La justicia de Jujuy dictó un nuevo fallo contra Milagro Sala que sienta un precedente preocupante para las organizaciones sociales: condenó a la líder de la organización Tupac Amaru a pagar 3780 pesos de multa por haber realizado un acampe en la plaza de la capital provincial durante casi dos meses. Además, se le dictó la inhabilitación especial por tres años y tres meses desde que quede firme la sentencia para formar parte de personas jurídicas y demás asociaciones civiles, culturales y deportivas que requieran autorización provincial para funcionar.

A la organización Tupac Amaru le impuso la misma multa y la clausura de la sede central ubicada en la calle Alvear de la capital jujeña durante tres meses.

El fallo fue dictado por el Juzgado Contravencional  N° 1, a cargo de Matías Ustarez Carrillo, designado por el gobernador Gerardo Morales en enero. Corresponde al proceso por el acampe que la Tupac Amaru realizó junto a 17 organizaciones sociales, y es la segunda sentencia que recibe en esta semana la dirigente jujeña.

“No estoy de acuerdo con esta pena. Están criminalizando la protesta. No me arrepiento de nada porque a los negros les devolví la dignidad y la autoestima”, sostuvo Sala al escuchar el fallo.

La audiencia comenzó a las 17, con la presencia de Sala, quien hizo uso de su derecho a pronunciar un descargo: «Todas las decisiones que se tomaron sobre el acampe fueron en asamblea. Nunca me largué sola a decidir por mis compañeros», dijo. Milagro recordó que el acampe se resolvió en asamblea de las distintas organizaciones tras la reiterada negativa de Morales a recibirlas en audiencia.

El acampe fue originado por la falta de respuestas por parte del entonces gobernador electo a los pedidos de apertura de una instancia de diálogo que realizaron de manera formal y en tres ocasiones las organizaciones sociales a partir de la preocupación por la continuidad de las fuentes de trabajo de más de 15 mil cooperativistas.

El derecho a manifestarse está consagrado en diversos instrumentos internacionales y según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, «la protesta pública parece ser el único medio que permite que sectores tradicionalmente discriminados o marginados del debate público puedan lograr que su punto de vista resulte escuchado y valorado».

A pesar que en el acampe participaron más de 20 organizaciones sociales y que todas las decisiones se adoptaron en asambleas públicas y multitudinarias, las únicas juzgadas fueron Milagro Sala y la Tupac Amaru. Según indicó Rodolfo Rocamoso, también designado por el contador Morales y que integra el departamento contravencional y ofició como parte acusadora, solo se investigó a la citada organización barrial «porque era la más conocida, y si se hubiera convocado a todas no se hubiera terminado nunca con este proceso».