Ni la ministra de Justicia, Marcela Losardo, ni mucho menos el presidente Alberto Fernández salieron a pronunciarse después de la decisión de la Corte Suprema de aceptar analizar el traslado de tres jueces nombrados en sus nuevos cargos por el macrismo y rechazados por el Senado. La única voz oficial que salió a criticar el acuerdo del máximo tribunal es el viceministro de Justicia, Martín Mena, quien expresó el enojo del Gobierno al que, sin embargo, intentaron bajarle el tono. 

El argumento de “gravedad institucional” esgrimido por los supremos cayó mal en el gobierno, que intentó no mostrarse sorprendido. Antes del fallo, la ministra Losardo había afirmado que no había ninguna “gravedad institucional” y el propio presidente había cuestionado a Carlos Rosenkrantz, presidente del tribunal supremo, responsable de la convocatoria al acuerdo extraordinario de ayer para definir la cuestión. «¿Qué es lo que está buscando el presidente de la Corte?», preguntó en una entrevista radial.

Durante el fin de semana, varios ministros salieron a apoyar a otro miembro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien sufrió un escrache en la puerta de su casa, en la localidad santafesina de Rafaela, con el objetivo de presionarlo para que falle a favor de tratar el traslado de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli. Incluso, el presidente también se sumó al apoyo explícito a Lorenzetti. «Eso no es un reclamo popular, es el más vil de los escraches, propio del fascismo y del nazismo. No tiene nada que ver con la democracia», dijo el lunes el mandatario al encabezar un acto en Escobar para inaugurar el hospital municipal «Presidente Néstor Carlos Kirchner».

La esperanza oficial era que Lorenzetti, excluido de la presidencia de la Corte Suprema en 2018 por un golpe palaciego interno, no se sumara a la cruzada quien le quitó la corona, el propio Rosenkrantz. Sin embargo, las caricias oficiales no fueron suficientes y el rafaelino, junto al resto de los supremos, contribuyó al fallo unánime de la cúpula del Poder Judicial, una embestida clara contra el Parlamento.

Es por eso que el viceministro de Jusicia, Mena, salió a criticar la jugada cortesana de manera dura. “Casi se quisieron llevar puesta la Constitución Nacional. Se realizó un espionaje ilegal sin precedentes, las escuchas se pasaban por TV, de eso la Corte no dijo nada. Se llevó a cabo una persecución y tampoco dijo nada. Eso parece que no reviste gravedad institucional», expresó en diálogo con TN el funcionario de estrecha relación con la vicepresidenta Cristina Fernández.

Mena aseguró que «evidentemente algunos miembros de la Corte son influenciables». Y apuntó contra las presiones de «ni más ni menos que grupos de medios y ciertos sectores de la oposición política», recordando cuando Elisa Carrió «amenazó a Lorenzetti con que no iba a poder caminar por Rafaela».

«Desconozco el gravedómetro que usa la Corte», dijo al cuestionar que se use el per saltum. «Me llama la atención que se use el per saltum, una herramienta tan extraordinaria. Sin embargo, cuando se habla de funcionamiento de poder judicial la Corte hace uso de esta herramienta», agregó.

«La decisión no se conoce. No hubo ningún otro tema de gravedad institucional para este mecanismo de la Corte. Hay problemas bastante más graves de los que la Corte no se hace eco. Son intereses corporativos», manifestó. Por último apuntó directamente contra el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz: «No me extraña del presidente de la Corte, siendo que el mismo que aceptó ser juez del máximo tribunal del país sin pasar por el Senado. Será porque aceptó estar en la Corte por DNU».