Cuando el 30 de diciembre del año pasado Milagro Sala fue condenada por el juez contravencional Matías Ustarez Carrillo de Jujuy, designado ese año por el gobernador Gerardo Morales, un vecino se paró en la vereda contraria al tribunal y, ahuecando las manos para amplificar sus palabras, gritaba: “Chorra, chorra”. Pero la condena no tuvo nada que ver con la instalación mediática sino que fue por acampar frente a la gobernación. Dos días antes la justicia federal la había condenado a tres años en suspenso acusada de instigar un lanzamiento de huevos con la única prueba de la acusación de un empleado del gobernador.

El jueves 30 de noviembre y el viernes 1 de diciembre próximos la diputada del Parlasur detenida desde hace más de 600 días enfrentará el tercer juicio. La acusación -que tampoco tiene nada que ver con la corrupción- es un paso más en el hostigamiento judicial al que es sometida: se la acusa de amenazar por teléfono a una policía. La comisario que la acusa estuvo asistida hasta el año pasado por el hijo del gobernador y su actual secretario de gobierno.

Se trata de la causa conocida como “la causa de las bombachas”, que realizará el Tribunal Oral en lo Criminal N 2, que preside el juez Antonio Llermanos, quien este miércoles fijó las fechas para la realización del juicio. Por esa acusación el lunes pasado los jueces le negaron la probation que habían pedido los defensores de la dirigente social.

La causa que llega a juicio se originó en octubre de 2014 cuando la hija de María Molina, integrante de la Tupac Amaru y cercana a Sala, fue a una feria y se encontró con un puesto que estaba vendiendo ropa que le habían robado de la casa de su madre. Molina había presentado en agosto de ese año una denuncia por la sustracción de su cartera con las llaves de su domicilio que luego fue robado sin haberse violado la cerradura.

La policía llegó a la feria a las 21, dos horas después de haber recibido el llamado y detuvieron a la vendedora que ofrecía las bombachas robadas y a Natalia Vargas, la hija de Maria. A los pocos minutos los oficiales liberaron a la acusada pero dejaron demorada a Vargas.

La comisario Ángela Silvina Cabrero, jefa en la seccional 56, es la única querellante: acusa a Milagro Sala de llamarla por teléfono y amenazarla para que libere a Vargas.

La causa es parte del plan de hostigamiento judicial y persecución orquestado por el gobernador Morales: la comisario Cabrero fue patrocinada en 2014 por los abogados Gastón Morales -hijo del mandatario- y el actual secretario de Gobierno de la provincia, Luciano Rivas.

Ya asumido el gobierno del contador, el 19 de febrero de 2016, los letrados fueron reemplazados por Eduardo Vergara, que luego fue representante de Morales en la querella en la causa “de los huevos”. Según denunció la comisario, la dirigente social habría llamado para amenazarlos. Eso es lo que se va a debatir en estas audiencias.

El Tribunal estará integrado por Llermanos, Luís Ernesto Kamada y Mario Ramón Puig, mientras que la defensa será ejercida por Luís Paz, Paula Álvarez Carrera y Elizabeth Gómez Alcorta. Ricardo José Arese Ottaviano será querellante. Están previsto que desfilen once testigos.