A pocos días de que asuma el nuevo gobierno de Javier Milei, una organización de militares le pidió al nuevo presidente que elimine la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH), área clave del Ejecutivo en el impulso de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Se trata de la Unión de Personal Militar Asociación Civil, que suele tener posturas negacionistas y ha solicitado en varias ocasiones la liberación de sus “camaradas injustamente detenidos”.
En un comunicado difundido la semana pasada, la organización reclamó al mandatario entrante que elimine la Secretaría. “Lejos de velar por el cuidado de los derechos esenciales de todos los habitantes de República Argentina, solo se ha dedicado a impulsar como querellante los llamados “juicios de lesa humanidad”, que no son más que la “máscara” de la JUSTICIA VENGANZA que sirvió y sirve para humillar al personal militar, de fuerzas de seguridad y policiales, que participaron en la guerra antisubversiva de los años 70”, sostuvo.
Además del pedido general, la Unión de Personal Militar apuntó contra un abogado y dos peritos de la SDH, quienes se encargan de realizar las juntas médicas en casos de pedidos de prisión domiciliaria o de que algún acusado pida ser apartado por cuestiones de salud.
En varias ocasiones, las pericias de estos especialistas lograron revertir decisiones que beneficiaban injustamente a represores. Es por eso que la organización consideró que son “indignos de su profesión” al señalar que “someten injustamente a los agentes del Estado imputados en dichos juicios a dictámenes tendenciosos y apartados de todo rigorismo jurídico y científico, con el propósito de imponer la teoría que ellos llaman impunidad gerontológica”.
La UPMAC es una organización civil creada en 2002 e integrada por militares retirados y en actividad de las tres armas. La comisión directiva está encabezada por el coronel retirado del Ejército Francisco Verna y también la integran oficiales retirados de la Marina y de la Fuerza Aérea.
Si bien no es la primera vez que sostienen estas posturas públicamente, el cambio de gobierno y la llegada al Estado nacional de referentes negacionistas, como la vicepresidenta electa Victoria Villarruel, le da un peso aún mayor. Años atrás la UPMAC también se presentó ante organismos internacionales para denunciar la “persecución” y la “detención arbitraria” de los exmilitares que son investigados y enjuiciados por su participación en el terrorismo de Estado.
