Los abogados Fernando Cabaleiro y Carlos González Quintana, de la organización Naturaleza de Derechos, denunciaron al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la “persecución” y “criminalización” contra testigos y abogados de la causa por la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado a los que el Ministerio de Seguridad y la Gendarmería acusan de falso testimonio y señalan como integrantes de una presunta asociación ilícita.

La organización es la misma que impulsó y consiguió la primera medida cautelar contra el Estado tras la desaparición del joven y cuando el Gobierno planteaba hipótesis falsas, como que estaba en Chile o que sido había herido por un puestero de Benetton, según publicó este jueves el diario Página/12.

Tras el levantamiento de la cautelar, la estrategia el Gobierno fue desacreditar con denuncia penales a testigos que comprometen a la Gendarmería, para instalar que Maldonado se ahogó y que la fuerza de seguridad que lo perseguía junto a un grupo mapuche no es responsable de nada.

La causa judicial a cargo de Gustavo Lleral no tiene definiciones, está en plena producción de pruebas cruciales y sigue caratulada como desaparición forzada, amplía el diario en su artículo con la firma de Irina Hauser.

Gendarmería había denunciado el miércoles ante el mismo organismo internacional por falso testimonio a dos miembros de la comunidad Pu Lof en resistencia de Cushamen (Matías Santana y Claudina Pilquiman) y a un amigo de Santiago (Ariel Garzi). La presentación menciona una supuesta asociación, en la que arrastra a organismos, abogados y medios de comunicación sin especificar.

Los abogados de Naturaleza de Derechos fueron cuestionados en particular en otro planteo de la fuerza en la causa a cargo de Lleral, ya que habían llevado a la CIDH el relato del llamado “testigo E”, que luego se supo que era Lucas Pilquiman. El joven de la comunidad mapuche contó que estuvo con Maldonado antes de cruzar el río Chubut cuando Gendarmería los perseguía a los tiros, pero que Santiago no cruzó. Pilquiman, de 19 años, declaró como testigo sin que las partes fueran convocadas, por lo que la familia Maldonado pidió la nulidad de su testimonio, que no fue concedida. Ante el juez hizo un relato más acotado que como “testigo E”.

La acusación penal de Gendarmería, fue realizada ante el juez Guido Otranto, que había sido desplazado de la investigación original sobre la desaparición de Maldonado. Se juntó con la denuncia del Ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich, contra ocho testigos.

El Gobierno afirma que no hubo desaparición forzada, algo que deduce del levantamiento de la cautelar y de la autopsia, que concluyó que Santiago murió por ahogamiento e hipotermia. La abogada de la familia, Verónica Heredia, explicó que no se sabe cuánto tiempo exacto estuvo en el agua y que no es cierto que se descarte la desaparición.

Cuando levantó la cautelar, la CIDH dijo que el Estado argentino “se encuentra obligado a investigar de manera diligente las circunstancias que dieron lugar a la muerte del propuesto beneficiario» y que «en este sentido, corresponde al Estado investigar de manera exhaustiva la totalidad de las hipótesis que han surgido a lo largo la propia investigación, garantizando una adecuada participación a sus familiares y representantes”.

Cabaleiro y Quintana dicen en su nueva presentación en la Comisión que “el Estado ha hecho no solo caso omiso a ese pedido de la CIDH, sino todo lo contrario, ha perseguido penalmente a los testigos con imputaciones vagas por hechos que refieren a protestas reclamando sus derechos de pueblos originarios y la detención arbitraria del Lonko Jones Huala y el de falso testimonio, en plena investigación penal sobre la muerte de Santiago Andrés Maldonado».

Los abogados piden una nueva medida cautelar. Explican que “la denuncia penal del Estado Argentino a través de una de sus fuerzas, Gendarmería Nacional (miembros de la cual aún sigue siendo investigados (no lo suficiente) por la muerte de Santiago Andres Maldonado), es claramente persecutoria y pretende criminalizar un obrar absolutamente legítimo que representa el ejercicio de un derecho humano reconocido en la Constitución Nacional y Convenios internacionales de Derechos Humanos, como el de peticionar y denunciar la violación de derechos humanos”.

También ven bajo amenaza a los medios de comunicación que informan libremente, ya que se sugiere que forman parte de una organización. Advierten que, se les trata de dar a los abogados defensores de derechos humanos el carácter de “enemigos del Estado”, por denunciarlo. Se intenta, así, desde el propio Gobierno invertir las responsabilidades.

Es una “estigmatización a través de la manipulación de los procesos penales”, advierten los abogados.

Piden una intervención urgente porque ven en peligro su libertad de “ejercer plenamente el derecho de abogar como abogados defensores de derechos humanos” y su “libertad personal” a partir de los delitos que se les atribuyen y en un país donde está en boga una dura doctrina, concluye a nota de Página/12.