La multinacional brasileña Odebrecht le ofreció a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, celebrar un acuerdo de cooperación para revelar la identidad o el paradero de autores, coautores, instigadores o partícipes de estos hechos investigados o de otros conexos, en alusión a las supuestas coimas pagadas en la Argentina. El acuerdo incluye también averiguar el destino de los instrumentos, bienes, efectos, productos o ganancias del delito».
La reunión fue revelada a Tiempo por fuentes del Ministerio Público, que explicaron que Gils Carbó derivó a los enviados de Odebrecht al fiscal Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para que continúe con él los detalles finos del eventual convenio.
Odebrecht se presentó a través de apoderados ante Gils Carbó y le anticipó lo que finalmente se traduciría en un documento escrito, en el que manifestó el interés de funcionarios y /o ex funcionarios de participantes en el proceso denominado Lava Jato en la República Federativa de Brasil en celebrar un acuerdo de colaboración.
La empresa brasileña firmó en su país un Acuerdo de Leniencia, equivalente en sus términos a lo que establece la Ley del Arrepentido en la Argentina. La oferta es replicar los alcances aquel acuerdo ante los tribunales locales. La empresa asumió el compromiso de intentar celebrar acuerdos similares en los países en que se cometieron esos delitos por los que sus agentes fueron sometidos a proceso en Brasil, con el objeto de facilitar la investigación en aquellos países mediante una colaboración irrestricta, amplia y eficaz.
En el caso de la Argentina, Odebrecht propuso permitir la utilización válida de esas declaraciones realizadas bajo renuncia a derechos con protección constitucional (al derecho al silencio y a no declarar contra sí mismo) permitiendo no sólo evitar que los terceros involucrados puedan en el futuro impugnar sus declaraciones y la prueba derivada de ellos sino también una colaboración activa en la adquisición de otras pruebas que permitan dilucidar los hechos delictivos ocurridos en el país.
«Los datos o información a aportar contribuirán a esclarecer el hecho objeto de investigación u otros conexos, revelar la identidad o el paradero de autores, coautores, instigadores o partícipes de estos hechos investigados o de otros conexos, así como también averiguar el destino de los instrumentos, bienes, efectos, productos o ganancias del delito», propuso la empresa. ¿Qué obtendrá a cambio? En términos penales, una disminución de las penas que podrían corresponderle a los responsables de Odebrecht en la Argentina. Pero, fundamentalmente, limpiar la imagen de la empresa para que continúe accediendo a obra pública en el país.
