Menos de 24 horas después de la inscripción electoral en la provincia de Buenos Aires del frente Unidad Ciudadana, el fiscal federal Guillermo Marijuán pidió su indagatoria como socia del empresario Lázaro Báez en una entente para el vaciamiento de las arcas del Estado Nacional.
Mediante un dictamen de 65 páginas, entregado al juez federal Sebastián Casanello, el fiscal Marijuán pidió que se convoque a Cristina Elisabet Fernández a prestar declaración indagatoria, por encontrar reunido a su respecto el estado de sospecha con los alcances que oportunamente fuera legitimado Lázaro Antonio Báez.
El pedido de indagatoria se basa, esencialmente, sobre las declaraciones formuladas por el arrepentido Leonardo Fariña, que proveyeron elementos
de interés para causas impulsadas por diversas denuncias, efectuadas por los abogados Alejandro Sánchez Kalbermatten y Ricardo Monner Sans, Fernando Miguez (titular de una ONG) y los Diputados Nacionales Elisa Carrió, Manuel Garrido y Graciela Ocaña.
Muchos de esos elementos fueron aportados durante una entrevista televisiva con el periodista Jorge Lanata.
Para el fiscal, se encuentra probado, con el grado de certeza que exige esta etapa procesal, que durante los sucesos investigados mantenía un vínculo con su consorte de causa, Lázaro Antonio Báez, que permite afirmar que ha participado en las acciones de lavado por las que el nombrado y otros imputados ya fueran indagados.
En rigor, Marijuán dio el primer paso para concretar lo que, más tarde o más temprano, parece inevitable: la unificación de todas las causas por presunta corrupción que involucran a la ex presidenta. En ese contexto, el fiscal mencionó el procesamiento dictado por el juez Julián Ercolini contra la ex mandataria en otro expediente.
El auto de procesamiento dictado por el titular del Juzgado N° 10 del fuero en la causa 5048/16 Causa Vialidad-, sin perjuicio de no encontrarse firme, permite hoy tener por acreditado el paso previo a las maniobras de lavado de activos que aquí se investigan, como así también a las que resultan objeto de investigación en otros procesos conexos a la causa 15.734/2008, tal como el expediente 11.352/14 -Causa Hotesur. Ese párrafo, contenido en el dictamen de Marijuán, parece estar golpeando las puertas del pedido de unificación, que ya fue sugerido por la Cámara Federal.
La vinculación entre las maniobras de lavado de activos y la adjudicación irregular de obra pública con la que fue beneficiado Lázaro Antonio Báez y su grupo empresario, a lo largo de los mandatos presidenciales del matrimonio Kirchner-Fernández (2003-2015), demuestran la calidad de socios, en realidad coautores, que mantenían el ex matrimonio presidencial y su amigo personal, el mencionado Lázaro Báez. Incluso, este vínculo delictual persistió luego de la muerte de Néstor Carlos Kirchner, con el mismo y continuo comportamiento de Cristina Elisabet Fernández, insistió Marijuán.
Fue en ese contexto en el que afirmó que esta asociación entre los antes nombrados, Kirchner- Fernández- Báez, que tuviera por fin primigenio el vaciamiento de las arcas del Estado Nacional mediante la defraudación orquestada a través de la asignación irregular de obra pública en favor de Lázaro Antonio Báez y su grupo empresario, y en lo que aquí nos ocupa, la aplicación del dinero así obtenido ilícitamente en distintas maniobras con el objeto de disimular su origen, se verá acreditada con el cúmulo de vínculos pseudo comerciales y también personales que serán objeto de análisis en el presente.
Marijuán describió lo que considera que fue la mecánica del delito. En primer término, el amigo personal y socio de los nombrados Lázaro Antonio Báez- es instalado en el ámbito de la construcción, creando un imperio empresarial dedicado a la realización de obra pública, adjudicándole durante los períodos presidenciales 2003-2015, al menos el 80% de la obra vial en la provincia de Santa Cruz, representativa de aproximadamente 46 mil millones de pesos. ( ) Luego, Lázaro Antonio Báez fue lanzado como gran empresario hotelero. En este rubro, celebró diferentes contrataciones con el ex matrimonio presidencial. Los elementos probatorios incorporados demuestran las relaciones pseudo comerciales existentes entre aquellas sociedades conformadas por la familia Kirchner-Fernández y el grupo empresarial de Báez; por el cual se adquirieron y alquilaron los complejos hoteleros y propiedades.
Para ello, se conformaron diferentes sociedades, las que se utilizaron para la administración y explotación de los hoteles, canalizando y aplicando los fondos ilícitamente obtenidos, producto de la obra pública con la cual fue beneficiado irregularmente el grupo empresarial de Báez.
