Conviene empezar este comentario despejando un equívoco: la Justicia Federal no busca justicia, es un centro de operaciones políticas de alta intensidad.

Todo lo que sale de Comodoro Py -o casi todo, para ser preciso- forma parte de estrategias de poder que se sirven de los tribunales para proteger o perseguir amigos o enemigos de turno y montar escenarios políticos. Por cierto, los funcionarios o ex funcionarios no serían vulnerables a las operaciones judiciales si no fueran corruptos y venales, pero es lo que hay.

Es probable que, al manifestar su intención de quedarse sobre el ring, CFK haya firmado la orden de su prisión preventiva. Tiene causas judiciales de sobra, y algunas son serias, como el alquiler de sus hoteles a contratistas del Estado. Pero todo indica que la orden provendrá de una insólita acusación por “traición a la patria” derivada de la firma del memorándum con Irán. Un mamarracho que, sin embargo, lleva doble carga viral: la denuncia fue elaborado por el malogrado fiscal Alberto Nisman y prevé la pena máxima del código penal, a 25 años de prisión.

La avanzada judicial contra la ex presidenta inició apenas dejó la Casa Rosada, pero se aceleró con su candidatura al Senado.

Desde entonces el mundillo político discute si primero fue el huevo o la gallina. ¿CFK se postuló para prevenir la avanzada con fueros? ¿O la avanzada se aceleró con la candidatura? A esta altura, la discusión es irrelevante. Cristina ya es senadora. Y se propone como el eje del armado opositor.

Su desafío no tiene como único destinatario al Gobierno de Mauricio Macri. Incomoda, en especial, a los jefes del peronismo que la quieren ver presa para acelerar la “renovación”.

Este fin de semana, esos caciques con pretensiones no sólo vieron a CFK convertirse, aún perdiendo, en la peronista con más votos: comprobaron en carne propia que el papel de opo-oficialistas alimenta el avance del PRO. Derrotados y humillados por el gobierno en sus propios territorios, los que sueñan con un peronismo sin Cristina ahora apuestan todo a Comodoro Py.

Esta semana habrá desfile de kirchnerista en tribunales. El juzgado más activo será, como viene ocurriendo, el de Claudio Bonadio. Es un error habitual considerar que ese juez responde a un mandato PRO: Bonadio puede ser funcional al gobierno, pero trabaja para un sector del peronismo que forma parte del elenco estable del poder.

Ése sector del PJ, donde conviven ex funcionarios menemistas, sindicalistas y antiguos “peronistas de Perón”, forjaron una alianza táctica con Clarín, sponsor oficial de la avanzada judicial sobre CFK. El pacto es un arma de doble filo para los dirigentes con aspiraciones. Clarín no quiere ver presa a Cristina por lo que hizo: es su modo de advertir que será implacable con quién le provoque un sofocón. Por las escenas de sumisión explícita que se vieron en campaña, buena parte de la política argentina ya se dio por avisada.
En las próximas semanas se multiplicarán las voces peronistas que le pedirán a CFK un paso al costado para facilitar la “renovación”. La ex presidenta les respondió ayer: “Esto no es el final de nada, es el comienzo”, dijo. Tiene sentido: ¿Por qué se inmolaría por un peronismo que la quiere presa?

Por supuesto, Cristina tuvo en cuenta su situación judicial cuando decidió lanzarse al Senado. Pero no, como se especuló, porque crea que los fueros legislativos la ponen a salvo de la prisión. De hecho, desde el próximo 10 diciembre el Gobierno y sus aliados del PJ contarán con números más que suficientes para desaforarla. CFK se considera una perseguida política, y sabe que sólo dos cosas podrían protegerla: el poder político o el apoyo popular. Con el primero no tiene chance: si bien Mauricio Macri preferiría tenerla en frente al menos dos años más – la “grieta” es su principal activo electoral-, los dueños del poder y del dinero ya bajaron el pulgar. A CFK, entonces, le queda encomendarse al respaldo popular. 

Ayer, es cierto, perdió la elección, pero obtuvo tres millones de adhesiones. Habrá que ver si le alcanzan para enfrentar lo que se viene.