La Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional porteña tiene ya más de un año de funcionamiento pero sigue siendo la ‘nueva’ Cámara de Casación. Ser la novedad no es gratuito: desde su conformación es discriminada por las autoridades de la Corte Suprema y debe hacer el mismo volumen de trabajo que la Cámara Federal de Casación Penal pero con una quinta parte de sus empleados.

Por los pasillos del Palacio de Tribunales la nueva Casación porteña lleva la carga de ser estigmatizada como la ‘Cámara K’ y es vista como un lugar de castigo donde el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, envía a los empleados con los que mantiene un enfrentamiento ideológico o personal.

Allí fueron destinados muchos empleados que respondían al ex magistrado Eugenio Raúl Zaffaroni, ahora en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La ‘des-zaffaronización’ de la Corte no sólo incluyó al personal sino también un área clave creada por el ex magistrado como fue el Instituto de Investigaciones, que realizaba informes anuales sobre homicidios dolosos y el año pasado fue trasladado al Consejo de la Magistratura.

«Las autoridades de la Cámara le piden a la Corte los cargos que necesitan, les dicen que sí y luego mandan gente que no es penalista o que no tiene la experiencia específica que se necesita. Es como si mandaras a un mecánico de autos a arreglar aviones. Además, van en calidad de castigados», señaló un funcionario judicial con muchos años en la Corte.

Con el 50% de los expedientes que antes trataba la Cámara Federal de Casación, los delitos comunes como robos y homicidios, la nueva Cámara funciona actualmente con la quinta parte de los empleados y funcionarios que su prima de Comodoro Py.

La Casación Federal, por su parte, concentró aun más el poder en los tribunales de Retiro: redujo a la mitad su carga de trabajo, mantuvo la misma cantidad de personal y centralizó en sus salas los delitos federales, como corrupción, narcotráfico y lesa humanidad. El resto fue a parar a Talcahuano 612.

A pesar de la discrecionalidad en los nombramientos, el nuevo tribunal de alzada logró una rápida adaptación y una gran eficiencia. Una de las claves es la Oficina Judicial (creada por el suspendido nuevo Código Procesal Penal) que concentra todas las tareas administrativas y organizativas del tribunal. «Eso es un cambio radical y es muy resistido por otros jueces. Cómo un empleado me va a decir cuándo tengo que hacer una audiencia», cuentan desde la Cámara.

Según datos internos a los que accedió Tiempo, desde que entra una apelación a la Cámara (a razón de 15 por día) hasta que es resuelta por alguna de las tres salas se demora entre 60 y 90 días hábiles en promedio. En los tribunales de Casación de Retiro los tiempos son muy distintos: un expediente puede estar hasta tres años hasta que es resuelto por los camaristas.

En abril, las autoridades de la Cámara, encabezados por el presidente del tribunal, Horacio Días, y su antecesora, María Laura Garrigos, se reunieron con el titular del Consejo de la Magistratura Miguel A. Piedecasas para informar estas irregularidades y otras, como el mal estado del inmueble que utilizan.

El mito de la Cámara K

Creada en 2008 por la Ley 26.371 y puesta en funciones recién el año pasado, la Cámara debe convivir con el mote de kirchnerista.

Con un perfil garantista, está integrada por los jueces Horacio Días, María Laura Garrigós de Rébori, Gustavo Alfredo Bruzzone, Luis Mario García, Eugenio Carlos Sarrabayrouse, Daniel Emilio Morín, Luis Fernando Niño, Pablo Jantus, Héctor Mario Magariños y Carlos Alberto Mahiques.

Si bien algunos de ellos integran el espacio Justicia Legítima, como Garrigos de Rébori, quien preside la organización que reúne a jueces, fiscales y funcionarios judiciales, también hay miembros de otros espectros políticos, como Mahiques, quien llegó a ser por unos meses ministro de Justicia bonaerense en la gestión de María Eugenia Vidal.

Si bien se trata de una cámara joven, su futuro es incierto. Desde el gobierno nacional ya adelantaron que el tribunal pasaría a la justicia de la Ciudad si avanza el plan del ministro de Justicia, Germán Garavano, denominado ‘Justicia 2020’. «