“No puedo empezar el alegato sin hacer mención que 15 años atrás nuestro país se encontraba en estado de sitio en virtud de los graves hechos del 19 y 20 de diciembre, las jornadas más dramáticas de nuestra reciente democracia con más de 30 muertos en manos de las fuerzas policiales. Tristemente, este 21 de diciembre nos encuentra en este juicio, que es vergonzoso porque fue motivado por una protesta pública contra un funcionario público”, dijo Elizabeth Gómez Alcorta, la abogada de Milagro Sala, al iniciar su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy en el primer proceso que enfrenta la dirigente de la Tupac Amaru. La defensora habló al cierre de una jornada maratónica en la capital de esa provincia del NOA, que comenzó con un episodio de represión policial sobre un grupo de diputados nacionales, provinciales, legisladores porteños y de distintos puntos del país.

El final de lo que se esperaba que fuera el último día de audiencia terminó con la ratificación de lo que los jueces venían insinuando desde el martes: que Milagro pasará la Navidad sin saber cuál es el resultado del juicio luego de que el Tribunal decidiera correr la sentencia una semana: la última audiencia será, finalmente, el miércoles 28.

La decisión de los magistrados se produjo a las 2 de la madrugada, luego de los alegatos en los que los defensores desarticularon los argumentos de la querella, que pidió ocho años de cárcel, y de la fiscalía, que pidió condenar a la diputada del Parlasur y los otros dos imputados a una pena de tres años de cumplimiento condicional.

“Con el alegato minucioso que pudimos presentar quedó absolutamente de manifiesto que los únicos dos testigos que presentó Gerardo Morales han mentido no una o dos veces, sino en distintos momentos y que todo su argumento ha caído”, explicó Gómez Alcorta, que alegó durante dos horas. La defensa pidió sobreseer a Milagro Sala y pidió la absolución por ausencia de prueba y prescripción de los delitos.

Milagro Sala llegó al juicio acusada de ser instigadora de los delitos de amenazas coactivas y daño agravado por el escrache realizado el 16 de octubre de 2009 al entonces senador Gerardo Morales, quien junto al entonces auditor General de la Nación, Leandro Despouy, daba una disertación impulsada por el Comité provincial de la UCR en el Concejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy. Con Sala están imputados en la causa Graciela López y Ramón Salvatierra, acusados de autores materiales de esos delitos.

La única prueba que presentó Morales para vincular a Sala con la protesta fue el relato de René Arellano y Cristina Chauque, un matrimonio que declaró en el juicio que se había realizado una reunión preparatoria del escrache al actual diputado en la que la dirigente social los conminó a agredirlo.

“Ha quedado claro que a pesar de lo falaz de los dichos de Arellano y Chauque, a los únicos que podría haber instigado Milagro Sala era a ellos. Y según sus dichos, no concurrieron a la manifestación. Por lo tanto, si no fueron a la manifestación no fueron instigados, evidenciando que se trató ni más ni menos que una prosecución política de quien hoy la tiene como presa política”, explicó Gómez Alcorta.

La abogada también planteó la prescripción de los delitos que pretenden achacarle a Sala y pidió el sobreseimiento. También pidió que se investigue por falso testimonio al matrimonio que acusó a Milagro con sus testimonios y al jefe policial Fabio Serpa, que contó en la audiencia que había ordenado infiltrar una manifestación sin orden judicial.

Por su parte, Paula Álvarez Carreras, abogada de Graciela López, remarcó la persecución política que Morales viene realizando sobre las organizaciones sociales desde antes del episodio ventilado en el juicio.

Navidad en prisión y sin sentencia

“Mi asistida (Milagro) va a pasar la Navidad en la cárcel sin saber cuál es el veredicto de este juicio”, dijo apelando a la humanidad de los jueces. Pero el presidente del Tribunal, Mario Juárez Almaráz, se mantuvo en su postura: que ya era tarde. A las 2 de la mañana dispuso un cuarto intermedio de seis días.

La dilación además, prolonga una semana más la atención sobre lo que ocurra en la provincia de la paz y la unidad, como rezan los carteles de la propaganda moralista a pesar de que las fuerzas de seguridad son capaces de golpear a una mujer diputada, sin importarles la presencia de las cámaras de TV de todo el país.