La escena completa duró cuatro minutos. Al hombre encapuchado le sobró tiempo. En cuestión de segundos desactivó la alarma sonora del auto que pensaba robar, lo rodeó, le sacó el vidrio de la ventana a una de las puertas traseras y lo destrabó desde adentro para meterse sin problemas.

El asaltante llevaba guantes de látex blancos. Pretendía no dejar huellas. No improvisaba. Con el auto a su merced, no robó ni el estéreo ni la rueda de auxilio. No le importaron tampoco los elementos de valor que había en la gaveta. Salió del auto con un maletín, con un rejunte de papeles adentro.

La secuencia podría ser una más de las tantas policiales que transcurren a diario en la Ciudad de Buenos Aires. Pero no. El auto blanco intrusado fue el de la fiscal genera Gabriela Boquín. Estaba estacionado en la puerta de su casa en el barrio porteño de Núñez.

El robo fue registrado por una cámara de seguridad privada instaladas en la zona y Tiempo accedió a la grabación.

El episodio se produjo el 15 de octubre de 2016 pasadas las 12:30, días después de que la fiscal ante la Cámara Comercial recibiera el expediente del concurso del Correo Argentino SA, una empresa que pertenece al grupo Macri. Boquín se enteró del robo a pocos minutos de aterrizar en Madrid, adonde había viajado para participar de un encuentro de fiscales. Pero su marido, que estaba en Buenos Aires, hizo la denuncia al instante.

Casi un mes después, y alertada por el comisario de la zona, la fiscal Boquin entendió que no había sufrido un robo al voleo, que su auto había sido vulnerado por un experto y era oportuno solicitar custodia, al menos para la casa en la que vive junto a su marido y sus dos hijos menores de edad. Y realizó el pedido al Ministerio Público Fiscal (MPF).

La Procuración General, a cargo de Alejandra Gils Carbó, remitió el pedido de custodia al Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich, desde donde le llegó la primera respuesta negativa: el 22 de diciembre, el secretario de Cooperación de esa cartera con el Poder Judicial, el Legislativo y el MPF, Gonzalo Cané, respondió en un escrito al que accedió este diario que el pedido debía cursarse ante el Gobierno de la Ciudad.

La respuesta causó sorpresa en la Procuración que, de todas formas, direccionó el pedido de custodia para la fiscal general hacía el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, a cargo de Martín Ocampo, donde la respuesta también fue negativa: el 19 de enero dijeron que el pedido no podía ser acogido y que le correspondía intervenir a la Nación, por medio de la Policía Federal.

El incómodo intercambio finalizó cuando el Ministerio de Seguridad de la Nación asumió que les correspondía intervenir en el caso y tras aludir a una serie de «malos entendidos» envió la custodia requerida a la casa de Boquín, según pudo reconstruir este medio.

La secuencia ocurrió cuando el nombre de la fiscal y su foto todavía no se habían propagado por los medios de comunicación. Eso ocurriría poco tiempo después, cuando trascendió el dictamen que emitió el 30 de diciembre del 2016 en el que se opuso al acuerdo alcanzado entre el Correo Argentino SA y el gobierno de Macri por considerar que era «abusivo» y «ruinoso» para el Estado.

En febrero de este año se conoció públicamente el dictamen de Boquín sobre el concurso del Correo y el gobierno salió a cuestionarla con dureza. «No reúne las condiciones» para el cargo que ocupa y «dice cualquier cosa en su dictamen», sostuvo el diputado oficialista Pablo Tonelli. La presión aumentó. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, la acusó de no ir a una audiencia a la que no había sido citada. La fiscal estaba en el ojo de la tormenta.

Para esos días, la custodia dispuesta sobre su casa ya estaba fallando. Boquín dejó constancia de ello en una serie de notas que presentó ante la Procuración en las que describió cómo la cobertura sobre su casa presentaba fisuras, era itinerante. Su seguridad parecía ser una cuestión de fe.

En la primera semana de abril, y tras pasar varios días en una clínica porteña porque su marido había sido internado, Boquín regresó a su casa y se encontró con que la cerradura del auto de su marido había sido forzada. El hecho ocurrió a metros de la puerta de su casa. Nadie vio nada. Otra vez el peligro. Hizo una nueva denuncia.

Tres meses más tarde un nuevo episodio llamó su atención: su gato apareció muerto en la puerta de su casa. Nunca supo cómo ocurrió. Pero a fines de ese mes volvió a notar que fallaba la custodia. El 24 de junio llegó a su casa muy temprano por la mañana, porque venía de un viaje académico al exterior, y se encontró con que la posta policial no estaba.

Las dos denuncias relacionadas con la seguridad de Boquín están en manos del fiscal de instrucción de Núñez, José María Campagnoli. Este diario intentó contactarlo sin éxito.

Desde su fiscalía informaron que ambos casos están siendo investigados. «

Fiscales en peligro

El robo de los papeles del auto de la fiscal Boquín y las posteriores respuestas que recibió el Ministerio Público de parte de las carteras de Seguridad de la Nación y la Ciudad dejaron en evidencia que los fiscales están (siguen estando) en peligro.

Para avanzar en busca de soluciones sobre la seguridad de los representantes del ministerio público, en junio pasado se llevó adelante la primera reunión de la Mesa Interinstitucional para la elaboración Protocolo para la Seguridad de los Fiscales con el objetivo «optimizar los mecanismos de protección a magistrados y funcionarios», según se informó de manera oficial.

El encuentro se realizó en el Ministerio de Seguridad de la Nación que tuvo como representante al secretario de Cooperación con los poderes judiciales, ministerios públicos y legislaturas del ministerio, Gonzalo Cané.

La reunión contó con la participación del fiscal federal Carlos Rívolo (por la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal), de la subsecretaria letrada de la Procuración General de la Nación, Paula Mallimaci Barral y de la secretaria general de Gestión Administrativa de la Procuración General de la Nación, fiscal María Josefina Minatta, entre otros.

Hablaron de la seguridad personal de los fiscales pero también de otros temas urgentes como la custodia de los edificios donde trabajan. «En Comodoro Py se mete cualquiera y hace lo que quiere», sostuvo una de las fuentes consultadas para esta nota. El jueves de esta semana se llevará a cabo el segundo encuentro.