«El sistema judicial penal de Argentina trata marcadamente diferente a los sectores humildes y a quienes están involucrados en la protesta social. Y esto debe ser abordado como una cuestión prioritaria.» La frase es una de las conclusiones preliminares del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas que el jueves 18 concluyó su visita al país. No trataron la detención arbitraria de Milagro Sala porque eso ya está resuelto. Pero en su informe preliminar los expertos incluyeron un apartado sobre la selectividad del sistema penal en la aplicación de la prisión preventiva que incluyó a los gremios, movimientos sociales y políticos y pueblos indígenas, como víctimas de esa práctica en el contexto de protestas sociales y públicas.

Algo de eso hallaron en Jujuy los expertos independientes del Grupo de Trabajo, la letona Elina Steinerte y el beninés Sètondji Roland Adjovi, cuando se reunieron con unas 30 personas integrantes de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas y gremiales. Uno de esos reclamos lo escucharon de boca del secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma (SOEIL), Rafael Vargas, quien advirtió sobre la celeridad que tomaron las causas judiciales sobre los dirigentes de los gremios azucareros, que, solo en Jujuy, tiene 8 dirigentes, 2 asesores legales y 6 trabajadores procesados. «Eso ocurre en sintonía con el gobierno que nos impone multas, que nosotros tenemos recurridas», dijo Vargas a Tiempo.

Las multas al gremio suman 2,5 millones de pesos. Las acusaciones son por delitos varios y todas en el marco de protestas. El propio Vargas está cumpliendo una probation por una manifestación en la puerta del Ingenio Ledesma por el que la empresa de la familia Blaquier lo acusó de usurpación. Además, tiene iniciadas otras dos causas. Según la Federación Azucarera Regional, que reúne los seis gremios de Salta y Jujuy, hay unos 30 trabajadores procesados y se trata de un «ataque coordinado» de los ingenios, el gobierno nacional y el provincial de Gerardo Morales.

En su visita a Argentina el GTDA viajó a Jujuy, Chubut, ciudad y provincia de Buenos Aires, recorrieron 19 cárceles y se entrevistaron con dos centenares de personas. En el norte se reunieron con organizaciones de la sociedad civil en la que recibieron denuncias sobre la utilización de la justicia como herramienta de persecución gremial. «En el informe preliminar realizamos una mención especial a las organizaciones gremiales como parte de grupos que están expuestos a la selectividad de la justicia penal», respondió Adjovi a Tiempo.

En su anterior visita al país, el GTDA advirtió sobre la responsabilidad del Estado para garantizar el derecho a la protesta y a reclamar a las autoridades. «Es desafortunadamente cierto que algunas de las cuestiones que nuestros colegas advirtieron en 2003 siguen estando presentes», agregó Steinerte. Su colega completó la idea: «En cuanto a las protestas sociales vemos que siguen siendo criminalizadas y reprimidas.»

Los expertos independientes brindarán su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2018, y se estima que las conclusiones serán negativas para el gobierno nacional. En los hallazgos preliminares presentados luego de diez días de visita señalaron que desde 1994 la legislación le da carácter excepcional a la prisión preventiva, pero alertaron que ese marco legal no se refleja en las prácticas del Poder Judicial, que mantiene el 60% de la población carcelaria en esa situación. «