El juez federal Julián Ercolini firmó el jueves pasado una “orden de presentación con allanamiento en subsidio” para secuestrar el expediente administrativo sobre la compra de un edificio para la Procuración General de la Nación. No fue un allanamiento porque las autoridades de la Procuración accedieron a la entrega de la documentación, que había sido reclamada por el fiscal federal Carlos Rívolo.

Se trata de una causa iniciada a raíz de una denuncia, primero periodística y luego judicial, según la cual la Procuración a cargo de Gils Carbó pagó una comisión de 8 millones de pesos a una inmobiliaria de su ex marido por la compra del edificio situado en Perón 667, de esta Capital.

El operativo en la Procuración tuvo lugar el jueves 23 de marzo en torno a las 20, cuando Ercolini ya había decretado el “secreto de sumario” en el expediente.

Gils Carbó designó como abogado defensor en la causa al penalista Alejandro Rúa, quien comparte estudio con Graciana Peñafort y lleva adelante las defensa, entre otros, de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en algunos expedientes.

Gils Carbó realizó una primera presentación en la causa, en la que negó los hechos, con algunas singularidades que atribuyó a una operación mediática. Explicó que no se pagó comisión alguna, que si bien hubiera podido concretarse la compra mediante un sistema directo (porque habían fracasado tres procedimientos administrativos anteriores) se realizó igualmente la licitación pública. Que en la operatoria intervinieron todos los organismos de control internos y externos, incluido el Tribunal de Tasaciones de la Nación. “Está todo en regla. Transparente y claro. La denuncia es un disparate, una nueva operación”, dijeron a Tiempo voceros de la Procuración.

El fiscal Rívolo promovió la investigación contra Gils Carbó en relación con los presuntos delitos de “cohecho y negociaciones incompatibles” con la función pública. Rívolo inició una investigación preliminar sobre la base de la denuncia periodística, resolvió luego formular la denuncia penal, que por sorteo recayó en el juzgado de Ercolini. Casualmente, Ercolini está “de turno” (trabajando este año) con el propio fiscal Rívolo, quien así se convirtió en el denunciante de la causa y el encargado de investigarla.