A dos meses del polémico fallo de la Corte Suprema que benefició al represor Luis Muiña con la ley del 2×1, los jueces Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz no modificaron esa decisión, repudiada por todo el arco político y organismos de derechos humanos. Fue por eso que, poco después del mediodía de este lunes, encabezados por las Abuelas y Madres Línea Fundadora, un grupo de organismos de derechos humanos presentaron un pedido de juicio político a los tres jueces de la Corte que firmaron ese fallo ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
Es justamente el Congreso el que se pronunció días después del fallo de la Corte y sancionó la ley y 27362 que limitó el alcance de la ley del 2×1 para represores. Sin embargo, tras esa decisión, el máximo tribunal no volvió sobre sus pasos.
Venimos a solicitar el inicio de juicio político a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Highton de Nolasco, Rosatti y Rosenkrantz, en virtud de los hechos que a continuación denunciamos, de los que se desprende desde nuestro punto de vista- que estos magistrados han incurrido en la causal de mal desempeño en sus funciones, conforme lo previsto en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Solicitamos en consecuencia a la Honorable Cámara que, en su rol de parte acusadora ante el Senado de la Nación, impulse el presente pedido, sostiene la presentación que presentaron poco después de las 13. Allí manifiestan que los tres integrantes de esta Corte han frustrado gravemente el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución, al haber favorecido la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado mediante el dictado de una sentencia contraria a derecho.
Los organismos recordaron la masiva movilización a Plaza de Mayo días después del fallo y agregaron: No desconocemos las presiones a favor de la impunidad de los terroristas de Estado que ejercen quienes responden a los más altos poderes fácticos de nuestro país. Es precisamente por estas presiones que resulta indispensable que nuestro máximo tribunal judicial esté integrado por juristas capaces de resistir a esas presiones, en lugar de responder a ellas aún en contra de la normativa legal vigente. Por todo ello, es necesario que el Poder Legislativo asuma su rol en esta hora y se ponga a la altura de la representación que le ha sido conferida por el voto popular.
Los firmantes del pedido de juicio político son los siguientes organismos: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos- La Matanza, la Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Madres de Plaza de Mayo- Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, H.I.J.O.S. Capital, Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
