En una entrevista publicada el 7 de septiembre por el diario La Nación, el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, sostuvo: “Nunca hablé con quien comandó el operativo antes de iniciarse”. Así dio por aclarada su ajenidad al ataque efectuado el 1º de agosto por Gendarmería en la Pu Lof de Cushamen que produjo la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Una falsedad: el funcionario –según datos filtrados a Tiempo Argentino por una fuente próxima al juzgado federal de Esquel– tuvo profusas comunicaciones previas, contemporáneas y posteriores a esa acción con sus dos responsables tácticos, el jefe del Escuadrón 35 de El Bolsón, Fabián Méndez, y el subjefe del Escuadrón 36 de Esquel, Pablo Escola. 

Eso se desprende del peritaje de la Policía Federal a más de 70 teléfonos de los uniformados participantes en la faena. Una prueba indubitable, ya que se trata del análisis de su contenido sobre una copia forense de los aparatos; es decir, una suerte de espejo inalterable que hasta recupera registros borrados.

Una voz en el teléfono

De modo significativo, los medios amigos del Poder Ejecutivo tuvieron acceso a una sola muestra del material analizado y que auxilia la hipótesis oficialista de la “patrulla perdida” que operaba por fuera del mando jerárquico. Se trata de un mensaje de texto enviado a un gendarme por alguien agendado como “Amor” –sería la pareja del receptor– con un consejo: “Tené cuidado. Vos no escuchaste ni dijiste que Robledo le dio un piedrazo al individuo. Vos estabas lejos. Por eso estaban preguntando quien estuvo al momento que Neri estaba almorzando”.   

Se refiere al gendarme Neri Armando Robledo, uno de los sospechosos favoritos del Ministerio de Seguridad. Y se estima la data del texto entre el 7 y el 14 de agosto; la imprecisión se debe a que es un mensaje “recuperado” dado que su receptor borró hasta la aplicación.

Claro que otros registros no son tan afines a los intereses del gobierno.  

Este diario obtuvo en exclusiva un intercambio de WhatsApp fechado el 11 de agosto entre un gendarme y su esposa. Ella, con prosa desordenada, arranca: 

“Te pregunto están haciendo allanamiento en Esquel. Sabés algo/ Por el tal Santiago/ Que se perdió después de la manifestación mapuche/ Esa donde vos estuviste”. 

La respuesta fue:  

“Si es en Leleque, cerca del maitén (sic) y el Bolsón, pero Gendarmería lo detuvo pero lo liberaron y de ahí no se sabe más nada.

Y la mujer remata:

“Guauuu/ Qué quilombo”. 

El informe también incluye una llamada de un oficial –quien la grabó– a un gendarme raso:

– Che, te quiero preguntar… entre nosotros, ¿qué pasó en la orilla?
– Mire, ya dije todo. Está en el acta. No voy a hablar más.

Luego se oye el click que da por concluido el diálogo.

Cabe destacar que la importancia de estos tres involuntarios testimonios radica en que sus protagonistas son parte del lote de siete uniformados bajo la lupa ministerial. Pero aún más relevantes son los cruces telefónicos entrantes y salientes de Méndez y Escola con el número de celular 0111563XXX54. Su usuario: el inefable Noceti. 

¿Por quién doblan las alarmas?

Fue el comandante de El Bolsón quien, minutos antes de las 11.00 –según la fuente consultada– se comunicó con el teléfono del funcionario. Durante el 31 de julio hubo varios contactos entre ellos y al menos dos al clarear ese martes. Pero este, de acuerdo al horario, ocurrió cuando Noceti venía desde Bariloche por la ruta 40 hacia el territorio mapuche y Méndez abdicaba al mando de la tropa para instalarse en una camioneta, antes de ir –tal como luego dijo– a “un baño” cuya ubicación no especificó. Después se detectó una llamada entrante al aparato de Escola; en el otro lado de la línea estaba Noceti. Habría muchos más llamados suyos al subjefe de Esquel –ahora al mando del operativo– a partir de las 14.00, en ocasión de su paso por donde permanecía detenida la vocera mapuche, Soraya Malcoño. 

En los días siguientes las comunicaciones entre el hombre de Patricia Bullrich y los cabecillas zonales de Gendarmería fueron frecuentes.
Una de estas hasta es mencionada en un parte de inteligencia emitido el 3 de agosto por dicha fuerza –de acuerdo a lo revelado por Gustavo Sylvestre en C5N–, cuyo contenido es asombroso: “Se recepcionó llamado telefónico del ministro (sic) de Seguridad, Pablo Noceti, quien libraría oficio judicial al efecto de hacer pericias a los vehículos utilizados en el operativo informado por Es/Esquel mediante MTO HIA 3432/17 – Archivo Puma 134”.
De modo que Noceti alertó la realización de tal diligencia con siete días de anticipación. Y con datos que podrían haber sido obtenidos por boca del mismísimo juez Guido Otranto. 

Ahora se entiende la razón que tuvo el magistrado en negarse a cruzar el teléfono de Noceti con los aparatos de los gendarmes: pavor a que esa medida pudiera detectar embarazosas llamadas entre el polémico funcionario y su propia línea. Una promiscuidad que se extiende hacia la fiscal Silvina Ávila, cuya secretaria letrada, Rafaella Riccono, es nada menos que la esposa de Otranto.

Las pericias telefónicas de la Federal llegaron al despacho de la doctora Ávila el jueves 14 de septiembre. Pero antes habían recorrido un largo camino. Concluidas el miércoles de la semana anterior, sus hacedores las enviaron al despacho del jefe de esa fuerza, comisario Néstor Roncaglia. Y al otro día éste las elevó al Ministerio de Seguridad. Así, bajo una dramática urgencia, nació la hipótesis de la “patrulla perdida”. De manera que durante la calma chicha del domingo 9 los enviados de la ministra, Gerardo Milman y Gonzalo Cané, se dejaron caer en Esquel para entregarle al juez las disparatadas entrevistas realizadas por el tal Daniel Barberis; o sea, el sustento de tal impostura.

No obstante, en los pasillos oficiales aún persiste un motivo de zozobra: el resultado aún pendiente de los discos rígidos con datos de inteligencia que fueron secuestrados en las computadoras de los escuadrones de Esquel y El Bolsón. ¿Acaso podría haber allí datos previos sobre Santiago Maldonado? Se dice que tal posibilidad convertiría a la señora Bullrich en un cadáver político.

Todo maniobra tribunalicia supone una denodada lucha contra el azar. Pero ya se sabe que esa es una lucha desigual. En este caso, los resultados se van tornando calamitosos. 

Las declaraciones del grueso de los uniformados dejaron en claro que durante el 1º de agosto una horda de gendarmes efectuó un “rastrillaje” en una orilla del río en busca de “manifestantes”. Una fatalidad narrativa en franca contradicción con la versión de Escola, quien juraba que su tropa jamás estuvo a menos de 40 metros de allí. Con la excepción –claro– del grupo uniformado fuera de control. Y quien decapitó esa tesitura fue el sargento Daniel Orrego, y con sólo tres palabras: “No hubo insubordinados”.  

Otros gendarmes aseguraron que todo lo que sucedió en el operativo fue ordenado por Escola. Y ahora, para colmo, el cabo Darío Zoilán afirmó haber escuchado como uno de sus camaradas de armas gritaba “¡Tenemos a uno!” Otras tres palabras fatales; esta vez, para un pacto de silencio. «