Gran parte de los movimientos sociales, sindicales y políticos que se opusieron al acuerdo con el Fondo apoyan la creación del «Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI» impulsada por senadores y senadoras del Frente de Todos. Esta semana, referentes gremiales de diferentes sectores estarán en el Senado para expresar su acompañamiento a la ley que involucra a las personas que tengan bienes fugados y que no están declarados ante el fisco. Tiempo Argentino recolectó opiniones.
La semana pasada, a 40 años de la protesta histórica que reclamó “Paz, Pan y Trabajo” durante la dictadura militar, referentes de sindicatos de todo el país difundieron un documento en el que sostuvieron que el acuerdo con el FMI lo tienen que pagar quienes fugaron dinero durante el macrismo. El diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, que encabeza las firmas junto al líder de Camioneros, Pablo Moyano, y de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, indicó que “es fundamental poner en la mira al parasitismo financiero”.
“Representamos un espectro muy amplio del mundo sindical. Y nuestra propuesta apunta a que paguen la deuda los que se beneficiaron con ella, los que fugaron capitales. Un sector que, además de especular, lo hace evadiendo impuestos, lavando dinero, cometiendo ilícitos de distinto tipos. Son delincuentes de guantes blancos. Me parece excelente que haya una iniciativa parlamentaria para generar un instrumento legal que permita caer sobre ellos, para que con esos recursos mal habidos se pueda engrosar parte del pago de la deuda. No queremos que sean los asalariados los que paguen, como lo que vimos en la década del ’90. Es un criterio de justicia”, le dijo Yasky a este diario.
Desde los movimientos sociales también acuerdan con la iniciativa. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), una de las organizaciones que se movilizó para rechazar el acuerdo, considera que es importante para que no recaiga en los sectores populares. La secretaria general adjunta, Dina Sánchez, dijo que “es una forma de que la deuda externa no la paguemos quienes somos acreedores de una deuda interna. La plata que se necesita para la deuda interna, los 18 millones pobres que tenemos, es plata que se destina para pagar al FMI. No debería ser así. Los que la fugaron siguen ganando porque son los que siguen especulando con los alimentos”.
El referente nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), Agustín Sánchez, dijo: “Cuando se cerró el acuerdo, salimos a decir que no estábamos de acuerdo porque entendemos que es legalizar, blanquear y formalizar la deuda. Lo primero que había que hacer era investigar la deuda que tomó Macri y después salir a negociar. Por supuesto, acordamos que la deuda la paguen los que fugan guita o tienen plata afuera del país”.
Los movimientos sociales opositores al gobierno consideran que no es necesario sancionar una ley. “Creemos que hay que profundizar la investigación que ya está iniciada. No hay que esperar a tener ley, hay leyes vigentes y herramientas que ya tiene el Estado argentino, no hacen falta figuras nuevas. Lo que ya está en curso debería acelerarse, llevar a los organismos internacionales porque, si no, se está legitimando el acuerdo y una deuda fraudulenta”, dijo Silvia Saravia, coordinadora del Movimiento Barrios de Pie.
Los diputados y diputadas del Frente Patria Grande, que tienen como referente nacional a Juan Grabois y que en la votación se abstuvieron, consideran que el proyecto implica “justicia impositiva y social”. El legislador Federico Fagioli dijo que su espacio va a trabajar para que el proyecto salga. “No hay mucho margen para que la Argentina pague de otra forma. Macri y el FMI, que llevaron adelante esta estafa, tomaron 45.500 millones de dólares y en ese período se fugaron más de 40 mil millones. Está comprobado que la usaron para la fuga de capitales. Es hora de que empiecen a contribuir para pagar esta deuda y que no caiga sobre la espalda de los argentinos y argentinas, que la están pasando muy mal. Que nos permita invertir en políticas para revertir esta situación económica y social”, le dijo a este diario.
Suteba es otro de los gremios que adhiere a la solicitada. María Laura Torre, secretaria adjunta en la Provincia de Buenos Aires, sostuvo que es importante sumar una correlación de fuerza de todo el campo popular para que sea bien entendido. “No estamos creando nuevos impuestos, es hacer que el que evadió impuestos, pague. Esto implica la unidad de todo el espectro político, social y sindical. Si no hay unidad, los que evaden y fugan siempre van a seguir ganando. No se trata solo de hacer una ley, después quienes nos gobiernan tienen que tener fortaleza política y en la calle, las organizaciones, la fortaleza para sostener esto”, indicó. «
