El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, le concedió a un testigo que declaró contra Milagro Sala, René «Cochinillo» Arellano, una jugosa adjudicación directa por casi tres millones de pesos a pesar de que tanto él como su familia figuran como empleados de la administración jujeña.
El gobierno de Morales le adjudicó directamente a la Cooperativa Newen Limitada, de la familia Arellano, $2.861.000 en noviembre de 2017. Según documentos publicados por los periodistas Horacio Verbitsky y Juan Amorín durante el programa El Destape, el pago a se llevó a cabo a través de la Secretaría de Planificación de la provincia, por el servicio de «contratación de personal para el parque Tecnópolis Federal» y bajo el número de expediente 600-751-2017.
Durante el juicio, Arellano declaró haber participado en una reunión con Sala en la que se habría planificado el escrache a Morales en 2009 por el que la dirigente social fue condenada como instigadora.
En diálogo con El Destape, Arellano admitió su participación en la Cooperativa Newen, cuya titularidad es de su hijo Fredy, aunque luego, notoriamente nervioso, decidió desdecirse y reducir todo a que simplemente «da una mano» en ella ya que quienes la administran son «muy jovenes».
«Extraño sería si no se hicieran las obras, pero acá se hizo todo», se defendió Arellano.
«Con el sueldo de la gobernación no alcanza», se quejó Arellano durante la conversación. Es que según la investigación inicial, encarada por Verbitsky y los periodistas Mariana Escalada y Agustín Ronconi, de El Disenso, se había revelado que el propio Cochinillo trabajaba para la administración de Morales, y que incluso, desde 2014, lo hacía en el municipio de San Salvador de Jujuy.
Además, en el artículo quedó expuesto también el impresionante crecimiento de la Cooperativa montada por la familia del Cochinillo: de no tener empleados ni movimientos, pasó a entrar en ebullición a medida que se acercaba el juicio a Sala: recibió $822.000 de origen desconocido durante 2016.
Arellano, su pareja y su hijo, Fredy, son empleados de la gobernación de Morales y por esa situación había sido cuestionado durante el juicio oral a Sala. Si se suman los salarios de la familia Arellano, los $822.000 pesos que administraron en los meses previos al juicio y los $2.861.000 que recibió su cooperativa posteriormente, se obtienen 4 millones de pesos desde que Cochinillo se prestó a declarar sin pruebas contra la dirigente social.