La datos oficiales advierten que Nación sigue empobreciendo a los sectores más vulnerables. Al mismo tiempo, la Ciudad de Buenos Aires persigue a aquellos que peor la están pasando.
Las políticas de Milei ya generaron una pobreza del 52,9% durante el primer semestre de 2024; la indigencia alcanzó el 18,1% en los primeros 6 meses de este año, y hay casi 25 millones de personas pobres de las cuales 8,5 millones son indigentes. Los datos oficiales del INDEC no relevan la cantidad de personas que quedaron en la calle por estas políticas y tampoco ponen en cuestión la ausencia del Estado en ese sentido. Mientras Milei sigue vulnerando a los sectores más empobrecidos del país, la Ciudad persigue y hostiga a quienes perdieron todo y hoy se encuentran en situación de calle.
El inminente cierre del Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte por parte de Nación, va de la mano con la violencia institucional que padecen a diario miles de personas sin techo que duermen en la Ciudad de Buenos Aires. Un gran porcentaje de “los sin techo” necesitan del acompañamiento del Estado, no solo en lo económico, también en la atención primaria de la salud pública y sobre todo de la salud mental.
Desde diferentes sectores aseguran que, desde que asumió Jorge Macri al mando del Ejecutivo porteño, profundizó el hostigamientos y la persecución contra las personas en situación de calle: armado de causas, internaciones intempestivas y el robo de las pocas pertenencias que tienen; son solo algunas de las situaciones que sufren a diario las miles de personas que duermen a la intemperie.
Por esta razón, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos CABA (APDH), presentó en sede judicial un recurso de amparo solicitando la suspensión del “Protocolo de atención a personas en situación de vulnerabilidad habitacional con padecimientos de salud mental y/o consumo problemático” firmada por la Subsecretaría de Atención Hospitalaria del Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Inclusión Social y Atención Inmediata del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Seguridad, publicada el 06/03/2024.
La presentación de este recurso judicial junto a una gran cantidad de organizaciones que defienden los derechos de las personas en situación de calle, tiene que ver con una serie de denuncias que hemos recibido a lo largo de este año y que son vinculadas a la violencia institucional que han sufrido y sufren las personas en situación de calle en la Ciudad”, contó a Tiempo María Elena Naddeo, copresidenta de la APDH CABA.
El recurso de amparo cuenta con la adhesión de organizaciones que integran la Multisectorial de la Ciudad: la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de calle, la CTA-T CABA, ATE Capital, Unión de Trabajadores de la Educación y Metrodelegados, entre otras.
Naddeo advierte que una gran cantidad de organizaciones que firmaron esta presentación tienen merenderos y comedores comunitarios, a los cuales se acercan las personas que han sido despojadas de sus derechos, que en su mayoría provienen de desalojos y de situaciones de pérdida de trabajo, de violencia intrafamiliar y violencia policial.
“Nosotros hemos visto con mucha preocupación que se utiliza el protocolo que se aprobó entre los Ministerios de Desarrollo Humano, Salud y Seguridad, con una interpretación forzada de la Ley de Salud Mental. Generan intervenciones de carácter compulsivo que están contraindicadas justamente por esa misma Ley, en vez de acercarles equipos interdisciplinarios que puedan atender en calle, o consultorios móviles, carpas itinerantes, para ser escuchadas”, agrega la copresidenta de la APDH CABA.
Las muertes en situación de calle
Por último, Naddeo recuerda que durante el invierno y las noches más frías del año, en la Ciudad hubo desamparo y muerte. Este año se contabilizaron aproximadamente 11 personas fallecidas en la calle, en las condiciones de frío más extremas. También hemos visto cómo se han separado a niños de corta edad de su grupo familiar para impedir que las condiciones climáticas los afecten, teniendo los niños prioridad en la atención de salud. El problema es que se llevan a los niños y después esas madres y esos padres no reciben ayuda para poder recuperarlos. Muchas de estas mamás, estos papás están atravesados por consumo”, suma y termina: “a esas familias les es muy difícil recuperar a los chicos que ya son alojados en hospitales y también en hogares convivenciales bajo protección del organismo de infancia, de la justicia civil. Por eso es que pedimos la suspensión del protocolo, que cesen las medidas persecutorias, que se amplíen los hogares, que se amplíen las políticas públicas para el acceso a la vivienda, que se amplíen los equipos interdisciplinarios de atención en calle”.
El recurso de amparo recayó en el Juzgado Contencioso y Administrativo Nº 4 a cargo de la Dra. Elena Liberatori.
