La Inspección General de Justicia (IGJ) dispuso este lunes “la fiscalización estatal limitada” de Caputo Hermanos S.A. y le aplicó una multa de cien mil pesos «por cada uno de los estados contables por los ejercicios cuya presentación omitió”, todos desde 2005 hasta la actualidad, lo que totaliza 1,8 millones de pesos.

El organismo que encabeza el abogado Ricardo Nissen ordenó una inspección sobre la sociedad después de que se conocieran pagos a una carpintería propiedad de Jonathan Morel, uno de los referentes del grupo de ultraderecha Revolución Federal, que en sus consignas llama a “perseguir a kirchneristas”.

“Desde su misma constitución, la sociedad Caputo Humanos S.A. no registró nunca sus estados contables en esta IGJ y el pago de las tasas anuales de inspección sólo fueron abonadas desde los años 2005 al 2008, sin abonar tasas posteriores. Por tales motivos, la sociedad Caputo Hermanos S.A. fue incluida por este organismo dentro del listado de las ‘sociedades inactivas’”, explica la resolución.

Los negocios de los Caputo y Revolución Federal

La IGJ intentó el 17 de octubre pasado realizar una inspección en la sede de la empresa de la familia de los ex funcionarios Nicolás y Luis Caputo, del gobierno de Mauricio Macri. Según consta en la documentación del expediente, personas vinculadas con la empresa “impidieron el ingreso de los inspectores al domicilio legal inscripto por lo que no se pudo realizar la visita de inspección ordenada”.

Sin embargo en esos días Caputo Hermanos regularizó algunas de sus cuestiones sospechadas de anómalas. El mismo 17 de octubre “se presentó el apoderado de la sociedad, respondiendo parcialmente lo solicitado por la citada acta”. Pero, por ejemplo, “no se exhibieron los libros contables y no se acompañaron copias”.

Tal como anticipó Tiempo en su edición del domingo, la IGJ confirmó que los dos fideicomisos de Caputo Hermanos a través de los cuales se canalizaron los pagos a Revolución Federal nunca fueron registrados.

“Caputo Hermanos es parte fiduciaria de dos fideicomisos: Fideicomiso Santa Clara al Sur y Espacio Añelo, constituidos en 2013 y 2019 respectivamente, que nunca fueron inscriptos en el Registro Público a cargo de esta IGJ, a pesar de lo expresamente resuelto por este organismo en la resolución general del 31 de julio de 2020, que obliga a los otorgantes de dichos contratos a llevar a cabo su registración”.

Pero, además, la IGJ determinó que el estatuto de la empresa de los Caputo “no incluye en su objeto su actuación como fiduciaria en contratos de fideicomiso, lo que es imprescindible atento la naturaleza y efectos emergentes de dicho contrato”. En la documentación contable de la empresa «no se hace la menor referencia a la inversión en fideicomisos”.

“En ningún momento se informa sobre los fideicomisos, sobre cuya constitución, transferencia fiduciaria, cuentas o resultados no se le dedica una sola acta de directorio”.

Para la IGJ, “existen importantes presunciones e indicios de que la sociedad Caputo Hermanos S.A. puede configurar una sociedad simulada, siendo ésta compañía sólo un instrumento formal que utilizan os hermanos Flavio Nicolás Luis Caputo y Hugo Luis Pascual Caputo para llevar a cabo sus negocios personales, con la participación de la hermana de ambos, Rossana Pía Caputo, que supo ocupar, en alguna oportunidad, en cargo de directora suplente de dicha sociedad”.

Las conclusiones del informe sostiene que la empresa “incumplió todas las cargas registrales, nunca aumentó su capital social, las actas de directorio son falsas, simuladas y se destacan fundamentalmente por la falta concreta de información sobre la gestión del directorio, no existen actas de directorio que se refieran a la constitución, funcionamiento y resultados de los fideicomisos, las actas de asambleas son formularias, pues todas son unánimes y tienen exactamente la misma redacción y los accionistas jamás perciben dividendos y los administradores renuncian a su derecho a ser remunerados”.

Además, la IGJ determinó que “la sociedad Caputo Hermanos S.A. se encuentra totalmente infracapitalizada, pues jamás aumentó su capital social, que hoy continúa siendo de 12 mil pesos, que es una suma absolutamente insignificante para cumplir con las funciones de productividad y garantía que cumple el capital social de toda sociedad anónima”.

Cuando se constituye una empresa, lo habitual es que el capital inicial consignado sea el mínimo que establece la ley, que en este caso es de 12 mil pesos. Caputo Hermanos se constituyó, según la documentación, con ese capital el 3 de junio de 2004. El acta fue registrada ante el escribano Claudio Caputo.

La resolución precisa que “los únicos socios de la entidad, Flavio y Hugo Caputo, estaban registrados en el pasivo como deudores de la sociedad por millonarias sumas de dinero, lo cual fue registrado en los estados contables hasta el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2019”. Además, según surge de la documentación analizada por la IGJ, “dentro del pasivo y hasta el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2019, el hermano de ambos accionistas, Luis Caputo, figuraba como acreedor de la sociedad en calidad de prestamista por la suma de 200 mil pesos”.

El informe concluye que “Caputo Hermanos es una sociedad que carece de toda transparencia e incumple en forma deliberada con todas las cargas que mantiene con la IGJ, a los fines -con toda seguridad- de evitar el conocimiento por parte de este órganos de control de los terceros interesados y del tráfico mercantil en general, de cualquier dato que pudiere resultarles de interés”.

La resolución subraya “su actuación totalmente irregular y opaca, su reticencia de aportar documentación legal y contable y la casi nula información que surge de sus libros sociales y contables”.