Gracias a un inesperado volantazo de sectores afines a Cambiemos, el Frente para la Victoria logró posponer el tratamiento del régimen de Participación Público Privada (PPP), y volverlo a comisión. Ahora, se comenzará a trabajar de cero con el proyecto que había enviado presuroso el Poder Ejecutivo y que ya había pasado por el Senado. De esta manera, el oficialismo sufrió su segunda derrota parlamentaria en una misma semana, luego de que se cayera el tratamiento de la reforma del Ministerio Público Fiscal.
Esta vez el enojo provino de parte del Frente Renovador, en particular de José De Mendiguren, representante de los industriales argentinos, quien este lunes se había reunido con el diputado Axel Kicillof y con su par Abel Furlan en la sede de la CGT. Allí fueron recibidos por gremios de trabajadores industriales, quienes les hicieron saber que estaban muy disconformes con esta ley. Los diputados de extracción sindical del massismo que escucharon a sus compañeros no lograron digerir el proyecto tal como estaba.
Otro de los enojos se produjo porque el proyecto nunca pasó por la comisión de industria, presidida por De Mendiguren, ya que el oficialismo temía que quedara durmiendo allí.
Es que desde Casa Rosada se insistió en la celeridad del tratamiento del proyecto. Los ministros más interesados eran Rogelio Frigerio y Guillermo Dietrich, quienes esta misma semana habían expuesto en la comisión de Presupuesto argumentando que el PPP «es esencial para algunas de las obras que tiene previstas llevar adelante el gobierno». El apuro de Macri es mostrar que los capitales están viniendo a invertir al país, tal como lo había prometido en campaña y en el oscuro primer semestre de gestión.
Sin embargo, el proyecto tenía muchos puntos oscuros. Una de las cuestiones más criticadas fue la delegación de la jurisdicción, ya que ante cualquier conflicto entre el Estado argentino y la empresa contratista, quedaba habilitado a accionar judicialmente ante un tribunal extranjero si el contrato se daba por caído. La sombra del accionar del juez Thomas Griesa en el conflicto con los fondos buitre crecía en Diputados.
Otra de las cuestiones centrales que fueron fuertemente criticadas es el rol del Estado. Desde la oposición se reclamaba que tuviera voz y voto, a través del otorgamiento de mayor capital accionario, o una acción de oro como en el caso de YPF, por si la obra se paraliza o cambia de rumbo, de modo que el Estado tenga capacidad o herramientas legales para intervenir.
Otro de los sectores que también hizo llegar sus críticas fueron las pymes, que no quedaban mencionadas en ninguna parte del proyecto, siendo que podrían aportar producción en cuestiones laterales a la obra central. Desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) habían criticado la forma que tomabanlos contratos PPP porque «no contemplan la participación de la industria nacional» lo que implicaba «perder el poder de compra del Estado como política estratégica para promover el desarrollo del sector metalúrgico nacional», ya que se encomiendan las compras y contrataciones del Estado a capitales privados, en especial extranjeros, pero sin garantizar la participación de empresas argentinas. Es que en el proyecto tampoco quedaba garantizada la compra de insumos nacionales ni la contratación de mano de obra local, lo que permitía que se pudieran importar maquinarias, partes e insumos.
Los negociadores de Cambiemos habían trabajado el martes a la noche para que los cambios introducidos atrajeran los votos del Frente Renovador y el bloque Justicialista, de Diego Bossio. Pero la cosa se dio vuelta en plena sesión, cuando el presidente del bloque de Diputados del FpV Héctor Recalde pidió que se votara de manera nominal, y el presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó accedió. El recuento arrojó que 107 votaron a favor de que el proyecto vuelva a comisiones contra 105 que se opusieron. Ahora, algunos especulan con que la primera comisión que visitará el proyecto será la de industria.
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