Mientras subía la tensión entre el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta y el presidente Alberto Fernández por la suspensión temporaria de las clases presenciales, las segundas líneas de los ministerios de Seguridad de ambas administraciones nunca cortaron el diálogo. Casi a la misma hora en que los dos mandatarios estaban reunidos en Olivos sin ponerse de acuerdo, los funcionarios nacionales y porteños planificaron la aplicación de la otra parte del DNU que rige desde el viernes: la restricción a la movilidad entre las 20 y las 6 de la mañana durante los próximos 15 días, que esta vez contará con presencia de efectivos federales dentro de territorio porteño y una mayor cantidad en el conurbano bonaerense. 

En las últimas horas la cartera que conduce Sabina Fréderic no perdió de vista el alto nivel de acatamiento de la medida y terminó de organizar un nuevo esquema operativo que implicará la intervención de 8500 efectivos en el Área Metropolitana por las próximas dos semanas, con la posibilidad de que deban mantener sus posiciones por más tiempo. 

Lo hizo con dos frentes paralelos. Mantuvo la interlocución con sus pares porteños y a la vez aumentó el desembarco de efectivos de las cuatro fuerzas federales en el conurbano bonaerense, en un movimiento que pasó casi inadvertido, pero que confirma la decisión del Gobierno de limitar el poder de intervención del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en la previa de un ciclo electoral donde podría postularse a diputado nacional.  

Este viernes el propio Fernández fue el encargado de presentar el envío adicional de los mil efectivos que se sumaron a los cuatro mil que destinó hace un mes, para responder al pedido de los intendentes del AMBA que mantienen una mala interlocución con Berni. 

Luego de los duros cruces que mantuvo con Fréderic, la Casa Rosada decidió profundizar su intervención en el conurbano y reeditar los operativos Centinela que se desarrollaron durante el gobierno de Néstor Kirchner. El Gobierno no quiere que haya problemas de coordinación en materia de seguridad con los municipios del conurbano en un año electoral clave. 

Los jefes comunales del oficialismo y la oposición tienen una posición unánime sobre Berni. Creen que construye desde La Plata mapas del delito que son diametralmente opuestos a los que tienen en su distrito. A diferencia de las discusiones que ya tuvieron con Berni, prefieren mantener un diálogo operativo con los funcionarios de Frederic, porque pueden proponer y solicitar a qué lugares destinar los efectivos. 

En la previa de una nueva etapa de restricciones más duras para intentar bajar la curva de contagios, el Gobierno elevó la cifra de tropas en la provincia a cinco mil uniformados, en una coordinación que fue paralela con Berni y con los intendentes del área metropolitana. El dato pasó casi inadvertido en medio de los tironeos con Rodríguez Larreta, pero en esta oportunidad el Gobierno cuenta con un mayor control directo sobre el conurbano bonaerense con una interlocución política que no pasa por Berni, ni depende de sus decisiones. 

Con la administración porteña el trato es distinto. Los funcionarios de Fréderic hablan al menos cuatro veces por semana con el secretario de Seguridad Marcelo D’Alessandro. El viernes, cuando el Presidente concluyó el anuncio de más efectivos federales para el conurbano y se encaminó a Olivos para reunirse con Larreta, la escudería de Fréderic se reunió con D’Alessandro y con el jefe de Gabinete de la cartera de seguridad porteña Gustavo Coria. Por la Nación participaron el secretario de Seguridad Eduardo Villalba y su par de Articulación Federal, Gabriel Fuks. 

Según explicaron desde esa cartera, acordaron que esta vez los efectivos estarán en diez puntos de acceso «que son estratégicos, por su ubicación próxima a la avenida General Paz, para el tránsito de personas y vehículos entre la Capital Federal y el conurbano bonaerense». Desde este viernes y en forma progresiva realizarán controles de circulación entre las 20 y las 6, pero durante el día seguirán adelante con la inspección de trenes y transporte público. 

El control de cumplimiento del decreto en comercios nocturnos y bares correrá por cuenta de las policías locales y acudirán también a pedido de los efectivos de Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, que no intervendrán directamente.