La ex integrante de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y ex ministra de Desarrollo Social del trunco gobierno de Fernando De la Rúa, Graciela Fernández Meijide volvió a justificar su pedido de prisión domiciliaria para el genocida Alfredo Astiz, en el marco de una actividad que compartió con el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, el radical Daniel Salvador. Incluso, esta vez, fue más allá y preguntó de manera retórica si se hizo todo el esfuerzo para salvar al represor Jorge Rafael Videla que murió en cárcel común, juzgado por delitos de lesa humanidad.
Estaba en Campo de Mayo, ¿merecía que se hiciera todo el esfuerzo por salvar su vida o no? En su condición de hombre, digo, sostuvo hoy la ex funcionaria de la Alianza en conferencia de prensa junto al Procurador Penitenciario Francisco Mugnolo y el vice gobernador bonaerense luego del acto de conmemoración a los 25 años de la fundación de la Procuración Penitenciaria.
Es más, la ex integrante de la Conadep sostuvo que la difusión de la lista de los represores que el gobierno nacional propone beneficiar con prisión domiciliaria fue filtradas a propósito para perjudicar al Gobierno. No tengo una visión conspirativa, pero si la tuviera me preguntaría quién filtró esas listas y si lo hizo para perjudicar al Gobierno, sostuvo Meijide.
Y volvió a justificar su pedido de beneficiar al marino represor. Astiz tiene una enfermedad crónica, la condena no te quita la humanidad. Si una persona tiene una enfermedad terminal, tiene el derecho a estar en su domicilio. Esto lo aprendí duramente. Tienen derechos aquellos que cometieron delitos, por más aterradores que hayan sido, dijo en conferencia de prensa este miércoles, a tres días del 42 ° aniversario del golpe cívico militar.
La ex dirigente del Frepaso ya había hecho declaraciones para beneficiar al represor. A determinada edad o con enfermedades terminales, deja de ser una condena y pasa a ser casi venganza mantener a una persona en prisión. Por mí, deberían mandarlo (a Astiz) a su domicilio, con prisión domiciliaria, con la pulsera electrónica, que pudiera atenderse y eventualmente estar cuidado por la gente que designe él mismo o su familia, había afirmado la ex funcionaria de De la Rúa en declaraciones a radio La Red.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, sostuvo que beneficiar a los genocidas es un cambio peligroso en el país y responsabilizó a un grupo que gobierna a su libre albedrío y sin que exista la división de poderes.
Carlotto aclaró que los organismos defensores de los derechos humanos no quieren condenar a nadie que no haya hecho nada sino que su acción está dirigida a aquel que fue juzgado y condenado con todas las evidencias, a la vista de que es un personaje peligroso por el delito que cometió y que afecta a todo el mundo.
Además, en cuanto a la gravedad de la enfermedad que padece el represor Astiz (cáncer de próstata), Carlotto sostuvo la necesidad de que exista un grupo de médicos que certifiquen la gravedad de su estado.
Humanamente, uno podría entender que esté agonizando y (decir que) lo lleven a su casa, pero estos personajes son tan falsos, tan criminales que debería haber un grupo de médicos que certifiquen la gravedad de lo que dicen pero no es así y es una amenaza permanente, explicó.
Por su parte, Sophie Thonnon, abogada de los familiares de las monjas francesas Leonnie Duquet y Alice Domon, asesinadas durante la dictadura militar, dijo: Alfredo Astiz es un caso simbólico porque fue el primer genocida condenado en el exterior, en este caso en Francia a principios de los 90. Porque además hizo desaparecer a dos monjas símbolos de la bondad y de la humanidad.
