Cuando a finales de agosto Hernán Lacunza utilizó la palabra “reperfilamiento”, probablemente no estaba en sus planes que se convirtiera en la definición de todos los volantazos y frenos de mano que llegaron post PASO. Fallos abiertamente desafiantes al deseo oficialista, magistrados que dejaron de atender el teléfono y una mayoría que ya no existe en el Consejo de la Magistratura. Todos reperfilados mientras aguardan la confirmación del resultado que muchos esperaban y que otros sostenían como improbable dentro del mundo judicial.

“Tengo mucho respeto por los jueces de la Corte, porque la Corte nunca hizo algo que a mí me hiciera reaccionar en términos de Derecho”, dijo hace algunas semanas el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. El mensaje fue recibido de manera exitosa en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. Excepto Carlos Rosenkrantz, el resto de los jueces que integran el máximo tribunal no venían de una relación muy satisfactoria con el macrismo.

Jueces por decreto, coparticipación para las provincias, un intento fallido de diálogo con Ricardo Lorenzetti, la llegada de Rosenkrantz a la presidencia auspiciada por Cambiemos fueron algunos de los factores que condicionaron (y dinamitaron desde mucho antes de agosto de 2019) la relación entre Mauricio Macri y los supremos. El «power trío» que conformaron Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti como resistencia a la nueva gestión logró diluir cualquier intento de cambio y le demostró al Gobierno que “manejar” la Corte no era una opción.

¿Cómo funcionaría una Corte con Fernández de presidente? No sería extraño que la relación vuelva a los canales más diplomáticos. La incógnita está en quién será el interlocutor, el enlace entre el Palacio y la Rosada. La otra pregunta que flota por Plaza Lavalle (maliciosa tal vez) es si Rosenkrantz “aguantará” en su puesto después del 10 de diciembre de 2019, aún cuando su mandato se extiende hasta septiembre de 2021.

Proceso feroz

Pero si en la Corte casi todo es tranquilidad, en Py el reperfilamiento fue feroz. Y nadie cree que haya terminado aún. El viernes, por caso, absolvieron a Ricardo Echegaray en una causa que le había iniciado Alfonso Prat Gay. La acusación era clara: de acuerdo a lo que planteó el golden boy, el ex titular de la AFIP usó información fiscal confidencial para iniciar una persecución penal contra él que incluía el manejo de los fondos de Amalita Fortabat.

Pero eso no fue todo: procesaron a Luis María Blaquier, ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de ANSES, por negociaciones incompatibles con la función pública. Básicamente, lo acusan de beneficiar en 2016 a Arcor y a Cablevisión (Grupo Clarín), empresas a las que había estado vinculado. Como si fuera poco, llamaron a indagatoria a Laura Alonso, quizás una de las más complicadas después de diciembre de 2019.

La actual responsable de la Oficina Anticorrupción se ganó demasiados enemigos dentro de Comodoro Py con sus críticas al estilo «Lilita» Carrió. Su incondicionalidad a Macri y su poca actividad por fuera de las causas contra el kirchnerismo no le servirán de protección. Como todo el macrismo, Alonso confió en que la batalla de los jueces federales contra el anterior gobierno duraría lo suficiente como para que nunca tuvieran que concentrarse en ella.

Quizás la clave del reperfilamiento, más allá de lo electoral, obedece a esa confianza ciega del macrismo en creer que Comodoro Py le “respondía” por simpatía, o por alineamiento político. La lección que el arco político parece nunca terminar de entender es que, la mayoría de las veces, los jueces responden a intereses personales: algunas veces con fallos muy fundamentados y precisos; y otras con una especie de jenga donde sacar una pieza significa el desplome de absolutamente todo. ¿Sobrevivirán las causas “emblema” (Cuadernos, Hotesur, Los Sauces) a un proceso de juicio?

Py se prepara, entonces, para otro estilo de manejo. Alberto F. no es Macri ni su mesa judicial. Tampoco es Cristina y sus enviados tribunalicios. Varios de los jueces federales intentaron un acercamiento (un reencuentro en un caso particular) y fueron rechazados.

Acuerdo clave 

Mientras tanto, el Consejo de la Magistratura está expectante. El oficialismo coqueteó por dos años con obtener la mayoría absoluta, lo que hubiera significado el control total. Lejos está ahora de ese sueño: ya se vive allí bajo la situación de la “conformación peronista”.

Hoy, la negociación política está entre quienes ocupan las comisiones clave: Disciplina y Acusación (que lleva los expedientes contra jueces y puede pedir juicio político); y Selección. Fue en el Consejo donde nació, hace poco menos de un año, el primer gran acuerdo entre el kirchnerismo y el massismo: ese “es con todos” que permitió arrebatarle a Cambiemos un consejero y su autopercepción de invencibles.