El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, explicó que el objetivo del gobierno es “mantener una población gravada por el Impuesto a las Ganancias cercano al 10 por ciento de los asalariados”, que “representan entre el 25% y 26% de la masa salarial total”, al explicar la suba a 175.000 pesos del piso de tributación y que exime de pagarlo a 1.267.000 empleados.

La medida “entra en vigencia a partir de septiembre, no es retroactivo”, dijo esta tarde Moroni en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, al término de una reunión que mantuvo con el presidente Alberto Fernández.

El funcionario aclaró que “aquellas empresas que ya hicieron las liquidaciones, las retenciones, las cifras serán devueltas por la AFIP”. Además, el ministro explicó que el aguinaldo o Sueldo Anual Complementario de diciembre no estará alcanzado por el Impuesto a las Ganancias para aquellos trabajadores “cuyo salario promedio en el segundo semestre sea inferior a $ 175.000”.

Entre los fundamentos, Moroni señaló que “con el avance de los salarios el universo de asalariados de cuarta categoría que pagaba el tributo era mayor”, del orden “del 20%”, y refirió que “la idea del gobierno, a través de la facultad que tiene el Poder Ejecutivo, es mantener una población gravada cercana al 10%”.

“Hay que entender el concepto de que paga el 10% de asalariados de mayor salario, que es un 25% o 26% de la masa salarial total”, expresó Moroni, lo que consideró «una solución justa» para que “ya no alcance ese 20%. No queremos más que eso”, puntualizó respecto a ese 10% de asalariados que pagan, “pero tampoco menos que eso”, completó Moroni.

Además, se refirió al proyecto de algunos dirigentes de la oposición de implementar despidos sin indemnización es una idea que “está equivocada” y que además se contrapone “con la Constitución Nacional en cuanto al despido arbitrario”, reflejado en el artículo 14 bis.

“El contrato de trabajo no es solo monetario, sino que se trata de modos de contratos sociales” y destacó que además “están protegidos por sindicatos fuertes”.

El ministro se opuso a “cambiar un modelo que en la Argentina anduvo muy bien” y ejemplificó que entre 2007 y 2012 “se dio el período de mayor crecimiento del empleo, con estas mismas normas laborales”.

En cuanto a la suba del salario mínimo anunciado el martes pasado, Moroni sostuvo que “ninguna de estas medidas es electoralista”, sino que el haber “venía muy retrasado y se está haciendo crecer por arriba de la inflación”, explicó.

El titular de Trabajo recordó que cuando se reunió el Consejo del Salario Mínimo, en marzo último, “se acordó una revisión en septiembre”, y sobre el monto admitió que “siempre se espera uno mayor, pero en este primer paso se lo está haciendo crecer por encima de la inflación”.

El funcionario aclaró que el salario mínimo, de $ 31.104 a partir de este mes y que se elevará a $ 32.000 desde octubre y a $ 33.000 pesos en febrero, “es para una persona soltera libre de cargas familiares” para diferenciarla “de la canasta básica” de $67.577 para una familia tipo.

En el objetivo del gobierno de cambiar planes sociales por ocupación genuina, Moroni resaltó que “el mayor modo de inserción es el trabajo” y reseñó que el país venía “de dos años de recesión y caída del empleo y luego tuvo el peor año de la historia económica del mundo” por la pandemia del coronavirus.

Los planes asistenciales “se analizarán sector por sector” y no “como una medida global”, manifestó el ministro, y ejemplificó que “la zafra, que es una actividad temporaria de entre tres y cuatro semanas, se mantiene la compatibilidad de ese trabajo registrado con los planes sociales”.

“Con (el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat) Jorge Ferraresi venimos trabajando en una serie de programas y en breve habrá anuncios”, señaló Moroni, y advirtió que la salida de los planes hacia el trabajo registrado «no será un vuelco rápido sino en meses», aunque rescató que eso “hay que iniciarlo”.

Sobre el eventual regreso del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), dijo que en 2020 fue “una medida extraordinaria” cuando “no había ninguna posibilidad de circulación” por la pandemia, pero “hoy las restricciones son mínimas, casi inexistentes”, y por eso se analizará “de manera focal” su posible instrumentación.

En la misma línea, remarcó que Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP) “se utilizó en los sectores industriales, hoy ya no, y en los de servicios, que aún sí”, pero para ese segmento “se implementaron los Repro, para asistir a 400.000 empleados de turismo, hotelería y gastronomía y a entre 70.000 y 80.000 monotributistas de actividades críticas”.