“Así, es imposible seguir”. La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, concretó este lunes la recusación contra la jueza María Eugenia Capuchetti, quien tiene a su cargo la investigación por el intento de magnicidio en su contra.

La crítica a la actuación de la magistrada es durísima. Con las firmas de los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal, la víctima del intento de homicidio del 1 de setiembre pasado destacó: “Estamos ante una de las causas más relevantes de nuestra historia democrática, y necesitamos que la investigación esté liderada por alguien voluntarioso y que las decisiones las tome un/a juez/a imparcial, comprometido/a con la verdad y la justicia, y no con no molestar a quienes no hay que molestar”.

Según la presentación, de casi 40 páginas, la jueza Capuchetti tuvo actitudes “como mínimo, negligentes desde, literalmente, el primer día de investigación”.

“Estas situaciones ya hubieran sido suficientes para que la instrucción fuese remitida a otro juez”.
La querella repasó todos los errores y omisiones que le achaca a la magistrada, desde el borrado del contenido del teléfono del principal imputado, Fernando Sabag Montiel, hasta la reticencia a avanzar en las líneas de investigación sobre el diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman y el presunto financiamiento de los agresores.

Ubeira y Aldazábal manifestaron que al principio de la investigación decidieron “confiar” en la jueza, pero el discurrir de los días ahuyentó esa confianza. “En las últimas horas, nos dimos de bruces con que la jueza visitaba regularmente la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri. Dicha agencia estaba dirigida por Gustavo Arribas y Silvina Majdalani, quienes tienen un procesamiento firme por espionaje ilegal al Instituto Patria”, resumió la presentación.

Los argumentos de CKF

“Si esta instrucción la completa María Eugenia Capuchetti, todos seremos noveles Sócrates que solo sabremos que no sabemos nada. La instrucción habrá estado a cargo de alguien que ni sabe ni quiere investigar”.

El escrito subrayó las llamativas circunstancias en que se perdió una prueba clave: el contenido del teléfono de Sabag Montiel, que se borró supuestamente de manera accidental cuando fue manipulado por efectivos de la Policía Federal en el despacho de la jueza.

No fue lo único. “La prueba más relevante que pasó por las manos de Capuchetti terminó destruida, tardó semanas en hacer los allanamientos más básicos, y toda línea fuera de Sabag, Uliarte y Carrizo se la tuvo que marcar esta querella. Nunca reclamó los refuerzos de personal que la Corte no le dio, con el argumento de que su juzgado podía afrontar la investigación. Pero todas las pruebas relevantes las señalamos dos abogados, por nuestra cuenta, y no el dream team judicial, que ni siquiera pudo (o no quiso) ver a Milman en un video de pocas horas. En las testimoniales, la jueza investigadora no realiza preguntas y los testigos los llama sólo a pedido de parte”, apuntó la recusación.

También respecto de Brenda Uliarte se produjeron anomalías señaladas por la querella: “A las pocas horas del atentado, se supo que Uliarte, pareja de Sabag Montiel, había estado involucrada.

Aquí, las irregularidades se repitieron. Primero, cuando la jueza le ordenó la intervención del celular de Uliarte con modalidad de escucha directa a la PFA, esta fuerza tardó varias horas en hacerlo. Nunca sabremos qué pasó en ese lapso, pero lo cierto es que el seguimiento del juzgado a la medida debería haber sido minuto a minuto”.

Cuando Sabag Montiel decidió renunciar a su defensa oficial y encargarle a otro fundamentalista de ultraderecha, Hernán Carrol, que se ocupara de buscarle uno nuevo, la jueza tampoco profundizó esa línea pese a que –según plantea la recusación- “Carrol había dado una charla con Brenda Uliarte en Instagram pocos días antes del atentado (18 de agosto) y, en sus redes, constaba una serie de publicaciones de extrema violencia hacia Cristina Fernández. Esta presentación generó un informe de la PSA que identificó que, efectivamente, habían existido comunicaciones entre Carrol y Uliarte, y que Uliarte y Sabag habían ido al cumpleaños de un amigo de Carrol, Martín Almeida. Almeida y Carrol eran parte del grupo denominado Nueva Centro Derecha”.

Carroll declaró 20 días después de que se lo pidiera la querella. “Nunca les secuestró los celulares. Para peor, durante la testimonial de Carrol se dio la bizarra situación en la que la jueza no quería secuestrar su celular, aun cuando el propio Carrol estaba dispuesto a entregarlo”.

Pero el punto central del enfado de la vicepresidenta con la falta de investigación gira en torno a Milman y a sus dos colaboradoras, quienes primero negaron haber estado en el bar Casablanca cuando un asesor parlamentario dice haberlo escuchado decir dos días antes del intento de magnicidio “cuando la maten yo voy a estar camino a la costa” y ante la evidencia fílmica de que efectivamente habían estado en el lugar, negaron haber escuchado esa frase.

Capuchetti llamó a declarar a las colaboradoras de Milman, Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, “a quienes debería haber convocado un mes antes y a quienes debería haberles secuestrado los celulares ni bien conoció su identidad. A la jueza no le importó que le mientan en la cara”.

El cuestionamiento, más allá de lo estrictamente técnico (es altamente probable que la recusación sea rechazada porque no invoca ninguna de las causales contempladas por el Código Procesal Civil y Comercial) apunta de lleno a la buena fe de la jueza. “Ha actuado durante el proceso de forma totalmente reticente a investigar cualquier línea que involucre gente que vaya más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo”, afirmó la querella.

“Su apartamiento no solo tiene que ver con los derechos de esta querella, sino que es imperante para que la sociedad argentina conozca la verdad acerca de lo sucedido. Ya nos hemos cansado de vivir en la incertidumbre debido a la impericia o, directamente, el accionar delictivo de la justicia”.