La decisión del oficialismo de cajonear en la Cámara de Diputados la ley para regular los alquileres que el Senado aprobó el año pasado responde fielmente a la lógica que el macrismo viene aplicando en la Ciudad de Buenos Aires desde 2007: Antes para Macri y ahora para Rodríguez Larreta, un derecho tan sensible como el de acceso a una vivienda digna no debe estar regulado por el Estado, sino por el mercado. 

El problema se agrava cuando se analiza cómo se desarrolló el mercado inmobiliario en la Ciudad bajo el mando de PRO. Según datos del propio Gobierno porteño, entre 2007 y 2015 se otorgaron permisos para construir 12.633.011 metros cuadrados, el equivalente a más de 250 mil departamentos de dos ambientes. En todos esos años, la población porteña se mantuvo estable y dentro de su rango histórico, en torno a los 2,9 millones de habitantes. 

Sin embargo, continúa habiendo una altísima demanda de alquileres y enormes dificultades a la hora de alquilar. Lo cual demuestra que ese boom inmobiliario no aumentó la oferta de viviendas sino que fue un negocio, garantizado por el Estado, para las grandes constructoras. Un negocio especulativo que les permite a las inmobiliarias cometer todos los abusos posibles sobre los inquilinos que buscan un lugar dónde vivir. 

Hoy, más del 35% de los hogares porteños alquilan. Un 60% más que en 2001 y un 10% más que en 2015. La población en la ciudad no crece; se “inquiliniza”. El cuadro se agrava cuando se pone el foco sobre los más jóvenes. Entre los menores de 30 años, el porcentaje de inquilinos sube al 72%. Y en la mayor parte de los casos el costo del alquiler les significa cerca de un 50% de sus ingresos. 

Este impacto en los ingresos fue creciendo año a año. En la última década, el aumento promedio de los alquileres estuvo siempre por encima de la inflación –de la oficial y siempre cerca de la que miden consultoras privadas- y del incremento promedio de los salarios. 

Este año, la ausencia de una regulación estatal le está permitiendo a las inmobiliarias imponer aumentos anuales del 40%. Gran parte de los inquilinos que intentaron durante los últimos meses renovar sus contratos se toparon, además, con incrementos iniciales del 50%. Con este esquema, una familia que hoy paga un alquiler de 8 mil pesos y debe renovar, terminaría el segundo año del nuevo contrato por encima de los 23 mil pesos. En paralelo, el Gobierno nacional busca establecer un tope en la negociación paritaria de entre el 17% y el 18%. Por lo que el alquiler significará una porción cada vez más grande del salario. 

Para combatir estos abusos es necesaria la intervención urgente del Estado como agente regulador del mercado inmobiliario. Leyes que establezcan topes en los aumentos –atados, por ejemplo, a la evolución salarial o inflacionaria-, límites a las comisiones que cobran las inmobiliarias y a los requisitos que exigen para la firma de un contrato o la creación de una inmobiliaria pública que priorice las necesidades de los inquilinos. 

Todo esto debe ir acompañado de un plan de viviendas integral, que cruce desde la situación en las villas de la Ciudad a los que busquen el sueño de la casa propia. Hoy, un sueño muy pero muy lejano para la gran mayoría de los porteños. 

* Referente de la plataforma ciudadana Ahora Buenos Aires