El juez Alberto Baños, un antiguo colaborador en el juzgado de Jaime Far Suau, tiene actualmente a su cargo la causa por el robo de las manos de Perón y el año pasado pidió un informe a los Estados Unidos para saber si la Agencia Central de Inteligencia (CIA) posee información sobre este hecho, ocurrido hace 30 años.

Según datos que aparecen en el libro «La Profanación», en 2012, el magistrado tuvo conocimiento de que la CIA tenía información del caso y pidió un informe.

Pero en una carta que lleva la firma de Michael Meeks, entonces secretario ejecutivo de la CIA, aclaraba que el organismo colaboraría sólo si la justicia de Estados Unidos así se lo indicaba.

Cuatro años después, el magistrado insistió al invocar un convenio de información bilateral suscripto entre Argentina y Estados Unidos; sin embargo hasta el momento no hubo una respuesta oficial.

Baños es un funcionario judicial muy reservado que no habla con el periodismo, y que, en abril de 1994, reabrió el expediente por este caso que se había cerrado poco tiempo después de la muerte de Far Suau.

La aparición de una copia de las llaves de la bóveda de Perón motivó la medida del magistrado, quien ante el temor de que se volviera a producir una nueva profanación, abrió de nuevo el ataúd y constató que todo estaba como quedó en 1987.

A lo largo de la investigación, incluso en tiempos de Far Suau se rumoreó que los perpetradores de la profanación robaron las manos para tener acceso a unas cuentas bancarias que poseía Perón en Suiza.

El número de esas cuentas estarían grabadas en un anillo que el ex presidente tendría en sus manos, o bien se podría acceder a ellas a través del reconocimiento de las huellas digitales del ex presidente.

En 1995, el juez le pidió al gobierno suizo que le confirme si existía un sistema de reconocimiento digital que permitiera tener el manejo de una cuenta bancaria, y la respuesta resultó negativa.

Tres años después, la sede local de la organización Amnistía Internacional recibió una carta en la que se acusaba al ex agente del Batallón 601 Carlos Alberto Di Caro de estar implicado en la profanación.

Baños puso el foco en la pista militar y contactó al entonces jefe del Ejército, Martín Balza, pero no se aportaron datos relevantes para la causa.

En 2007, Baños le pidió al Gobierno de Néstor Kirchner información sobre más de 50 personas, civiles y militares relacionados con la estructura de inteligencia de la última dictadura y que aparecían vinculados al robo de las manos de Perón.

Dos años después, recibió información de sólo uno de los nombrados en una sólo carilla que llevaba el membrete de la Jefatura de Gabinete.

Decidido a obtener algún resultado, el juez se llevó a su domicilio tres cuerpos de la causa con la intención de pedirle al Gobierno de Cristina Kirchner que le enviara algún dato.

Pero un grupo de personas ingresó en su domicilio de Baños, en la localidad de Adrogué, y tras cortar el sistema de alarmas de la casa, se llevó la documentación judicial y una computadora personal del juez.

Un familiar cercano al magistrado recibió ese día varias llamadas que con una voz fingida le preguntaron por un tal «Justino Valentino», un nombre que , según analistas del lenguaje de inteligencia significaría, «quien hace justicia y se hace el valiente».

Al año, Baños volvió a sufrir otra amenaza, esta vez le enviaron a su despacho un pequeño ataúd de madera con una bala y una foto suya con un punto rojo en la frente.

Frente a todo esto, el abogado Juan Gabriel Labaké actuó como querellante en representación de Isabel Perón en la causa que siguió al robo de las manos de su esposo, Juan Domingo Perón, y a 30 años de ese hecho, conjetura que «una venganza de tipo esotérico ordenada por la masonería inglesa» pudo estar detrás de la profanación que sufrió el cadáver del fundador del justicialismo.

«Cuando sucedió el robo de las manos, le recomendé al juez (Jaime) Far Suau seguir cinco hipótesis. Un hecho perpetrado por militares; una venganza de Montoneros; un pase de facturas de la logia P2 comandada por Licio Gelli; una operación de los servicios extranjeros de información o una acción de la masonería inglesa que odiaban a Perón. Hoy, me quedó con ésta última línea de investigación», sostuvo Labaké durante una entrevista con Télam.