El ex titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, aseguró hoy que las sociedades anónimas offshore que se constituyen en paraísos fiscales son «para ocultar los verdaderos dueños del negocio». Lo dijo al declarar como testigo ante el juez Sebastián Casanello, en la causa que investiga las declaraciones juradas del presidente Mauricio Macri en relación a los Panamá Papers.

La justicia investiga si el presidente incurrió en el delito de omisión maliciosa en su declaración jurada de bienes, donde no figuraban las firmas offshore Flegin LTD y Kagemusha, la primera de las cuáles aparece en los registros divulgados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

El experto que estuvo a cargo de la IGJ desde 2003 a 2005, es decir durante los dos primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, fue consultado sobre las ventajas de constituir empresas offshore como las que el presidente ya admitió ser accionista, aunque aseguró que estaban inactivas o pertenecían a su padre, quien sí las habría declarado ante el fisco argentino. «Se hace para ocultar los verdaderos dueños del negocio, así como ocultar patrimonios detrás de la máscara de sociedades que se caracterizan por su poca transparencia», declaró Nissen. Para el experto, «nadie que recurra a una sociedad offshore persigue fines legítimos y la mayor parte, pero no la única, obedece a la evasión fiscal, lavado de activos, pago de coimas y en menor medida defraudación del cónyuge en los divorcios», enfatizó.

La semana pasada, la Unidad de Información Financiera (UIF), que depende del Ministerio de Justicia, confirmó que el presidente «conformaría» el directorio de Kagemusha, con sede en Panamá, que no estuvo incluida en los Panamá Papers. La información de la UIF al juzgado es coincidente con la ya que había sido revelada por la prensa a comienzos de abril, luego de destaparse la gigantesca filtración de documentos del estudio panameño Moseck Fonseca, especializado en radicar cuentas offshore en paraísos fiscales.

La firma Kagemusha está radicada en Panamá con el folio N 71446, inscripta el 11 de mayo de 1981, con un capital social de 10 mil dólares, registrada por Eloy Benedetti y Rodrigo Arosemena, y como presidente tendría a Franco Macri, padre del mandatario. Los otros integrantes del directorio, siempre según la UIF, son Gianfranco, Francisco y Mauricio Macri, así como a Eloy Benedetti. «La empresa en cuestión no mantendría propiedades registradas en Panamá ni actividad comercial declarada, no mantendría antecedentes criminales ni se encontraría vinculada a procesos relacionados con drogas o criminalidad organizada, encontrándose en la lista de sociedades con riesgo de ser disuelta por el no pago de los impuestos anuales», sostuvo.

Nissen recordó al juez que la legislación argentina prohíbe la inscripción de este tipo de cuentas o sociedades pero que los dueños de estas firmas en paraísos fiscales «pueden hacer lo que quieran en cualquier parte del mundo, salvo en aquellos países en que está prohibida».