Entre los interrogantes que la Cámara del Crimen mandó a despejar sobre la situación judicial de Fernando Niembro –cuyo sobreseimiento revocó esta semana– hay uno que resalta. La empresa relacionada con el periodista deportivo «no tenía personal cargo» y, sin embargo, se presentó a una contratación para realizar encuestas de calidad sobre el servicio de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires. 

La empresa de Niembro, La Usina Producciones SRL, hizo la mejor oferta. Mucho mejor que la que presentó su supuesta competidora SV Investigación, cuyo titular es el empresario Santiago Videla. La empresa de Niembro ganó el contrato. Pero el trabajo lo hizo la que perdió. ¿El entonces jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, perjudicó a Niembro? Al contrario: le facilitó una ganancia de más de cuatro millones y medio de pesos en un simple pase de manos. La encuesta fue adjudicada a La Usina por 7.197.564 pesos (menos que lo que había presupuestado SV) pero el trabajo lo realizó justamente SV, que cobró por ello 2.526.074, 15, pesos. Si SV hubiera cotizado lo que efectivamente terminó cobrando habría ganado la pulseada y el Estado porteño se habría ahorrado 4.671.489,85 pesos. Pero en ese escenario, la empresa de Niembro habría quedado afuera.

«Para el juez (de primera instancia, Roberto Ponce, quien había sobreseído a Niembro) el sobreprecio no existió», reflexionó el fiscal Carlos Velarde, a quien ahora la Cámara le dio la razón. «Previo a contratar a La Usina, en el expediente principal N° 2197444/2013  se solicitaron otros dos presupuestos y uno de ellos –que no fue elegido por su mayor precio– fue confeccionado por Santiago Videla, quien finalmente realizó la prestación como empresa subcontratada y a un precio significativamente inferior», explica el fallo que manda a investigar nuevamente.
La opinión de los vecinos sobre la recolección de residuos era una situación presuntamente de urgente resolución, caratulada dentro del rubro de «operaciones impostergables».

El decreto local 556/10 establece que para aprobar un gasto realizado por «operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales» es requisito «contar con al menos tres invitaciones a cotizar cursadas por medios efectivos y comprobables y/o tres presupuestos». Además, al momento de la aprobación del gasto, «el proveedor debe estar inscripto en el Registro Informatizado único y permanente de proveedores».

¿Podía La Usina contratar con el gobierno porteño? La empresa de Niembro se inscribió en el Registro Único de Proveedores el 21 de agosto de 2012 y casi de inmediato comenzó a obtener contratos. Sin embargo, por una disposición interna se creó un sistema de «gestión electrónica de proveedores» que implicaba una suerte de reempadronamiento. A noviembre de 2013, La Usina figuraba como «proveedor registrado migrado al sistema actual, siendo que su estado es desactualizado por documentación vencida». 

«Tal circunstancia habría impedido que se lleven a cabo las contrataciones posteriores a noviembre de 2013 con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por no haber estado inscripta en el Registro Único de Proveedores», explicó el fiscal Velarde y aceptó ahora la Cámara.

El subsecretario de Administración dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público Lisandro Agustín Greco declaró en el expediente que «no le constaba que La usina haya estado inscripta en el listado de proveedores» y que le fue «recomendada por Néstor Landoni», un consultor en materia de «comunicación institucional» con llegada directa al ex jefe de Gobierno y hoy presidente de la Nación Mauricio Macri.

Según los camaristas Alberto Seijas, Carlos Alberto González y Ricardo Matías Pinto, «La Usina Producciones SRL percibió del Gobierno de la Ciudad la suma total de $ 24.718.595,48 y tuvo un una utilidad bruta de $ 19.073.606,41». «