El 13 de agosto pasado los empresarios víctimas del terrorismo de Estado Alejandro y Carlos Iaccarino denunciaron amenazas. Todo ocurrió en el domicilio de Alejandro, el mayor de los dos: pinchaduras de ruedas en su auto perpetradas dentro del garaje de su edificio, cortes de gas intencionales y hasta el corte de la red de wifi por un supuesto empleado de la prestadora de Internet que logró ingresar a su departamento con la excusa de una verificación. Todo ocurrió en medio de los preparativos del juicio que esperan desde hace años y que los tiene a los dos empresarios despojados de sus bienes durante la dictadura cívico militar como querellantes y testigos. Entonces faltaba poco menos de un mes para el 7 de septiembre, fecha en la que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata había fijado el inicio del juicio oral por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Brigada de Investigaciones de la Policía Bonaerense de Lanús, con sede en Avellaneda, y relacionaron inmediatamente esa serie de episodios con ese inminente inicio. Pero la semana pasada ese expediente con 62 casos y una suma similar de testigos se unificó por pedido de los defensores de los genocidas con el del pozo de Quilmes y Pozo de Banfield, que comenzará a fines de octubre para buscar justicia por alrededor de 400 casos.
Los amedrentamientos fueron denunciados poco antes de la audiencia preparatoria para el juicio. Pero los hermanos creen que la amenaza está mayormente dirigida al resto de los testigos antes que a ellos. “Al juntar la causa del Infierno con la del Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes, son 450 testigos. Y si a nosotros que tenemos hace 10 años custodia de Gendarmería Nacional, a mi me llaman tres veces por día del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Ndr: por el Programa Memoria Verdad y Justicia creado tras la desaparición de Jorge Julio López) para saber donde estoy y como estoy, nos pueden hacer esto, el resto de los testigos que no tienen esta custodia se pueden amedrentar. Buscaron personas que pueden dar fe de que pueden pasar cosas aunque tengamos custodia”, explicó Carlos Iaccarino a Tiempo.
El juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención El Infierno, que funcionó en la Brigada de Investigaciones de la Policía Bonaerense de Lanús, ubicada en Avellaneda, tiene por acusados al ex ministro bonaerense de facto Jaime Smart y los ex comisarios de la Bonaerense Miguel Ángel Etchecolatz, Juan Miguel Wolk y Miguel Ángel Ferreyro.
El inicio del debate estaba fijado para el 7 de septiembre, pero un planteo del abogado defensor Gastón Barreiro logró una pausa cuando argumentó que su defendido Ferreyro no se encontraba en condiciones de afrontar el debate. Poco después, el mismo defensor pidió unificar el debate con el de los Pozos de Quilmes y Pozo de Banfield, que tiene fecha de inicio para el 27 de octubre en el mismo tribunal, con 19 imputados, entre ellos Smart, Wolk y Etchecolatz, pero suma más de 427 casos.
La semana pasada los jueces Ricardo Basilico, Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo del TOF1 de La Plata concedió esa unificación por “conexidad y economía procesal”. La medida contó con el aval de la Fiscalía Federal y las querellas. La querella unificada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia manifestó que no se oponen a la unificación de las causas, pero que insisten con la necesidad de garantizar la celeridad del juicio por lo que propondrá que las audiencias se realicen tres veces por semana.
-Este lunes se conoció que el TOF1 unificó el juicio por El Infierno con los Pozos de Quilmes y Banfield. ¿Cómo tomó la decisión?- preguntó Tiempo a Carlos Iaccarino
-Si uno lo dice así parecería que es correcto por economía procesal y conexidad. Pero no lo es. El juicio oral por El Infierno debería haberse resuelto en fin de este año 2020, porque son pocos testigos. Pero si se unifican con los Pozos se iría a 450 testigos y tardaría 5 años para obtener una sentencia. Y en ese tiempo, aquellos imputados o testigos que tienen 90, 91 o 92 años prácticamente se mueren todos. Y nosotros tenemos setenta y pico de años. Y no son viejitos porque sí los que se están juzgando, lo son porque durante 40 años tuvieron poder para patear para adelante los juicios. Y no se si no siguen teniendo poder en algunos sectores como el Poder Judicial, porque este juicio que debía empezar el 7 de septiembre y terminar a fin de año ahora lo llevaron por una presentación que hizo un defensor de estos genocidas a un juicio de cinco años.
“Nosotros nos habíamos presentado de forma particular en la causa El Infierno por lo que nos habían robado, y gracias a dios salió con condena a los dos genocidas (los ex policías Bruno) Trevisán y (Jorge Rómulo) Ferranti, que eran director y subdirector de la Brigada. Ahora fallecieron los dos”, reconstruye Carlos. Los Iaccarino comenzaron el camino de búsqueda de justicia en los Juicios por la Verdad de La Plata que se desarrollaron desde finales de los´90 en la Cámara Federal a cargo del ya fallecido juez Leopoldo Schiffrin, y continuó luego de la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad durante los procesos que al cura Von Wernich, por la Unidad 9 de La Plata y el Circuito Camps.
El caso de Rodolfo (el mayor de los hermanos, ya fallecido), Alejandro y Carlos Iaccarino es uno de los más de seiscientos hechos de terrorismo de Estado cometidos sobre empresas, según revela una investigación realizada por la Secretaría de Derechos Humanos al reabrirse los juicios. Su secuestro implicó, entre otras situaciones terribles, que la dictadura les quitara sus bienes.
“Desde que fuimos secuestrados en el ‘76 hasta el 2003, cuando el gobierno de Néstor Kirchner sacó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, estuvimos en listas negras, aparecíamos como delincuentes subversivos económicos. Al día de hoy no podemos entrar a Estados Unidos porque fuimos señalados como delincuentes subversivos económicos”, recuerda Carlos.
El despegue empresarial de los hermanos Iaccarino comenzó en el año 1967 cuando Alejandro generó un plan económico de economía social y comenzaron a trabajar con el sindicato de la carne de Berisso. El plan tenía 17 bases que fueron reconocidas incluso por economistas liberales de la época, establecía un plan alternativo económico que se puso en funcionamiento en La Plata y gran La Plata durante seis años ofreciendo carne fraccionada, frutas, verduras, lácteos y pan abaratando el precio de mercado al cincuenta por ciento. “Cuando se disparaban los precios en alguna zona la gente de la CGT nos pedía que nos instaláramos en esa zona y lo que ocurría era que se deprimían los precios en ese sector. Y todo lo hicimos sin usar precios predatorios que son los que están por debajo del costo”, recuerda Iaccarino. Para lograrlo eliminaron los intermediarios y marcaban con una tasa de ganancia razonable que, además, generaba 1200 puestos de trabajo.
En esa lógica comercial de control de precios los hermanos Iaccarino encuentran la explicación del secuestro de su familia. “El secuestro obedeció entonces un poco a eso: porque por seis años en La Plata ninguna multinacional pudo imponer los precios, porque los poníamos nosotros”, recuerda. Pero hubo más: cuando el 4 de noviembre de 1976 la dictadura los secuestró en Santiago del Estero, la empresa familiar había organizado las cooperativas tamberas del NOA en una cuenca lechera que pagaba el 50% del valor de la leche en góndola a los tamberos a cambio de mayor producción, tecnología y animales.
Tenían un avión para recorrer las provincias del norte y 25 mil hectáreas de campo con 6 mil animales, tractores. Todos los bienes. Todo eso se esfumó cuando ante una escribana fueron obligados en el centro clandestino de detención El Infierno a ceder sus bienes a sus padres para que los vendieran.
Rodolfo, Carlos y Alejandro recuperaron la libertad el 4 de septiembre de 1978, tras haber pasado por varios centros clandestinos de detención y permanecer legalizados en otro centro clandestino: el que funcionó en la Unidad Penal N°9 de La Plata. Pero les llevó mucho tiempo a los hermanos rehacerse como empresarios porque permanecían inhibidos para comerciar. Todavía en dictadura, en la provincia de Santiago del Estero les hicieron imposible reactivar la planta lechera. Recién en 1996 lograron reinsertarse como empresarios con una planta de reciclaje de basura: vidrios, papeles y cartones. Todavía regían las leyes de impunidad.
“Nosotros tiramos por tierra la teoría de los dos demonios porque nunca actuamos política ni ideológicamente”, explica Carlos Iaccarino. Por eso también no interpretan las amenazas a Alejandro como un amedrentamiento estrictamente dirigido hacia ellos. Creen que fue dirigida al resto de los testigos, para revivir el terror que buscaron implantar los secuestradores de Jorge Julio López en su segunda desaparición de 2006.
Ya sufrieron otros ataques, explica Carlos. En el año 2009 su hermano mayor, Rodolfo Iaccarino, salió del Hogar Marín de La Plata, un antiguo asilo de ancianos manejado por congregaciones de monjas católicas que ocupa toda una cuadra, y se encaminó por avenida 60 hacia su casa. A los pocos metros, mientras cruzaba la plaza Máximo Paz de avenidas 13 y 60, un hombre corpulento lo llamó por su apellido y emparejó el paso a su lado. Rodolfo creyó que escuchaba al familiar de alguno de los adultos mayores del asilo con el que colaboraba fervientemente. “Por las denuncias que hizo su hermano en los diarios, el caso López va a ser algo pequeño en comparación porque él era uno y ustedes son tres”, le dijo ese hombre. Rodolfo ya no pudo andar por la calle, pasear por la plaza con su nieta ni a pasear a su perro. A los treinta días exactos, una descompensación generalizada lo sorprendió en las escalinatas del hospital de niños cuando acompañaba a un párroco a oficiar la misa. Para Carlos y Alejandro, el hilo que conecta la amenaza con la partida de su hermano mayor está a la vista.
