merlo y Hurlingahm, la Secretaría de DDHH de la CTA, del Ceprodh y la nieta restituida Victoria Moyano, entre otros. Los apoyos llegaron desde organismos de derechos humanos todo el país.

“Esto está enmarcado claramente en un hecho de persecución ideológica”, subrayó Daniela Ruiz Vargas. La trabajadora del Posadas explicó a Tiempo que del listado de 107 personas, además de incluir a los cuatro familiares de desaparecidos, está compuesto por delegados del Sindicato de Trabajadores de la Salud, por otros de CICOP y la oposición. “Somos los que seguimos pidiendo la reincorporación de los 122 despedidos”, remató.

En la nota, los organismos resaltan la gestión de Bertoldi Hepburn para la preservación de la memoria, la historia del Hospital Alejandro Posadas y “la lucha de sus trabajadores”, entre ellos los familiares de detenidos desaparecidos, quienes “han trabajado incansablemente para continuar con esta constante construcción necesaria de la memoria”.

Por la contradicción que implica trabajar institucionalmente por los derechos humanos y al mismo tiempo contradecirlo con ceses laborales, solicitaron la intervención directa del director.

Además, remarcaron que cada trabajador “tiene una excelente evaluación de sus respectivas jefaturas, que ya han hecho gestiones ante la Dirección Médica Asistencial para ver la revisión de esta decisión tomada por Recurso Humanos”.