El gobierno tiene en marcha un plan para hacer zafar a las empresas que pagaron coimas. La maniobra consiste en incorporar a la Ley de Responsabilidad Empresaria una «cláusula transitoria» que posibilitaría a empresas como Odebrecht, cuyos delitos ya se cometieron, «confesar» frente el procurador del Tesoro. En Cambiemos creen que, de ese modo, la «delación» podría tener efectos retroactivos, ya que ocurriría en el ámbito administrativo, y no el judicial. Como premio por su aporte, las empresas pagarían una modesta multa y obtendrían permiso para seguir operando con normalidad.
La ley vigente en la Argentina equipara la responsabilidad del que paga con el que recibe. O sea: si un ejecutivo confiesa el pago de coimas, se lo juzga del mismo modo que al funcionario que corrompió. La «fórmula administrativa» ideada por el gobierno permitiría «indultar» a los empresarios y focalizar en los receptores de los sobornos. La ecuación favorece al gobierno por partida doble. Odebrecht admitió haber pagado coimas entre 2008 y 2014, es decir, durante la gestión K. Si Odebrecht mantiene el libreto, es probable que los nombres que surjan de su eventual delación embarre a funcionarios kirchneristas en plena campaña electoral. Por otro lado, la adenda ideada por el Ejecutivo pondrá a salvo a los pagadores, entre los que hay, según las investigaciones en marcha, varios empresarios cercanos al presidente Mauricio Macri.
Entre los diputados se bautizó a la norma como la Ley Angelo, porque uno de los beneficiarios directos sería Angelo Calcaterra, el primo presidencial. En rigor, el favorecido sería Iecsa, la firma que perteneció al Grupo Socma, pero que hoy posee Marcelo Mindlin, uno de los empresarios favoritos del presidente. Iecsa fue socio de Odebrecht en varios consorcios, entre ellos el que se adjudicó el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.
El propio Macri ordenó sostener ese emprendimiento en manos de Iecsa aun después de que el escándalo de coimas estallara en Brasil. La «cláusula transitoria» permitiría poner a resguardo ese y otros negocios de Iecsa ante una eventual confesión de sobornos. No es el único grupo empresario que gozaría del beneficio. La norma también favorecería a la empresa más poderosa de la Argentina, el Grupo Techint.
Campañas
Los legisladores de Cambiemos dieron el visto bueno y prometieron avanzar con el trámite legislativo. Pero el gobierno sabe que tiene otro frente de conflicto: la opinión pública. Las encuestas con las que cuenta el oficialismo indican que la mayoría de la sociedad argentina condena tanto al corrupto como al corruptor. Para torcer esa percepción, la maniobra legislativa se complementará con una campaña de propaganda que buscará instalar la idea de que las empresas se vieron obligadas a pagar coimas para «poder trabajar» en el país. Medios y periodistas afines al oficialismo ya comenzaron a reproducir ese mensaje.
La manipulación de la opinión pública no descuida detalles. Tiempo Argentino comenzó a trabajar este artículo hace dos semanas. En ese lapso, el diario tomó contacto con dos legisladores del oficialismo para confirmar el plan. Esos legisladores, como también saben los lectores, están al tanto de que Tiempo se publica los domingos. ¿Habrán influido esas consultas para que el gobierno anticipara su versión de la historia en la edición del sábado de La Nación? De haber sido así, la publicación sería otra muestra la obsesión oficial por controlar los daños que puede infringir al macrismo el desarrollo del caso Odebrecht.
Los avances judiciales de las últimas semanas dan muestras de ese riesgo. El lunes pasado la justicia allanó dos veces a Iecsa SA. Un procedimiento fue ordenado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en la causa en la que investiga coimas en la adjudicación del soterramiento del tren Sarmiento. La medida se extendió también a la española Comsa y a la italiana Ghella, que conformaban junto a Iecsa y Odebrecht la unión de empresas que obtuvo la obra. Luego fue el turno del allanamiento ordenado por el juez Sebastián Casanello, en la causa por lavado de dinero que tiene como acusado estrella al empresario Lázaro Báez.
El caso que instruye Casanello es un buen ejemplo de la transversalidad política argentina en materia de corrupción. El magistrado considera probado que Iecsa era cliente de la financiera SGI, conocida como «La Rosadita», la misma en la que operaba Lázaro Báez. Iecsa junto con Austral, la china Synohydro Corporation, Esuco SA y Chediak se asociaron para presentarse sin éxitoa la licitación de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cipernic. Báez alegó que la inyección de dinero de la financiera Helvetic Service Group obedeció a esa compulsa. El fiscal Guillermo Marijuan sostiene que fue una maniobra de lavado vehiculizada a través de SGI, la financiera donde la Justicia halló un legajo de cliente de Iecsa.
Según escribió Casanello en el expediente, «para esas fechas en que las constancias muestran a Iecsa efectuando la presentación para constituirse como cliente de SGI, y así, comenzar a operar, la financiera ya era propiedad de Helvetic y era controlada por Lázaro Báez». En la misma causa, el juez sostiene que una de las piezas clave de la telaraña de empresas offshore que triangularon fondos de Báez a través de «La Rosadita» fue Teegan Inc., creada en Bélice, pero manejada desde Panamá.
Teegan Inc. operaba con una cuenta en el Credicorp Bank. La implicación de esa entidad es parte del juego de espejos que preocupa al gobierno: según se descubrió en el Lava Jato, Credicorp manejó al menos 300 de los 788 millones de dólares que confesó haber pagado Odebrecht. Credicorp tiene su edificio central en la Calle 50 del Barrio de Bella Vista, en la Ciudad de Panamá. En el séptimo piso de ese edificio tiene sus oficinas la filial caribeña de Techint SA.
El Cártel
Según los documentos a los que accedió la Justicia brasileña, el Credicorp Bank ocupó un rol destacado en el mayor caso de cohecho descubierto en la región. Según confesó Odebrecht, entre 2008 y 2015 pagó 788 millones de dólares en coimas en unos 12 países. En la mayoría de los casos, según la confesión, las «propinas» sirvieron para asegurar la adjudicación de obras públicas. En varios de los contratos que hoy están bajo sospecha, la constructora brasileña tuvo como socia a Techint.
En julio de 2015, el Ministerio Público Fiscal de Curitiba acusó a la firma que comanda Paolo Rocca de integrar un cártel de 15 empresas constructoras que se habrían repartido concesiones millonarias. El documento de los fiscales, al que tuvo acceso Tiempo Argentino, describe las maniobras de ese «club» de contratistas conformado por multinacionales como Odebrecht, Skanska, Camargo Correa y Techint. El caso se centró en la relación con Petrobras, pero la pesquisa tuvo derivaciones que metieron a la firma ítalo-argentina en el barro del Lava Jato.
Hace dos semanas, la Procuración Especial contra el Lavado de Activos (Procelac) pidió a la Justicia argentina que investigue si la empresa del clan Rocca pagó coimas para quedarse con la construcción de la usina nuclear Angra3. De acuerdo a los documentos de los fiscales brasileños, los sobornos por esa obra alcanzaron los 30 millones de reales, unos U$S 10 millones. Según la acusación, las coimas se habrían destinado al Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), espacio político del actual presidente Michel Temer, y a funcionarios de la empresa estatal que entregó la licitación, Eletrobras Eletronuclear.
El caso detonó por la delación del empresario Dalton Avancini, expresidente de Camargo Correa, una de las socias de Techint. Avancini admitió que las licitaciones estaban direccionadas para que dos grupos de empresas ganaran dos obras de la usina: Angra03 y Una03.
Las empresas armaron dos consorcios. Techint se alió con EBE y Queiroz Galvao en Angra03. Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, UTC y Odebrecht conformaron Una03. Ambos grupos, sin embargo, terminaron trabajando juntos en el Consorcio Angramon. Avancini confesó que en agosto de 2014, durante una reunión realizada en la sede de la compañía UTC, las empresas acordaron el pago de sobornos a funcionarios de Eletronuclear, entonces comandada por Othon Luiz Pinheiro Da Silva. En esa reunión, según el delator, Techint estuvo representada por el brasileño «Ricardo Ourich u Ourique». Los investigadores tradujeron que se trató de Ricardo Ourique Marques, director general de Techint en Brasil.
Los fiscales indagaron a Ourique Marques sobre las afirmaciones de Avancini. A diferencia de su colega, el empresario de la firma ítalo-argentina no colaboró con la Justicia. Por esa razón, Techint fue condenada a pagar una multa y no podrá presentarse a contratos de obra pública en Brasil.
La empresa deslindó responsabilidades en su filial de Brasil. «Tiene autonomía operativa», resumió la compañía, a través de un comunicado. La Procelac, sin embargo, pidió que se investigue si las órdenes y pagos fueron ordenados por la central argentina. Uno de los elementos que impulsó el reclamo fiscal fue la situación de Othon Luiz Pinheiro da Silva, expresidente de Eletrobras Eletronuclear. Según determinaron los investigadores brasileños, el encargado de adjudicar las obras en la usina canalizó las coimas de las constructoras a través de una empresa a nombre de sus hijas y su esposa: Aratec Engenharia Consultoria & Representaciones LTDA. En el expediente, los fiscales afirman que el dinero provino de Techint.
El fiscal Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), investiga si el esquema de cartelización que destapó el Lava Jato en Brasil se repitió en la Argentina. Fue en ese caso que intervino la Procelac. La denuncia por supuesto cohecho quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos y la fiscal Paloma Ochoa, quien deberá decidir si abre una causa penal.
De todos modos, si la iniciativa oficial prospera, ese expediente será apenas un disgusto pasajero. «
Claves
El gobierno evalúa incorporar una «claúsula transitoria» en la Ley de Responsabilidad Empresarial. La norma beneficia a las empresas que, como Odebrecht, confiesen el pago de sobornos cometidos con anterioridad a la sanción de la ley.
La «presentación voluntaria» será frente a la Procuración del Tesoro, que responde al Ejecutivo, y no en sede penal.
Con esa «fórmula», el gobierno buscará que los datos tengan efecto retroactivo, lo que hoy está prohibido por la ley.
A cambio de su «colaboración», las empresas afrontarían una multa, pero quedarían habilitadas a seguir operando en el país.
