La Defensoría de Casación bonaerense afirmó que durante el 2016 se registraron 673 casos de torturas y tratos inhumanos en dependencias penitenciarias y comisarías, de las cuales sólo 340 fueron denunciados, mientras que los restantes 333 solicitaron la reserva para evitar represalias.
«Resulta especialmente preocupante que en muchos casos las víctimas resultan personas en situación de mayor vulnerabilidad como mujeres (15 casos) y niños menores de 18 años (133 casos), no obstante la prohibición legal y judicial de su alojamiento en comisarías en estos últimos casos», manifestó el informe anual sobre Registro de Casos de Torturas y Tratos Inhumanos en comisarias en la provincia.
Los números alarmantes sobre la violencia policial arrojan un total de 327 casos, 307 son de brutalidad mediante golpes de puños, patadas, ducha fría, entre otros tormentos.
Se hace referencia a un muestreo de 33 casos recopilados en el 2016, mediante el programa «Causas fraguadas/armadas», donde se analizan y describen patrones sistémicos en la actuación irregular de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y que conduce a la posibilidad de que haya inocentes presos.
La violencia penitenciaria, registra 331 casos durante el 2016, con distintas modalidades: golpes de puño y patadas 226 casos, asfixias o quemaduras 15 casos y agravamiento por aislamiento 68 casos.
En el escrito del organismo se describe también el grado de deterioro y desidia de las instalaciones penitenciarias y policiales y se denunció la falta o inadecuada atención médica en 291 casos.
A partir de los datos relevados, la Defensoría de Casación requirió a los poderes del Estado Provincial una serie de medidas, entre las que citó la creación de un mecanismo de prevención de torturas; la policía judicial y que la Salud penitenciaria sea prestada por el Ministerio de Salud provincial.
