El escándalo de los aportes truchos en las campañas de Cambiemos empezó a salpicar también las elecciones en la Ciudad. Empleados de empresas contratistas de la Ciudad y de Nación figuran como aportantes en las campañas presidencial de 2015 y legislativa de 2017.

Las firmas que se reparten el negocio de la seguridad privada estuvieron entre las más generosas: aportaron dinero y datos personales de sus empleados que, se sospecha, habrían sido utilizados para justificar contribuciones en negro. 

Una de las personas que se repite en diferentes campañas es Brenda Erika Ossa, quien figura con un aporte de $ 95 mil para las Primarias de 2015, otros $ 30 mil para las presidenciales y con una donación de $ 16.500 para la campaña porteña de Elisa Carrió. Más de 140 mil pesos de contribuciones en tres campañas. La propia Osso aclaró al diario Perfil que nunca realizó esas donaciones. «La empresa usó mis datos para justificar aportes», aclaró desde España, donde reside ahora. Y agregó: «Entiendo que con otros compañeros de la firma hicieron lo mismo».

La firma en cuestión es Murata SA. Fundada en 1991, la compañía lleva una década bajo control de Roberto Raglewski, exjefe del Departamento de Operaciones Federales de la Policía Federal hasta que, en 2004, pidió su retiro en medio de un escándalo de corrupción.

Raglewski también integró el directorio de Yusion SRL, otra compañía de seguridad que aportó dinero y media docena de empleados a la listas de aportantes PRO. Según los registros, empleados de las dos firmas relacionadas con Raglewski y de otras dos firmas colegas (Briefing Security-Impes y Verini Security SA) aportaron a la fórmula Macri-Michetti unos $ 875 mil, y al menos 500 mil pesos en la elección legislativa de 2017.

La empresa fue beneficiada en noviembre de 2015, cinco días antes de dejar la Jefatura del Gobierno porteño, con contratos por 4400 millones de pesos por cuatro años de «servicios de seguridad y custodia». Sólo para Murata, el contrato porteño implicó un incremento del 600% en su facturación. Y a eso se le sumaron nuevas contrataciones extendidas por Nación, donde además de ejercer tareas de custodia opera como fuerza de choque para amedrentar a trabajadores estatales, como ocurrió en el INTI.