El gobierno nacional se encamina hacia un nuevo foco de conflicto que amenaza con transformarse en un problema político de alcance nacional: la paritaria docente. Las señales son inequívocas. Desde fines del año pasado, los funcionarios del área educativa, tanto nacionales como provinciales, con el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, a la cabeza, han enfatizado que esa cartera no convocará este año a la paritaria docente nacional, que establece el piso salarial de los docentes para todo el país. La mayoría de las provincias acepta esta decisión y muy pocos distritos han manifestado reservas al respecto. De allí que los gobernadores quieren establecer un criterio común de aumento salarial para los docentes, y el 18% que la provincia de Buenos Aires firmó con un sector de sus empleados públicos aparece como el objetivo a alcanzar.
Este panorama es rechazado de plano desde los sindicatos nacionales y provinciales. Y aseguran que el gobierno está manifestando «su firme voluntad» de aplicar un ajuste en la educación. De ahí que, afirman, «si no hay paritaria nacional, hay conflicto nacional».
Por otro lado, la discusión salarial docente se encuadra dentro de la política más general que aplica el gobierno nacional hacia los trabajadores estatales y que recomienda a las gobernaciones para que pongan en práctica. Y, al mismo tiempo, está encadenada al debate tributario que la Nación y las provincias comenzarán a tener desde este 14 de febrero, cuando se reúnan para poner en marcha el proceso de reforma de la coparticipación de impuestos.
El viernes pasado, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo públicamente las palabras clave que los gobernadores ya escucharon en privado: «Este va a ser un año en el cual el gobierno nacional va a ocuparse de las paritarias de sus empleados públicos y no como en las últimas décadas, que participaba sin tener participación. El caso más claro es el de los docentes», y agregó que «eso es lo que van a determinar» los gobernadores que se reunirán el próximo jueves «para diseñar una política común respecto de las paritarias de los empleados públicos», incluidos los docentes, claro está. «Se van a sentar para ver cuál será el mecanismo de discusión paritaria», agregó. Si bien desde el gobierno nacional aseguraron que la reunión es una suerte de «autoconvocatoria», admitieron que siguen de cerca el tema.
El gobierno nacional ha asegurado que quiere eliminar la discusión salarial de la paritaria nacional, y se basa en el acta que firmó el año pasado con Ctera, UDA, Sadop, Amet y CEA, los cinco sindicatos docentes de alcance nacional, pero plantea mantenerla para debatir «otros temas centrales», según dijo un funcionario a Tiempo, entre ellos, «la capacitación y esquemas de revisión de la calidad educativa en el aula».
En general, los gobernadores acuerdan con dejar que sea el gobierno nacional el que cargue con el peso político de un conflicto con los docentes, sea para imponerles los parámetros de calidad, productividad y de capacitación, o para que el salario docente no suba más del 18% este año. Por eso, temen que si el debate salarial queda solo en sus manos, peligren los inicios de clases en cada distrito por los conflictos con los maestros. Los sindicatos docentes están reclamando entre un 35 y un 40% de incremento salarial para 2017.
De esto hablarán los gobernadores el jueves 2 de febrero, cuando se reúnan en el Hotel Savoy, «autoconvocados», como gustan de decir en la Casa Rosada. En la lista de los que recibieron llamados o llamaron a sus colegas se encuentran Omar Gutiérrez (Neuquén) y Juan Schiaretti (Córdoba), considerados como los más enfáticos a la hora de impulsar el cónclave. También serían de la partida, se asegura, Miguel Lifschitz (Santa Fe), Juan Manuel Urtubey (Salta), Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Alberto Weretilneck (Río Negro), Hugo Passalacqua (Misiones), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Domingo Peppo (Chaco) y Sergio Casas (La Rioja). La lista sigue abierta a otros mandatarios provinciales que quieran integrarse, ya que el grupo funciona de hecho como un multiespacio político.
La ministra de Educación de Neuquén, Cristina Storioni, consideró en diálogo con Tiempo que «el empleador es el Estado provincial y nosotros siempre hemos trabajado a nivel jurisdiccional. Por supuesto que tiene impacto si el gobierno nacional convoca a la paritaria docente, pero las jurisdicciones tienen la autonomía y capacidad suficientes como para discutir las paritarias y este es un criterio compartido por toda la Patagonia.»
En el mismo sentido se manifestó el director de Educación y Cultura bonaerense, quien aseguró a Tiempo que el jueves «seguro (los gobernadores) van a establecer pautas mínimas entre ellos ahora que no habrá pauta nacional» (ver entrevista en la página 5).
Desde Córdoba, si bien le bajaron el tono a la reunión al señalar que sabían que se había convocado «a una reunión de este tipo a fin de uniformar criterios», afirmaron que la paritaria docente se discutirá después del 1 de febrero, cuando se abre el período legislativo local, y estimaron que cerrarán las negociaciones durante febrero.
Los sindicatos aseguran que ellos no firmaron una «cláusula automática» que establece el salario inicial docente (ver recuadro), sino un piso a partir del cual hay que negociar. Sonia Alesso, secretaria general de Ctera, le dijo a Tiempo: «Ratificamos lo que sostenemos, exigimos el llamado a paritarias nacionales. Si no se lo hace, la actitud del gobierno llevará el conflicto a todas partes.» Y advirtió: «El gobierno está llevando el conflicto a las provincias.»
Alesso aseguró que «estamos hablando con los demás gremios nacionales para unificar una posición. Para nosotros, si hay una clausura unilateral de la paritaria vamos a pelear y entendemos que habrá un conflictivo inicio del ciclo lectivo en todo el país». Además, subrayó que la propuesta del 18% de suba salarial que surge de las gobernaciones y de la administración macrista nacional «es absolutamente insuficiente e inaceptable. No tiene nada que ver con la realidad».
La táctica sindical de trasladar la presión sobre las gobernaciones podría mostrar ciertos límites, dada la aprobación de muchas de ellas a la propuesta nacional. Los próximos días serán una prueba decisiva de esto cuando las provincias comiencen a convocar a discusiones salariales con sus docentes y no haya atisbo de la paritaria nacional.
Para Roberto Baradel, miembro de la directiva de Ctera y secretario general de Suteba, el sindicato mayoritario de los docentes de la provincia de Buenos Aires, «si no hay paritaria nacional, va a haber conflicto nacional». Baradel aseguró que «el gobierno nacional no puede disciplinar a los gobernadores y que por esa razón se ha visto obligado a postergar las reuniones que tenía previstas». Baradel apuntó dentro del grupo de los no disciplinados a Alberto Rodríguez Saá, de San Luis; Carlos Verna, de La Pampa; y Gildo Insfrán, de Formosa.
Respecto del planteo del gobierno nacional, de que ya hay una «cláusula automática», Baradel remarcó que «todos en el gobierno son unos mentirosos seriales. La cláusula del año pasado plantea que el piso salarial será de un salario mínimo más el 20 por ciento. Y que a partir de allí se negocia. De ninguna manera reemplaza a la paritaria nacional.» Y agregó: «El gobierno ha mostrado que tiene una voluntad de producir un ajuste en la educación, lejos de mejorarla, y generar negocios para unos pocos, como ya se mostró con las evaluaciones, el software o la capacitación.»
Respecto de la paritaria provincial, Baradel informó que aún no ha sido convocada a pesar de la promesa de hacerlo «en la segunda quincena de enero», según dijo el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, el pasado 5 de enero. «El gobierno de Vidal tiene una gran desconsideración hacia los docentes, dijo que nos iba a convocar para la segunda quincena de enero, y hasta ahora no ha sucedido y difícilmente suceda. Vidal genera grandes escenarios en colaboración con los medios de comunicación, pero no da un paso concreto para cumplir sus compromisos con los docentes», afirmó.
Romina del Plá, secretaria general del Suteba Matanza y que dirige la oposición en la docencia bonaerense, le dijo a Tiempo que «los gobernadores ya habían intentado fijar un techo en 2014, pero fracasaron por la lucha que desarrollamos en la provincia de Buenos Aires». La gremialista indicó que «la decisión del gobierno nacional blanquea que para ellos no existe un sistema educativo nacional ni un salario nacional. Además, pone en crisis a Ctera y los demás sindicatos nacionales, que mostraron la firma de esa cláusula como un triunfo.» Del Plá adelantó que su sector impulsará en reuniones que mantendrán en febrero un básico de convenio de 15 mil pesos.
Eduardo López, quien es titular de UTE, el sindicato docente porteño y paritario de Ctera, le dijo a Tiempo que «los gremios nacionales tenemos la autoridad para reclamar la paritaria nacional. El año pasado dijimos que la inflación sería del 41% y no nos creyeron. La proyección inflacionaria de este año va del 25 al 30 por ciento. En torno de eso hay que discutir y a ello hay que sumarle lo perdido el año pasado».
Con este escenario, la paritaria docente seguramente calentará un verano que ya se presenta conflictivo. «
La discusión por interpretar el acta
El debate sobre la convocatoria de la paritaria docente nacional gira en torno del punto 4 del acta firmada el 25 de febrero de 2016 por el Ministerio de Educación y los cinco sindicatos nacionales. En ella se lee: «Que a partir de esta paritaria, el salario docente no podrá ser menor a un veinte por ciento (20%) por encima del salario mínimo, vital y móvil. Sin perjuicio de lo que se acuerde en la paritaria salarial docente, si esto ocurriere, automáticamente deberá actualizarse.»
Eduardo López, secretario general de UTE (docente primarios de la Capital Federal) y paritario de Ctera (uno de los sindicatosque discute la paritaria nacional) dijo a Tiempo que el artículo 4 «establece un piso pero no un techo» salarial y criticó al ministro Rogelio Frigerio, quien el viernes planteó que «hay una pauta del gobierno nacional para el salario de los docentes, que es un 20% por encima del mínimo, vital y móvil».
López dijo, además, que si el gobierno no convoca a la paritaria nacional incumplirá con la ley de Financiamiento Educativo cuyo artículo 10 obliga al Ministerio de Educación nacional y a los sindicatos de ese alcance acordar el salario mínimo docente entre otros temas.
