Los abogados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvieron a reclamar este jueves ante la Cámara Federal porteña que la jueza María Eugenia Capuchetti sea apartada de la investigación por el atentado contra su vida y remarcaron que la magistrada «recibe un estipendio» de un organismo que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en relación al Instituto Superior de la Seguridad Pública (ISSP).
«No tendremos justicia con esta mujer», aseguró el abogado José Manuel Ubeira -uno de los dos que representan a la querella- tras sostener que la magistrada no tuvo voluntad de investigar una eventual responsabilidad de la policía porteña en el ataque sufrido por la vicepresidenta por su vínculo con el ISSP, donde tiene un contrato como investigadora.
Los abogados Ubeira y Marcos Aldazabal plantearon esta nueva recusación ante el juez de la Cámara Federal porteña, Leopoldo Bruglia, en lo que fue la segunda audiencia del día en el marco de esta causa: antes había ocurrido otra en la cual se discutió el alcance de una medida dispuesta en la investigación.
«Ser investigador no es lo mismo que ser docente», afirmó Ubeira para insistir en que la jueza llevó a cabo una actividad remunerada que no le estaría permitida; y luego profundizó: «La señora jueza no era investigadora, no era docente, tienen un curro que la habilita a recibir 75 mil pesos por mes. Recibe un estipendio de un organismo que tiene carácter ejecutivo».
Antes de que interviniera Ubeira expuso del abogado Aldazabal, quien desarrolló la explicación vinculada a que el ISSP «no es una universidad» sino un «lugar de elaboración de políticas públicas», por lo que sostuvo que no es una actividad habilitada para magistrados.
«Cuando se conoció esta circunstancia, el propio instituto sacó un comunicado en el que específicamente dice que Capuchetti se desempeña como docente hace 9 años y elaboró un trabajo de investigación. Sigue trabajando allí, la última designación es del 2 de enero, es decir cuando esta causa ya estaba tramitando. Eso no es una universidad, es lo que se conoce como una academia de policías, un centro de formación, es una violación inédita a la independencia de poderes», sostuvo Aldazabal.
En la primera audiencia de la jornada ante la Sala I del tribunal de apelaciones -con el cuerpo integrado a pleno-, se debatieron los alcances de una medida de prueba dispuesta en el marco de la denominada «pista Milman», que es aquella que investiga si efectivamente el diputado nacional de Juntos por el Cambio Gerardo Milman se refirió al atentado fallido antes de que ocurriera.
Esa pista se inauguró a partir de que un asesor de un diputado oficialista dijo haber escuchado, en un bar cercano al Congreso, una conversación de Milman con dos mujeres en la que se habría referido a un eventual ataque (posiblemente contra la Vicepresidenta) antes de que ocurriera.
En el marco de la investigación de esa pista fue que se produjo el quiebre en la relación entre la querella y la magistrada: fue cuando la jueza Capuchetti rechazó un planteo de los abogados de la Vicepresidenta que reclamaban que se secuestraran los teléfonos celulares de las asesoras de Milman que lo acompañaban en el bar Casablanca cuando, supuestamente, se refirió al ataque.
Esa medida de prueba fue finalmente ejecutada tras una intervención de la Cámara Federal porteña y lo que ahora se discute es el alcance temporal de la extracción de información de esos teléfonos: la querella pretende que se analicen los teléfonos desde el primero de julio y no solo del 30 de agosto, día en el que se supone que Milman dijo la frase.
«Si hubo conversaciones previas en ese lapso deberían aparecer; la jueza tiene la potestad de analizar el material antes de ponerlo a disposición de las partes, con lo cual se evita cualquier afectación al derecho constitucional», sostuvo el abogado Aldazabal.
Antes de hacer ese pedido recordó que las asesoras de Milman, cuando declararon como testigos, primero negaron haberse reunido con el legislador el 30 de agosto en la confitería Casablanca, pero luego se desdijeron cuando les exhibieron las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.
Ubeira, por su parte, sostuvo: «Donde tocamos a Milman salta pus por todos los costados. La jueza y el señor fiscal (Carlos Rívolo) están todavía muy pendientes de si el testigo que estaba en el bar era veraz o no. Y cuando rascamos la pintura, este Milman hace agua por los cuatro costados. Si ustedes quieren darle algún tipo de contexto a esta investigación, hay que ir a donde la investigación nos lleve, caiga quien caiga».
