Un día después del fallo de la Corte Suprema de Justicia llegó el mea culpa del gobierno. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, admitió hoy que la administración de Mauricio Macri cometió “un error” al no haber convocado a audiencias públicas antes de definir el tarifazo en los servicios de gas y luz, aunque aseguró que el fallo del máximo tribunal “de ninguna manera es vivido como una derrota”. 

En declaraciones radiales, el funcionario respondió que sí fue un error haber aplicado los incrementos sin haber realizado audiencias públicas previas. “Con el fallo en la mano, efectivamente sí (fue un error)”, consideró frente a la pregunta concreta sobre la equivocación en que incurrió el gobierno nacional. 

No obstante, Garavano defendió la actuación de su par, el ministro de Energía, Juan José Aranguren y negó una eventual salida suya del gabinete. «Nunca se pensó en la salida de Juan José Aranguren; al contrario, el Presidente le dijo que se ponga a trabajar inmediatamente en lo pedido por el fallo, en su cumplimiento y llamar a audiencias», dijo.  

El ministro también sostuvo que el fallo no fue interpretado como una derrota y que incluso fue mucho más positivo de lo que esperaban porque le dio “certidumbre y tranquilidad” al gobierno al autorizar el 75% de los aumentos que estaban suspendidos, en relación a los usuarios no residenciales como las empresas. «De ninguna manera lo vivimos como una derrota el fallo. No entendemos estas cosas como derrota o victoria. Tampoco habría sido una victoria si el fallo hubiera confirmado todo lo que hizo el Poder Ejecutivo», dijo Garavano. 

Luego se explayó sobre los beneficios que trajo la decisión de la Corte. «En términos fiscales, no sólo no es una derrota, sino que le da al Gobierno certidumbre y tranquilidad», dijo y consideró que significa «una mejora sustancial en la situación fiscal al liberar el 75 por ciento de los aumentos que estaban suspendidos y sin devoluciones», en referencia al consumo de gas de las empresas. 

Por último, destacó el hecho de que, en su fallo, la Corte «haya validado la gravedad del tema energético que planteó el gobierno» y también «su diagnóstico».