En línea con esto, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo: «Agradecemos el mensaje de Lagarde y estamos comprometidos a cumplir las metas de déficit fiscal que fijamos con el FMI, que está muy alerta sobre esta cuestión». La soberanía cada vez más comprometida, y la colaboración entre el gobierno argentino y el organismo internacional para lograr un resultado electoral «satisfactorio», cada vez más clara.
Sin embargo, la realidad es tan contundente que hasta el propio economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Carlos Végh, expresó: «El ajuste fiscal necesario para cumplir con el programa del FMI está cobrando un alto precio en términos de la actividad económica».
En su reciente informe de Perspectivas de la Economía Mundial, el FMI pasó de proyectar un -1,7% a un -1,2%. El «optimismo» típico del organismo, al que siempre recurre para legitimar el rumbo y evitar desvíos en el doloroso paquete de ajuste que se viene implementando. Pero un pasaje sobre la economía argentina sostiene que «los salarios más altos y las expectativas de una inflación creciente pueden generar presiones inflacionarias más persistentes en 2019, que las proyectadas en octubre 2018. Los riesgos de la economía aún son considerables y la materialización de esto podría llevar a un cambio en la preferencia de los inversores fuera del peso y colocar presiones sobre el dólar». ¿A quién creerle? ¿A las declaraciones de la directora gerente del FMI o a los informes que este publica?
En este marco, hace un mes exacto el ministro Dujovne afirmaba: «En todos los aspectos de la economía estamos mejor que en el 2015. No hay un sector de la economía en el que estemos peor que en el 2015» (Clarín, 14/3/19). Una aseveración que no resiste el menor análisis, ya que al finalizar la actual gestión se habrán verificado tres años (sobre cuatro de mandato) de caída de la producción.
A nivel industrial esto se refleja de manera particularmente cruda. Datos recién publicados sobre febrero muestran una utilización de la capacidad instalada (UCII) del 58,5%, un nivel no sólo inferior al de febrero de 2015 (68,8%), sino el más bajo de los últimos 17 años, un récord que debería preocupar a las autoridades. Algunos medios sostuvieron que la UCII creció en febrero respecto al mes anterior, tomándolo como un dato más de la «salida del pozo». Sin embargo, es algo habitual, por las denominadas cuestiones de estacionalidad, que febrero tenga una utilización de capacidad instalada mayor que enero: de hecho, el aumento de este año es menor que el producido en muchos otros períodos recientes.
La gestión actual ya dijo, por intermedio del presidente, qué es lo que hará desde el primer día, en caso de ganar las próximas elecciones. Es lo mismo que plantea el Fondo, para quien «es fundamental que se continúe ejecutando el plan de estabilización en el marco del programa de reforma económica respaldado por el FMI (…) para recobrar el crecimiento sostenible que permite mejorar las condiciones de vida en todos los segmentos de la sociedad».
En lo puntual, el Monitor Fiscal del Fondo afirma que «las autoridades argentinas planean lograr un equilibrio fiscal primario para 2019 a nivel federal aumentando los impuestos sobre las exportaciones, utilizando los activos de los fondos de pensión nacional, disminuyendo los subsidios a la energía y reduciendo otros gastos excepto los de ayuda social». Según el organismo, esto debe «prevalecer por sobre cualquier estímulo a la demanda». Las prioridades son evidentes. Es lo acordado.
De allí que cabe poner en duda los planeados anuncios sobre cualquier estímulo que intente mostrar el actual gobierno, y que tendrían vigencia hasta la eventual segunda vuelta electoral: una burda subestimación de la capacidad de análisis de la ciudadanía. Además, ya se dejó claro que, cualquiera sean los anuncios, no generarán ningún costo fiscal: con esta restricción, la efectividad macroeconómica, es decir, poder mejorar la demanda privada y desde allí la producción, será más que reducida. Se intenta, además, reavivar una estrategia prestada, la de «precios cuidados», que este gobierno ha continuado de la gestión anterior. Pero a la que el macrismo nunca ha querido darle gran efectividad, dado que lo último que desea es presionar sobre los precios que aplican las empresas privadas, lo cual es esencial para que el mecanismo funcione.
Los últimos datos de distribución del ingreso no dejan dudas del efecto social: en 2018 creció la concentración en el 10% de la población de mayores ingresos, que pasó en un año del 31% al 32,3% del total, considerando la información del cuarto trimestre. Mientras tanto, el decil más bajo participó en un 1,6% (contra el 1,8% de un año atrás). La brecha entre ambos deciles pasó de 17 a 20 veces, lo que indica más desigualdad. Los efectos de la inflación, del crecimiento de la desocupación y de la pobreza fueron contundentes en toda la sociedad, pero más aun en los segmentos más postergados.
La dinámica descripta deja ver lo irrisorio que es el 0,1 punto del PBI que el FMI concedió al gobierno argentino para adelantar la actualización de la AUH. Entonces, ¿cómo puede sostener Lagarde que «la protección social siempre ha sido una de las prioridades clave» en su programa con Argentina? Con posverdad.
El programa con el FMI es financieramente muy costoso, pero además es insustentable, como lo es todo el esquema de endeudamiento que encaró desde el principio este gobierno. Según las estadísticas del FMI, la deuda pública habrá pasado en estos cuatro años del 52,6% al 75,9% del PBI. Algunos de los efectos se plasman en los datos. Los intereses de la deuda, que no son alcanzados por el achique de gastos, llegarán a un abultado 2,7% del PBI en este año (contra un 1,6% en el 2015).
Argentina sigue escalando posiciones en el ranking de las necesidades financieras. En 2015, el FMI indicaba que el Estado argentino requería financiamiento bruto por el 10,7% del PBI. Con ello, nuestro país se encontraba en el puesto número 12 de un grupo de 26 economías emergentes y de ingreso medio (el primer lugar le corresponde al país más comprometido). Cuatro años después, Argentina ya ocupa el puesto número 6, con una ratio del 15,3% del PBI.
A pesar de la palpable realidad, el gobierno no está derrotado. Está preparando sus artificiosas herramientas, que no apuntan a un cambio de política, sino a un maquillaje, intentando que los efectos negativos se morigeren durante la etapa preelectoral. Los aumentos otorgados a los maestros bonaerenses, apenas después de que la gobernadora Vidal dijera que eran inviables, o el diferimiento del pago de facturas de gas, entre otras, no terminan de modificar el escenario de fondo. En rigor, son una concesión del actual gobierno, que está pensando en continuar a partir de 2020 con el recorte de derechos para la ciudadanía.
